Salta es la segunda provincia más extranjerizada del país con 350 mil has. en manos externas

Tierras de nadie, tierras de otros

Casi 335 mil hectáreas rurales están en manos extranjeras en Salta, según datos «provisorios», filtrados desde el Registro Nacional de Tierras Rurales y publicados por Página/12 la semana pasada. El número ubica a Salta segunda, después de La Rioja, entre las provincias más extranjerizadas del país. (por Gonzalo Teruel)

El viernes 31 de agosto venció el plazo establecido por el ministerio de Justicia de la Nación para que los extranjeros declararan la titularidad de tierras rurales. El dato no es menor: los números informados por Página/12 pueden ser ya «definitivos» y oficiales. Salta está, entonces, en el podio de la venta de tierras al capital extranjero en el país.

La mensura oficial de las tierras en poder de extranjeros surge de la ley 26.737 sancionada a fin del año pasado por el Congreso de la Nación y parece lejana a la realidad si se tienen en cuenta datos de distintas organizaciones rurales del país como la Federación Agraria.

De hecho, esta entidad representativa de los pequeños y medianos productores agropecuarios reclamó durante décadas por una ley que defienda los recursos naturales de los dineros extranjeros. Fue Pablo Orsolini, diputado chaqueño por la UCR y ex vicepresidente de FAA, quién a viva voz exigió a Cristina Fernández de Kirchner que impulsara «una ley de tierras» en el inicio del ciclo parlamentario 2011.

La presidenta aceptó el desafío e instruyó a los entonces ministros de Agricultura y de Justicia, Julián Domínguez y Julio Alak, que trabajen en el tema pese a que durante todos los años previos y con mayoría parlamentaria el Frente para la Victoria había ignorado la quincena de iniciativas al respecto presentadas por los bloques de casi todos los partidos políticos.

La decisión de Cristina fue muy bien recibida por los simpatizantes del autodefinido «Movimiento Nacional y Popular» y el constitucionalista Eduardo Barcesat (asesor legal de Madres de Plaza de Mayo) brindó el soporte jurídico al proyecto para restringir el acceso del capital internacional a tierras rurales en Argentina.

«Debe preservarse para la Nación y para los argentinos el dominio de los recursos naturales como la tierra», repitieron una y otra vez los defensores del proyecto alegando fundamentos de soberanía. Por el contrario, sus detractores denunciaron que «impide la llegada de inversiones y atenta contra el desarrollo del país». Amén de las acaloradas discusiones, la ley se aprobó en 22 de diciembre sin tener en cuenta la contradicción, expresa y evidente, con la Constitución que en el artículo 20 garantiza que los extranjeros gozan «de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos».

Desde despachos cercanos a algunos gobernadores agregaron, además, que era violatoria de la Carta Magna que con la reforma de 1994 dejó en potestad de las provincias la administración de sus recursos naturales. «Muchos gobernadores son socios de inversores extranjeros», fue la respuesta, más política que jurídica, que recibieron.

Salta, tierra de oportunidades

La belleza de unos paisajes que enamoran y, sobre todo, el corrimiento de la frontera agrícola registrado en los últimos 20 años; promovieron la llegada de muchos empresarios a la provincia de Salta. Muchos de esos inversores son extranjeros.

«Los prestatarios del ex lote fiscal 37 de Tolloche, Anta, denunciaron que cerca de 160 mil hectáreas de la provincia pertenecen a una sola empresa: Quebracho Colorado SA cuyo titular es el norteamericano Paul Gabel», publicó, hace ya 2 años, El Intransigente. Gabel y su hermano compraron durante los años de gobierno de Juan Carlos Romero más de 120 mil hectáreas.

No fueron los únicos. En Cafayate y los Valles Calchaquíes, la presencia de norteamericanos y franceses es fácil de reconocer en el negocio vitivinícola.

En un artículo publicado por el portal Iprofesional.com, Patricio Eleisegui aseguró que «hablar de dominio foráneo en Salta es sinónimo de AIG». «Sucede que la firma estadounidense controla el 7% de la superficie de la provincia», enfatizó coincidiendo con la web oficialista Informate Salta, que estimó en 1,5 millones de hectáreas las posesiones de la compañía.

Otros grandes tenedores de tierras son la australiana LIAG con unas 20 mil hectáreas (casi todas con riego del río Juramento) y la ex PYRYNES Sudamericana que mutó su denominación a Agropecuaria Andorrana y administra 10 mil hectáreas.

La canadiense Artha Risources controla de unas 55 mil hectáreas en Cachi. También en esa zona, otra firma australiana posee la titularidad de otras 70 mil hectáreas.

Desde la compañía Adecoagro, que en 2002 ingresó al mercado agropecuario argentino con la adquisición de la firma Pecom Agropecuaria SA y sus más de 74 mil hectáreas, el magnate de origen húngaro George Soros también llegó a Salta. Junto a una de las grandes jugadoras del mercado sojero argentino, El Tejar SA, compró Agro Invest SA que posee el campo «Los Guayacanes» en Las Lajitas de 10.877 hectáreas.

«En la actualidad, Adecoagro posee más de 270 mil hectáreas en Argentina, Brasil y Uruguay», informa la compañía en su propia página web demostrando que la transnacionalización de la tierra es un fenómeno económico global y no un problema argentino.

Al igual que con el total nacional, el número de hectáreas extranjerizadas en Salta debe estimarse a partir de la multiplicación (por 10) de los datos del Registro de Tierras Rurales.

Lo mucho es poco y lo poco es mucho

Para garantizar que la tierra «sea para los argentinos» el decreto reglamentario de la ley establece que las provincias «deberán comunicar fehacientemente» al gobierno nacional «la superficie total de cada una de ellas, de sus departamentos, municipios o divisiones políticas equivalentes, discriminando las tierras rurales de las urbanas».

A partir de esos datos, se determinará la cantidad de hectáreas que pueden ser adquiridas por extranjeros cuidando que no se exceda el 15% de los campos productivos en cada una de esas jurisdicciones. El organismo de aplicaciónes el Registro Nacional de Tierras Rurales que, a la fecha, confirmó que algo más de 2,3 millones de hectáreas son propiedad de ciudadanos foráneos.

Ese 15% es el punto clave de la ley. Desde el gobierno consideran que es «un límite razonable» y desde la oposición, por el contrario, creen que es excesivo y que pone «bandera de remate» a grandes cantidades de tierras. ¿Es lo mismo el 15% de Santa Fe que el 15% de Corrientes?, ¿son equivalentes el 15% de Pergamino y el 15% de Santa Victoria Oeste?, son preguntas que continúan sin respuesta definitiva aunque el gobierno estableció que los departamentos y partidos de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires conforman la «zona núcleo», considerada la de mayor aptitud agrícola y donde el límite impuesto a los extranjeros es de hasta 1.000 hectáreas.

Casos Paradigmáticos

Luciano Benetton, Douglas Tompkins, Joe Lewis y Ted Turner son los más conocidos extranjeros con grandes extensiones de tierra en Argentina.

De acuerdo a investigaciones periodísticas (dada la escasa información oficial disponible) el italiano Benetton, dueño de la famosa multinacional de la ropa, posee 1 millón de hectáreas en la Patagonia. El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en representación del pueblo Mapuche, denunció la usurpación de los dominios ancestrales de las comunidades originarias a manos del diseñador pero no tuvo mayor suerte en la justicia.

Benetton es seguido por el multimillonario, ecologista y filántropo norteamericano Douglas Tompkins, con 350 mil hectáreas distribuidas entre Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén y Corrientes. Su caso es especialmente complejo ya que posee tierras sobre los Esteros del Iberá, posiblemente el mayor reservorio de agua dulce del mundo.

El financista británico Joe Lewis viene a continuación, con 18 mil hectáreas en Río Negro; y Ted Turner, dueño del multimedios global, tiene 5 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego.

Un creciente número de empresas asiáticas integran también el listado de poseedores de tierras rurales en el país. «La firma china Heliongjiang explotará 330 mil hectáreas en los Valles Medio e Inferior de Río Negro para producción de alimentos; mientras que capitales de Arabia Saudita, la meca del petróleo, se aseguraron la explotación de 30 mil hectáreas con opción a 200 mil en El Impenetrable, Chaco, también para exportar alimentos», reveló el portal de noticias Agronoa sobre datos del diario Perfil.

Sí Benetton solo tiene 1 millón de hectáreas, es válido aceptar la presunción de Federación Agraria y multiplicar (al menos) por 10 los 2,3 millones de hectáreas informadas por el Registro de Tierras Rurales para saber la extensión bajo control forastero.

¿Latifundio bueno versus latifundio malo?

El año pasado, en sus instalaciones de Puerto Madero, la Universidad Católica Argentina fue sede de un simposio organizado por el ministerio de Agricultura y destinado a difundir las bondades de la ley que pretendía aprobarse.

Allí disertaron Domínguez, Alak, Barcesat y varios especialistas. Uno de ellos fue el rector de la UCA, el sacerdote Víctor Manuel Fernández, quien abrió las disertaciones y defendió la iniciativa oficial con curiosos argumentos. «El riesgo de los latifundios se vuelve más grave e incontrolable cuando el dominio de las grandes extensiones está en manos de corporaciones extranjeras, y allí se hace patente que la tierra argentina deja de ser nuestra», dijo.

El religioso argumentó que «cuando alguien posee una extensión inmensa en un país que no es el suyo, es más posible que la use para el propio beneficio, y que exprima sus recursos, no tanto que la sienta nuestra y que la cuide para las próximas generaciones». «De un modo sutil, los latifundios extranjeros contradicen una sana concepción de la propiedad privada», concluyó dejando a este cronista pensando si es posible diferenciar entre feudos buenos y malos por la nacionalidad de sus titulares.-

Publicado por Cuarto Poder