Cercanos al intendente Gustavo Saenz facturan con la Cooperadora Asistencial

LOS AMIGOS DEL PODER EN LA SALTA MACRISTA.

Un escándalo por malversación de fondos públicos, destinados para los más necesitados de la capital, salpica al intendente Gustavo Saenz y compromete a su mano derecha, Pablo Outes, Presidente de la Cooperadora Asistencial. La Fiscalía Penal N° 5 está a cargo de la investigación sobre facturaciones a supuestos proveedores del organismo.

REVISTA NORTE

La gestión de Saenz ha sido señalada por las sumas millonarias que utiliza para acallar a los medios locales. También por entregar concesiones sin licitación a empresas amigas del poder, como ocurrió con la constructora de la Juez de la Corte Teresa Ovejero. Sin embargo todavía no había recibido una Denuncia Penal por corrupción.

El viernes pasado, finalmente, el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical se presentó en la Justicia para denunciar a los funcionarios a cargo de la «Cooperadora Asistencial de la Capital Ingeniero Roberto Adan Galli», por supuestos hechos de «asociación ilícita» y «negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas».

La causa fue caratulada cómo «Malversación de caudales públicos» y surgió luego de un pedido de informe por el cual la Cámara de Diputados solicitó a la Cooperadora Asistencial que informe respecto a dudosas facturaciones. Cuando la respuesta llegó a la Cámara, en agosto, los diputados radicales, al ver las inconsistencias, consideraron que contaban con pruebas suficientes para iniciar la denuncia.

¿Una caja de Saenz?

Que el dinero de la Cooperadora Asistencial es una caja del círculo de Saenz no es una novedad para algunos: desde dinero en efectivo pasando por mercadería e incluso automóviles son parte de los recursos que cuentan.

La agencia DDN años atrás descubrió que algunos automóviles- del organismo municipal en cuestión- no habían sido ploteados sino que usaban imanes, los cuales podían ser retirados a gusto del usuario del vehículo. De esta manera, el elenco de Cambiemos en capital disponía de dichos vehículos para trasladarse ellos y sus parientes, tal como quedó registrado con el sobrino de Pablo Outes.

Ahora con una Denuncia Penal ya presentada, las sospechas sobre los desmanejos comienzan a tornarse más serias. Para dimensionar económicamente: Outes tiene a su disposición alrededor de 120 millones de pesos. Ese dinero debe utilizarse con fines sociales, pero se sospecha que una parte se destina para gastos políticos con uso discrecional; esto según quedó de manifiesto con las últimas revelaciones. No es casual que varios personajes cercanos al intendente hayan sido salpicados con el escándalo.

Carlos Hugo Vargas, pareja de Laura Cartuccia, actual directora de ANSES en Salta y conocida por haber sido descubierta cobrando 4 sueldos del erario público, es uno de los que aparece recibiendo cobros de decenas de miles de pesos.

El operador político de Saenz, ex funcionario del gobierno de Miguel Isa, Humberto Dante Rosas, también tiene facturas por más de 100 mil pesos.

El abogado mediático Santiago Pedroza es otro de los que cobra de la Cooperadora y a la vez es parte del organismo ya que ocupa el cargo de director.

Además, hay varias fundaciones entre las que se destaca el “Centro de Estudios de Finanzas, Inversiones y Managment”, a quien la Cooperadora le factura de manera mensual nada menos que $45.000  “por asesoramiento económico general, estudios socio-económicos, control de gestión de programas y generación de informes periódicos”.

También, sacando dinero, aparecen periodistas que, si uno recurre al listado de la pauta municipal, casualmente son mencionados cobrando alrededor de 300 mil pesos. Panchi Palopoli es un ejemplo de doble facturación, aunque teniendo en cuenta la intensa labor profesional que realiza en su programa de los domingos por la medianoche se podría justificar la paga. Otro, pero más llamativo, es el caso de un desconocido Ramiro Goytia Pulo que factura por un programa radial del que es dable dudar que alguien escuche y por coberturas para la Cooperadora.

En todos los casos, los cuales se pueden analizar en la respuesta que brindó el organismo, queda en evidencia la laxitud con que se maneja: la Cooperadora Asistencial emite una especie de facturas (que en rigor no son facturas) y que sirven como comprobante interno para saber en qué se está gastando el dinero.

La denuncia penal ya fue presentada el pasado viernes. Un nuevo reto para el poder de la `Justicia´ salteña.-

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