Investigación de protestas policiales y saqueos: la relación entre alzamientos y saqueos, la liberación de zonas y el eventual “aliento” de los saqueos

A principios de febrero próximo, los fiscales que fueron designados para colectar y cruzar datos sobre las protestas policiales y los saqueos que se propagaron en diciembre por distintas provincias elevarán su informe y se cerrará una primera etapa de trabajo. El material que va llegando a esa comisión desde ámbitos judiciales, ejecutivos y policiales del territorio nacional es jugoso en variedad y cantidad, y permitiría proyectar una investigación más profunda.

La comisión, creada el 9 de diciembre pasado, volverá a reunirse el próximo 31 de enero; luego los fiscales coordinados por Fernando Domínguez entregarán su informe y a partir de allí la Procuradora deberá decidir el futuro tanto de la comisión como del material recogido en esas actuaciones. Una posibilidad es que formulen una denuncia y formen una causa judicial única que hilvane todos los hechos estudiados. Otra es que todo el material recopilado sea aportado al abanico de causas ya abiertas en distintas fiscalías federales por sedición u otro tipo de delitos que involucran a personal policial.

En diálogo con OTROS CÍRCULOS, Domínguez contó que el informe desarrollará la metodología con que trabajó la comisión, en un barrido de datos de fundamentalmente cuatro fuentes: poderes judiciales provinciales y federales, que informaron sobre las causas en trámite en distintas jurisdicciones a raíz de estos hechos; medios (material periodístico audiovisual y gráfico -los portales y canales de TV explotaron de imágenes durante esos acontecimientos, algo que también ocurrió en las redes sociales-); fuerzas de seguridad (principalmente, las federales); y poderes ejecutivos locales y nacional.

Por otro lado, el informe de la comisión de fiscales contendrá una descripción de los hechos ocurridos y algunas hipótesis que tendrán en cuenta la simultaneidad, la violencia y la modalidad de los hechos, entre otras regularidades, como la relación entre alzamientos y saqueos, la liberación de zonas y el eventual “aliento” de los saqueos.

En tercer lugar, el informe incluirá una toma de posición de la comisión en cuanto a la consideración jurídica de los hechos y la responsabilidad que cabe por ellos. Es conocida la postura del coordinador, que en una nota publicada en el portal entrerriano Análisis Digital sostuvo: “Cuando se negocia con la pistola al cinto es sedición”. Domínguez es un recién llegado al fuero federal, pero en el ámbito provincial —proviene del departamento judicial San Martín— es reconocido por su estudio, y por sus denuncias, de los sistemas policiales y penitenciarios, con sus pactos de gobernabilidad y patrones de corrupción.

“Hay que profundizar la investigación”
¿Cómo es el mapa de causas que se formaron en el país por estos hechos?
—Hay causas en las justicias provinciales con distinto tono y tenor. En Córdoba, por ejemplo, esas causas están iniciadas por delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, no por sedición, y hay una denuncia del ex diputado Horacio Viqueira por sedición. En Entre Ríos hay una causa por sedición en la justicia provincial, y ahí hay que dirimir si la competencia debe ser federal o provincial. El Procurador General de la Provincia y la Justicia en general sostienen la competencia provincial. En Santa Fe hay una denuncia hecha por el Poder Ejecutivo provincial en el fuero federal. En la Capital Federal hay por lo menos dos denuncias: una formulada por el Poder Ejecutivo nacional y otra por varios abogados. En Tucumán también hay en el fuero federal y en Jujuy, sólo en la Justicia provincial. En Catamarca fueron fuertes también los hechos y en el Chaco el fiscal general de Resistencia iba a formular una denuncia en el fuero federal.

En estas causas se han registrado pocos avances significativos, salvo en Entre Ríos, uno de los puntos emblemáticos del conflicto, donde dos personas acaban de ser condenadas en un juicio abreviado, según informó Análisis Digital

¿Qué denominadores comunes presentan las causas?
—Hay varios. Los hechos se produjeron todos en diciembre, y con una significación especial: a 30 años de la democracia, que desde ya no es una fecha que resulta casual. Creo que hay todo un simbolismo ahí detrás que debe ser analizado. Por otro lado la metodología, que en algún caso fue más violento que en otro… incluso se tomaron dependencias públicas a los tiros… en el Chaco se mató a un policía… ha muerto una cantidad importante de gente. Pero digamos que la metodología inicial es una forma de alzamiento que es el autoacuartelamiento. Y luego la idea, y la sensación generalizada, y a veces hasta uno podría pensar si no ha sido alentada la idea, de la producción de saqueos.

La resolución que crea la comisión apunta a la relación entre reclamos policiales y saqueos. “Antes de que las policías se acuartelaran no había o no surgían saqueos masivos y demás. A partir del acuartelamiento, y diría más, a partir de la comunicación, de la transmisión, del autoacuartelamiento es que se produjeron los saqueos, porque se liberaron zonas”, plantea Domínguez.

¿Está comprobada la liberación de zonas?
—En algunos casos es bastante obvio, con sólo mirar las imágenes de los canales de TV surge con toda claridad. Y en otros casos habría que investigar si no se propiciaron los saqueos, si no se alentaron, si no se planificaron desde sectores vinculados a las Policías.

Este punto, explicó Domínguez, será uno de los focos del informe, y consideró que a partir del trabajo preliminar de reunión de datos, sistematización e interpretación de ellos en el seno de la comisión “lo que habría que hacer ahora para profundizar, ya sea para investigar en cada lugar como para ver las conexiones que han tenido las distintas policías, tiene que ver con intervención judicial”.

De toda la información que llegó a la comisión, ¿qué es lo más llamativo?
—La violencia del accionar policial. En el Chaco se mata a un policía, se han tomado dependencias públicas a los tiros, eso es muy llamativo… Sería banalizar la cuestión reducirla a un reclamo salarial, sería naturalizarla, y la verdad es que ninguna de las policías está autorizada a hacer lo que hizo, y cuando se hablaba de la posibilidad de sindicalización policial me parecía un desatino absoluto.

¿Era un desatino el debate o que se diera en ese momento?
—El debate en ese momento. ¡Me parece incluso hoy un desatino ese debate! Porque las estructuras policiales son las que produjeron esos alzamientos. Me parece que es un llamado de atención a la democracia esto que ha pasado con las policías. La verdad es que no pueden pasar así como así estos hechos. Reitero: las policías de ningún modo están autorizadas, ni siquiera a autoacuartelarse, ni a incitar hechos de vandalismo, y menos aun a entrar a los tiros y a extorsionar a los gobiernos democráticamente elegidos.

Cuando fueron los saqueos de 2001 estabas en San Martín, uno de los departamentos judiciales que más detenciones produjeron. Es un hecho de otra naturaleza, ¿pero cómo se pueden pensar estos dos momentos?
—Son situaciones incomparables. En 2001 fueron hechos excepcionalísimos, un país que se deshacía prácticamente, y en el medio de eso el Estado no existía en ninguna de sus formas prácticamente, al menos esos dos días trágicos de diciembre. Entonces había que mandar mensajes en el sentido de presencia estatal y mensajes de no impunidad. Eso es lo que en su momento se hizo y eso es lo que debe hacer el Poder Judicial, el Ministerio Público. Con un gobierno que se derrumbaba pero además con una situación de pobreza y marginación extrema, y la policía inicialmente con un dejar hacer… un dejar avanzar la situación… Hoy que la situación es distinta tenemos a fuerzas policiales reclamando del modo en que han reclamado y autoacuartelándose, dejando a las poblaciones sin seguridad, situación que es aprovechada por otras personas.-