El gobierno de Chile no aplicará la Ley de Anti terrorismo a las marchas estudiantiles

El gobierno de Michelle Bachelet en Chile descartó esta semana que vaya a recurrir a la Ley Antiterrorista para resolver problemas sociales como las protestas estudiantiles o de mapuches, en un giro a la política que venía aplicando la anterior administración de derecha de Sebastián Piñera.

El martes pasado, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, desechó la posibilidad de que el nuevo gobierno vaya a solicitar a la justicia aplicar la polémica Ley Antiterrorista, tras sostener, de entrada, que en el país sudamericano no ocurren actos terroristas, lo que desató las críticas por parte de los legisladores de la oposición de derecha.

«La Ley Antiterrorista no está para resolver los problemas sociales de Chile, por lo que en el gobierno de la presidenta Bachelet no la vamos a ocupar», dijo Peñailillo el 25 de marzo pasado, tras reunirse con el intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla.

El gobierno de Bachelet, que asumió el pasado 11 de marzo para un periodo de cuatro años, considera que la legislación chilena común es suficiente para juzgar los ataques de los estudiantes a carabineros (policía militarizada) durante sus marchas o para acciones violentas de mapuches en la Araucanía en busca de la recuperación de tierras.

Más allá de esos hechos, en Chile no se producen actos terroristas, como ocurren en otros países, por ejemplo, del Medio Oriente, explicó Peñailillo.

El ministro, además, anunció ese día que solicitó a un equipo jurídico elaborar una propuesta que modifique la Ley 18.314 o Ley Antiterrorista -que fue aprobada en 1984 durante el régimen militar (1973-1990) de Augusto Pinochet- para que se adecue a los tratados internacionales que Chile ha suscrito en materia de derechos humanos.

Esa norma, que fue modificada por última vez en 2005, castiga como «terrorismo» delitos como homicidio, lesiones, secuestro, incendios, infracciones contra la salud, si su finalidad es provocar temor en la población; si se usan explosivos, armas de alto poder destructivo, medios tóxicos o infecciosos o para chantajear autoridades.

Las declaraciones del nuevo ministro del Interior, que ratificaron la postura que ofreció en la campaña presidencial el equipo de Bachelet, recibió el apoyo de organismos de derechos humanos que cuestionan la Ley Antiterrorista.

«Mientras no se reforme la Ley Antiterrorista, nos parece que no debe aplicarse, porque no da garantías del debido proceso. No existe terrorismo en Chile», dijo por su parte la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries. «Está claro que la Ley Antiterrorista es una herramienta deslegitimada (…) y nos acercamos a la posibilidad de reformarla, lo que hace tres años no tenía piso y hoy pareciera que viene de los propios jueces», agregó la funcionaria del organismo estatal.

El gobierno de Piñera (2010-2014, derecha) invocó la Ley Antiterrorista para acusar a estudiantes que lanzaron bombas molotov durante las protestas por la reforma educativa que se iniciaron desde 2011 en Chile y en el juicio contra el mapuche Celestino Córdova, acusado de la muerte de un matrimonio en un incendio en Temuco.

En ambos casos, los tribunales chilenos rechazaron aplicar la Ley Antiterrorista por no encontrar elementos suficientes para ello.

Según los expertos, la definición de terrorismo en Chile incluye elementos subjetivos, como la intención de causar temor e influir en las políticas del gobierno, que la hace ser una definición muy amplia y abierta a muchas interpretaciones.

Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó la aplicación de la Ley Antiterrorista para juzgar las acciones violentas del pueblo mapuche, que busca recuperar su territorial ancestral y el respeto cultural a su etnia.

La ONU instó a priorizar los procesos de devolución de tierras ancestrales, solicitó la no aplicación de la Ley Antiterrorista contra mapuches e investigar las denuncias de abusos y violencia contra los pueblos indígenas cometidas por miembros de la policía.

Las recomendaciones y conclusiones de la ONU son compartidas por expertos y organizaciones locales.

El programa de gobierno de Bachelet plantea un nuevo trato en el histórico conflicto con los mapuche, a quienes el Estado chileno despojó de tierras en el siglo XIX.

Oposición de derecha

La decisión del gobierno de Bachelet de no recurrir a la Ley Antiterrorista abrió un fuerte debate entre los legisladores opositores y oficialistas en Chile.

La derecha, que volvió a la oposición con la entrada del gobierno de centroizquierda de Bachelet el 11 de marzo pasado, insiste en que es indispensable aplicar la Ley Antiterrorista, pero el oficialismo agrupado en Nueva Mayoría apoya a la presidenta.

El senador Alberto Espina, del partido Renovación Nacional (RN, de Sebastián Piñera), criticó al gobierno de Bachelet por querer modificar la Ley Antiterrorista, al señalar que «es el deber del Estado de garantizar la paz social y aplicar el peso de la ley a quienes usan la violencia para sacar de sus tierras a parceleros y agricultores de la Araucanía».

Para el también senador opositor, Hernán Larraín, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), las declaraciones del ministro Peñailillo contra recurrir a la Ley Antiterrorista «limitan los instrumentos de orden público y seguridad ciudadana. Es una posición equivocada».

Larraín sostuvo, además, que la Ley Antiterrorista «cumple los estándares internacionales, pero siempre hay espacio para mejorarla».

Por su parte, el diputado conservador Arturo Squella, también de la UDI, consideró negativo que el gobierno renuncie anticipadamente a la aplicación de esa ley especial.

En su opinión, lo que está detrás de la iniciativa oficial es «darle el gusto a los grupos más radicalizados para contener a los movimientos sociales».

En cambio, el senador oficialista, Eugenio Tuma, del Partido Por la Democracia (PPD, izquierda), consideró «buena la decisión de no seguir aplicándo (la ley antiterrorista), cuando hay demandas de reivindicaciones y una deuda que el Estado debe saldar con los mapuche».

Sin embargo, tomó distancia de la decisión de modificar la norma, al señalar que «el tema de fondo no es el cambio de esa norma, sino que la deuda que tiene el Estado» con los pueblos originarios desde hace más de 100 años.

La posición del gobierno frente a Ley Anterrorista tiene amplio apoyo popular, al igual que su promesa de saldar la deuda histórica que tiene el Estado de Chile con los pueblos indígenas.-