Un nuevo escándalo amenaza con golpear de un miembro del gabinete de ministros de Urtubey

El Gran Hermano

El Ministerio de Ambiente alquiló para algunas de sus oficinas un edificio propiedad de Luxem SRL, compañía inmobiliaria propiedad de la hermana y el cuñado de Alfredo De Angelis. (Gonzalo Teruel)

Luego de las críticas que recibió el gobierno de Juan Urtubey por favorecer a amigos y familiares con la entrega de viviendas en Lomas de Medeiros, un nuevo escándalo amenaza con golpear a un miembro del gabinete de ministros.

Ocurre que el Ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Alfredo De Angelis, habría alquilado departamentos, para oficinas de su cartera, que pertenecen a una empresa encabezada por su hermana y su cuñado. La cuestionada operación inmobiliaria se informó oficialmente en febrero cuando se comunicó que la Secretaria de Asuntos Agrarios mudó algunas de sus oficinas a un edificio ubicado en Avenida Belgrano 1.798.

Allí funcionan la Subsecretaria de Planificación Productiva, la Dirección General de Ganadería, la Dirección General de Infraestructura Productiva y la Dirección General de Pequeños Productores y también las oficinas de los programas nacionales PROSAP y PROINDER, entre otras dependencias.

Las oficinas están ubicadas en un moderno edificio propiedad de Grupo Luxem, titular de por lo menos 3 emprendimientos: Luxem Construcciones SA, Inmobiliaria Luxem, y Luxem SRL. Esta última empresa tiene registrados ante el Dirección General de Inmuebles más de 60 propiedades, entre ellas la ubicada en la esquina de Avenida Belgrano y Republica de Siria. De acuerdo a la constitución de la sociedad, publicada en el Boletín Oficial el 7 de julio de 2005, sus titulares son Nilda Susana De Angelis, hermana del ministro, y su esposo Mario Eduardo Nahum.

De Angelis le alquila a De Angelis. Un reconocido jurista explicó que, en consecuencia, “el ministro incumple la ley 7.694”. Se trata de la ley de Ministerios que establece Incompatibilidades y Prohibiciones para los funcionarios.

En los artículos 12 y 13 la norma sostiene que “el Gobernador, el Vicegobernador, los Ministros y el Secretario General de la Gobernación, los Secretarios y Subsecretarios de Estado (…) tampoco podrán intervenir en juicios, litigios o gestiones en los cuales sean parte la Provincia o los Municipios, ni ejercer profesión liberal o desempeñar actividades en las cuales, sin estar comprometido el interés del Estado, su condición de funcionarios pueda influir en la decisión de la autoridad competente o alterarse el principio de igualdad ante la ley consagrado por la Constitución de la Nación y por la de la Provincia”.

En el mismo sentido, el Código Penal en su artículo 265 describe las “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas” y decreta que “se reprime al funcionario público que a fin de obtener un beneficio propio o de un tercero se interesare en algún contrato u operación que intervenga en razón de su cargo”. Para quien incurriera en violación de esta norma, se prevé una pena de 1 a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua.-

Cuarto Poder