Urtubey entrega viviendas del IPV a funcionarios y amigos. La Lista en Salta capital

ESCANDALO EL EJECUTIVO INTENTA DEFENDERSE Y ASEGURA QUE SE TRATA DE “UNA LISTA VIEJA”

Vergonzosa maniobra del Gobierno para entregar viviendas a los amigos

Muchos desistieron de las viviendas y otros aceptaron una más chica. Así ingresó gente vinculada con el poder. En 2007/08 había 26 adjudicatarios a los que les exigieron primero $28.000, luego $28.000 más y otros $19.000.

De las resoluciones y cambios de condiciones surge que en 2012 hubo una clara la maniobra del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para desalentar a los originales adjudicatarios del barrio Lomas de Medeiros y favorecer a nuevos inscriptos, llamativamente la mayoría de ellos son funcionarios, empresarios, familiares y amigos del Gobierno. Más aún, varios no reúnen los requisitos para recibir una vivienda del IPV.

Este fin de semana también quedó claro un dato no menor: el IPV admitió, a través de una solicitada publicada este domingo, que las viviendas construidas en la zona oeste de la capital estuvieron orientadas a postulantes que “representan menos del 2% del padrón de la demanda en el municipio de Salta”. Y lo justificó en “el desarrollo de un programa especial” que segmentó a los postulantes según “el nivel de ingresos”.

Si hasta aquí todo fuera un procedimiento transparente, lo que desató el escándalo es el hecho de que cerca del 80% de las casas fue adjudicada a personas que trabajan en el gobierno de Juan Manuel Urtubey -por ejemplo, hay dos secretarios de Estado, coordinadores, asesores del mandatario, entre otros-, a otros que están relacionados con funcionarios por lazos familiares sanguíneos o políticos.

Es el caso de su secretario Legal y Técnico, Pablo Robbio Saravia (que paradójicamente es quien debe velar por la legalidad de los instrumentos que firma el mandatario); o su secretaria privada, Florencia García Gutiérrez; o uno de sus asesores personales: Alberto Moisés Sánchez.

Más aún, son varios los adjudicatarios que ya son propietarios (otra vez el “caso testigo” es Robbio Saravia), con lo cual incumplen el artículo 1 de la Resolución Reglamentaria 39 del IPV, que establece que ningún miembro de la familia que reciba una casa debe ser titular o usufructuario de otro inmueble.

Cambios en el contrato

La historia del barrio levantado en una de las zonas más codiciadas de la capital comenzó en 2007 cuando se licitó y adjudicó la obra a la empresa Vicente Moncho Construcciones S.R.L. El presupuesto oficial tope para construir las 76 viviendas era 10.210.000 pesos, de acuerdo a las cifras fijadas en los pliegos de la licitación que se hizo hace seis años.

El contrato con la constructora fue renegociado hace tres años y esto incluyó tanto el monto de la obra como el prototipo de vivienda. Esta operatoria se aprobó por resolución 869 del IPV, fechada el 15 de diciembre de 2010. No existe información oficial del IPV sobre el nuevo precio que pactó con la constructora; sí, en cambio, se supo que las dimensiones de las viviendas cambiaron: las que eran de 90 metros cuadrados cubiertos pasaron a 55 metros cuadrados y las de 95,5 metros cuadrados cubiertos ahora pasarían a tener 60 metros cuadrados.

Se desconoce por qué motivos la obra no se inició, incluso después de 2010, cuando ya se había renegociado el contrato y la crisis económica del 2008 con sus coletazos del 2009 habían pasado.

Cambios de titulares

Entre 2007 y 2008 hubo 26 adjudicatarios a quienes el IPV les exigió como condición para recibir una vivienda, el pago de un anticipo de 28.000 pesos, de los cuales $14.000 debían ser abonados de una vez y se financiaba el resto en 14 cuotas iguales y consecutivas de $1.000. Ese dinero equivalía al 20 por ciento del costo estimado de las unidades.

Luego de que la semana pasada se desatara el escándalo por la adjudicación de las casas a personas vinculadas al Gobierno provincial, el IPV informó en la solicitada de ayer que “un gran porcentaje de ellos (los adjudicatarios) lo fueron con anterioridad al 10 de diciembre de 2007”. De este modo buscó ubicar a la supuesta mayoría de beneficiario en el gobierno anterior, ya que en esa fecha Urtubey asumió como gobernador.

El “gran porcentaje” se traduce en los 26 adjudicatarios, de acuerdo a lo que reconoce el mismo Instituto en su Resolución 549 de agosto del año pasado, instrumento con el cual reactivó el proyecto de Lomas de Medeiros.

En esa resolución, se destinan los 26 terrenos más grandes (de 30 metros por 12 metros ubicados en el llamado Sector 5) para aquellos primeros adjudicatarios como un reconocimiento a derechos adquiridos. Sin embargo, queda en claro que quienes no aceptaban las nuevas condiciones (un segundo pago anticipado) podían optar por casas en terrenos de menores dimensiones o simplemente desistir de la adjudicación (el dinero que habían pagado hasta ese momento se les iba a devolver previo descuento de los gastos administrativos).

A través de la misma Resolución 549, que lleva la firma del expresidente del IPV Sergio Zorpudes (actual secretario de Obras Públicas de la Provincia), se establece que el nuevo pago previo será de $28.000. Esta cifra sumada a la del 2007 (otros $28.000), totalizan $56.000.

Un hecho que desalentó a varios adjudicatarios, según relataron a El Tribuno postulantes que pidieron la reserva de sus nombres, fue que en una asamblea en la que fueron informados de la situación, se les indicó que disponían de solo cuatro meses para cancelar el segundo adelanto de $28.000.

Pero los $56.000 no fue el total del anticipo por cada casa.

En la solicitada de ayer, el IPV admite que el pago de ahorro previo fue de $75.000, aunque ni en el Boletín Oficial ni en el sitio del IPV figura el instrumento legal por el cual se añadieron $19.000.

Contar con este monto fue el último “colador” para que muchos de los 26 adjudicatarios originales quedaran fuera del nuevo barrio, y la puerta de entrada para una lista de nombres relacionados directa o indirectamente con el Poder Ejecutivo Provincial.

La estrategia del Ejecutivo para revertir el destape
A tres días de desatado el escándalo por la adjudicación de las casas de Lomas de Medeiros, el Gobierno provincial busca revertir la avalancha de críticas y la fuerte repercusión en diferentes medios de comunicación y las redes sociales.

Para eso armó una estrategia que se comenzó al traslucir sobre el filo de la semana anterior luego de que se conociera la lista que incluye a funcionarios, empresarios, parientes y amigos en las cuestionadas adjudicaciones. 

El primer paso fue un parte de prensa del Instituto Provincial de la Vivienda, emitido cerca de las 21 del viernes, en el que se informó que el barrio Lomas de Medeiros estaba destinado “específicamente a clase media” y “familias con ingresos elevados”. Así el organismo explicó la construcción con fondos estatales de casas para un sector con más recursos que las 30.000 familias que esperan una vivienda social en la provincia.

El mismo viernes, según medios informativos vinculados al Gobierno provincial, el gobernador Juan Manuel Urtubey anticipó que se “desadjudicarán” las casas que estén entregadas a personas que no cumplan los requisitos. Lo llamativo fue que el mandatario nada mencionó sobre quiénes integraban la nómina, ni mucho menos sobre las responsabilidades de los funcionarios del IPV responsables de controlar que las personas cumplieran todos los requisitos. Sucede que varios de los que aparecen en la nómina ya son propietarios.

En las últimas 48 horas, desde el Ejecutivo se insistió con que el polémico listado no es el definitivo.
La versión fue confirmada ayer en una solicitada que publicó el Instituto Provincial de Vivienda.

Existen en los listados difundidos casos de supuestos adjudicados que ya fueron revocados por incumplimiento de la normativa vigente”, afirma el organismo en el texto. Y prosigue: “Sigue abierta la postulación para la mencionada urbanización (…) ya que aún no fueron preadjudicadas la totalidad de las viviendas disponibles”.
Diputados convocarán a Alesanco
Diputados de diferentes bancadas opositoras quieren una explicación por la cuestionada adjudicación de viviendas sociales a funcionarios del gobierno, parientes directos, propietarios de empresas y grupos acomodados que acreditan altos niveles de ingresos y propiedades a su nombre.

Para ello pedirán la citación del presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Fernando Alesanco, quien desde el pasado viernes, cuando se conoció la lista de adjudicatarios del barrio Lomas de Medeiros, evitó atender a la prensa.

Los legisladores de la oposición aclararon que con la citación al titular del IPV se espera “llevar tranquilidad” a los vecinos sobre el controvertido proceso de adjudicación de viviendas construidas con fondos públicos. La Cámara de Diputados sesionará el próximo martes.

Alesanco asumió la presidencia del IPV el 29 de octubre de 2012, cuando Sergio Zorpudes dejó ese cargo para asumir como secretario de Obras Públicas de la Provincia en reemplazo de Juan Carlos Galarza. 

Entre la lista de adjudicatarios de las viviendas del barrio Lomas de Medeiros figuran funcionarios, familiares y empresarios. Algunos de ellos son los que se mencionan a continuación:

 

Luis Ramón ArnedoEmpresario inmobiliario, dueño de la inmobiliaria Arnedo y miembro de la Cámara Inmobiliaria de Salta.

Anabella Sodero Calvet Hermana de la fiscal María Luján Sodero

Juan Pablo Arrieta Hermano de María Arrieta, jefa de Actuaciones del Ministerio de Economía.

Camila Casabella Dávalos  Hermana de Juan Casabella Dávalos, director general de Personal de la Provincia. Designada desde 2009 como odontóloga del hospital público Arturo Oñativia.

Luis José Barros  Profesional contratado por el Ministerio de Educación desde 2008, ex presidente del Colegio Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (COPAIPA) en 2009 y 2010.

María Josefina Miguelez Estofán  Cuñada de Marcelo Pintado, asesor de la Gobernación.

Marcelo Cajaravilla  Asistente técnico de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo.

Juan Ignacio Dinardo  Contratado en el Ente Regulador de los Servicios Públicos

Alejandro Escudero André  Tiene un cargo político en la Secretaría General de la Gobernación.

Tania Godoy  Hija del presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Manuel Santiago Godoy. Es la coordinadora general del Programa de Orientación Escolar del Ministerio de Educación de la Provincia.

Eduardo Larrinaga  Presidente de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT) hasta julio de 2009.

María Soledad Samsón Es hija del secretario general de la Gobernación, Ernesto Samsón.

Sebastián Ortiz de Rozas  Es coordinador financiero del Ministerio de Economía, que dirige Carlos Parodi. El año pasado protagonizó una polémica cuando se supo que además de ser funcionario provincial, es director suplente de la firma Positano S.A., que dirige Josefina Bernis, la esposa del Parodi.

Mercedes Ortiz de Rozas: con cargo en el Ministerio de Turismo de la Provincia, y hermana de Sebastián, coordinador financiero del Ministerio de Economía.

Antonio Atta Gerala  Hijo del exintendente de Rivadavia, Miguel Atta Gerala.

María Cristina Porcelo  Hija del exsenador Carlos Daniel Porcelo (Rosario de la Frontera), actual secretario de la Cámara de Senadores de la Provincia.

Fernando Isasmendi López  Hermano del presidente de la empresa Aguas del Norte (estatizada en mayo de 2009 por el actual Gobierno provincial), Armando Isasmendi.

Ignacio Racioppi Reyes Subadministrador del Servicio Administrativo Financiero de la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia.

María Mercedes Loutayf  Tiene un cargo en la Secretaría de Obras Públicas.

Florencia García Es la secretaria privada del gobernador Juan Manuel Urtubey. Tiene un contrato de consultoría en el Gobierno hasta el 31 de diciembre próximo.

Pablo Robbio Saravia Es el secretario Legal y Técnico de la Provincia. En su declaración de bienes ante la Escribanía de Gobierno admitió ser propietario de un inmueble en la capital salteña, otro en San Lorenzo y otro en Pinamar.

Matías Rodríguez Issler Hijo de Gustavo Rodríguez Issler, quien es coordinador del Ministerio de Gobierno de la Provincia.

Alberto Moisés Sánchez Asesor del gobernador Urtubey

Tomás María García Bes Es supervisor regional de la Dirección General de Educación.

Diego Emiliano VillazónExsubsecretario de Políticas Judiciales (2008), exconsultor jurídico de la Unidad de Proyectos Ferroviarios (2009), abogado contratado en la Gobernación (desde 2010).

María Eugenia Yarade Contratada en el Instituto Provincial de Seguros de Salta (IPSS) y en el Ministerio de Educación de la Provincia desde 2012.

Federico Rovaletti LagosSecretario de Planeamiento del Ministerio de Seguridad.

María Pía Goytia Puló y Tomás Saravia ToledoElla trabaja en la oficina de Formación Continua de la Escuela de la Magistratura. El es el head coach (jefe de entrenadores) del Jockey Club de Salta.

Francisco Javier San Millán de los RíosEs productor tabacalero de Chicoana (según el Fondo Especial del Tabaco), e hijo del exintendente de la capital provincial, Alejandro San Millan