350 denuncias anuales por apremios ilegales, más poder pero pocos resultados

Superpoderes de la Policía de Salta

En “Salta, la linda”, provincia que tiene más de 350 denuncias anuales por apremios ilegales, conforme cifras proporcionadas por la Fiscalía de causas policiales y penitenciarias, y en medio de un conflicto salarial de la policía, el Gobernador Juan Manuel Urtubey promulgó en diciembre del año 2013, la Ley N° 7799.

La nueva legislación reforma el Código Procesal Penal salteño, autorizando la requisa policial sin orden ni control del Juez de Garantías invocando flagrancia, y ampliando las facultades de los Fiscales.

En clara sintonía con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, tendientes a reprimir toda protesta social, con instrumentos como la Ley Antiterrorista, el Gobierno de Salta busca -a través de esta herramienta legislativa- asegurar el disciplinamiento y orden de la población en un panorama que le resulta hostil, tal como lo reflejan los últimos resultados electorales adversos en toda la provincia y en medio de jornadas de lucha de entidades gremiales que rechazan el magro aumento escalonado del 25 % concedido a los estatales.

Apremios en Güemes

Esa misma policía caracterizada como de “gatillo fácil”, y sospechada de mantener vínculos con el narcotráfico y trata de personas, estuvo vinculada en reiteradas oportunidades en casos de apremio, tal como el episodio de la localidad de General Güemes que fuera difundido nacionalmente a través de las redes sociales, donde quedan registradas las vejaciones a la que son sometidos dos detenidos.

“Haciendo realidad la esperanza”

Lejos de hacer efectivo el slogan de campaña electoral, cabe destacar que ante el escándalo desatado meses atrás, tras descubrir al ex intendente de la localidad fronteriza de Salvador Mazza, Carlos Villalba, en un prostíbulo, la reacción del Intendente de la Ciudad capitalina fue promover -vía Ordenanza Municipal- la prohibición de funcionamiento de prostíbulos y cabarets, como medida tendiente a la erradicación de la Trata de Personas.

La medida se tomó ante el llamativo silencio del Ejecutivo Provincial, que tampoco impidió que el destituído Villalba luego se postulara en las elecciones provinciales para intentar recuperar la Intendencia, por el oficialismo.

Con la misma celeridad y bajo la excusa de luchar contra el narcotráfico, la Reforma al Código Procesal Penal, fue sancionada en ambas Cámaras Legislativas en trámite súper express, sin consultar a juristas de trayectoria, ni al Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia.

Esta reforma es violatoria de tratados de derechos humanos ratificados por la Argentina, tales como “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, “Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura”, “Declaración Universal de Derechos Humanos”, “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, que en su conjunto, tienen entre sus premisas fundamentales que los Estados Partes deban respetar los derechos y libertades reconocidas, de garantizar su libre y pleno ejercicio; y de adoptar las medidas necesarias para prevenir y sancionar la tortura; basados en el reconocimiento y respeto de la dignidad inherente a la persona humana y que aseguren el ejercicio pleno de sus libertades y derechos fundamentales.

En ese sentido, la modificación del Código Procesal Penal promueve la acumulación de poder, encontrando de este modo que una misma persona ostenta los cargos de Procurador Fiscal y Defensor General, evidenciándose una incompatibilidad en el ejercicio de funciones contrapuestas como lo son la acusación y defensa pública.

Esta situación, lejos de generar seguridad jurídica para toda la comunidad, colisiona abiertamente con los principios republicanos de la división de poderes, el debido proceso y el derecho de defensa.

Es por eso que la CTA salteña, integrante de la “Multisectorial en defensa de las libertades democráticas”, junto a la Red por la Defensa de los Derechos Humanos, ha adherido al planteo de la “Acción Popular de Inconstitucionalidad”, promovida en contra de la Ley 7799 que reforma al Código Procesal Penal, que lejos de buscar erradicar la comisión de delitos, avanza sobre los derechos y garantías de los ciudadanos, otorgando super poderes a la fuerza policial que, evocando los más tristes episodios de nuestra historia, se pone al servicio del accionar represivo del gobierno provincial.

No cabe duda que los “Mega-operativos preventivos de alto impacto”, “Operativos de protección ciudadana”, o sea cual fuere la denominación adoptada, con el super despliegue de más de 200 policías, e innumerables detenciones, realizados en enero pasado en distintos barrios de la ciudad capitalina, junto al aumento de causas de micro tráfico de estupefacientes, que abarrota las dependencias de la Alcaidía Salteña, están a la orden del día, y cuentan con el aval de la Reforma.-

Por Vanina Zamora, abogada de la CTA Salta
y de la Asociación de Profesionales de la 
Salud de Provincia de Salta (APSADES-CTA)