Es funcionario de Cambiemos y a su vez Director del grupo que comprará el ingenio estatal

CORRUPCION EN JUJUY. EL ESTADO VENDE Y UN FUNCIONARIO COMPRA.

Un funcionario macrista es a su vez Director de una de las empresas que negocia la compra del ingenio estatal, el Ingenio La Esperanza, que está siendo vendido por decisión del gobernador Gerardo Morales. Así lo reveló hoy La Izquierda Diario.

EL ARTICULO:

Escándalo: funcionario de Cambiemos es director de empresa que compraría el ingenio La Esperanza.

Se trata de Facundo Fernández de Oliveira, quien se desempeña como gerente de Recursos Humanos de Radio Nacional y fue recientemente designado como director suplente de la sociedad “Agroindustria La Esperanza S.A.”, única oferente hasta ahora para adquirir el Ingenio La Esperanza a un tercio de su valor real.

La venta del Ingenio La Esperanza, viene siendo un dolor de cabeza para el Gobierno de Gerardo Morales, al persistente reclamo de los trabajadores por su reincorporación, a la caída de la venta al grupo colombiano Omega Energy en enero y a las impugnaciones que recibió por parte de la oposición y el SOEA (Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar) a la irregular licitación que lanzó el Juez de la quiebra Juan Pablo Calderón, ahora se suma un nuevo escándalo: la empresa ALESA (Agroindustria La Esperanza S.A.), constituida recientemente por los dueños del Grupo Omega, y única oferente para adquirir el Ingenio, designó como director suplente al funcionario de Cambiemos, Facundo Fernández de Oliveira, actual Gerente de Recursos Humanos de Radio Nacional.

Fernandez de Oliveira, es abogado y desde julio de 2016 se desempeña como gerente de Recursos Humanos de Radio Nacional. Varios de los despidos persecutorios a trabajadores dispuestos el último tiempo por la radio que dirige Ana Gerschenson, llevaban la firma de este abogado. Previo a ejercer la función pública Fernandez de Oliveira fue vicepresidente de Latinoamérica para Western Union, y tuvo pasos por la empresa Clorox y Carrefour, Louis Dreyfus Commodities, además de desempeñarse desde el año 1997 hasta el 2000 como abogado en la firma Marval, O’Farrel & Mairal, reconocido buffete de abogados de empresas.

No es la única empresa en la que Fernández de Oliveira figura como director o administrador, también figura como gerente titular en la empresa ULTERRA DRILLING TECHNOLOGIES S.R.L., propiedad de Pedro Eugenio Aramburu (hijo del Gral. del Ejército) y Cristian Alberto Krüger y en otras 6 empresas. Mientras despide trabajadores en Radio Nacional, los negocios, de los dos lados del mostrador, continúan para los funcionarios de Cambiemos.

El grupo Omega y “Agroindustria La Esperanza S.A”

A principios de diciembre de 2017 Gerardo Morales había anunciado como un triunfo el acuerdo de venta venta del ingenio que firmó con el grupo Omega Energy por la suma de U$S 85 millones, y con la condición de adquirirla con solo 600 trabajadores.

Los spots y las notas en los principales medios quedaron opacados cuando en enero la venta finalmente se frustró, entre otras razones porque el grupo colombiano no poseía una sociedad legalmente constituida en el país. A pesar de la caída de la venta, el gobierno no reincorporó a los 338 despedidos, y a través del Juez Calderón se convocó a un “concurso de precio sui generis”, en el exiguo plazo de 5 días, en febrero de este año.

Pese al traspié de la venta, el presidente de Omega Energy, Omar Leal Quiroz, decidió conformar la sociedad “Agroindustria La Esperanza S.A” (ALESA) con sede en CABA el 29 de enero de 2018, en la que figura como uno de los dos socios de esta empresa.

Las empresas Omar Leal tienen múltiples domicilios, en Miami, Bogotá, Panamá e Islas Vírgenes, entre otros. En el acta constitutiva de la nueva empresa ALESA, Leal declara un domicilio real en 1111 Brickel Avenue Suite 1515, Miami, Florida. Este es el mismo domicilio que declara la primera accionista de ALESA, Sofía Alejandra Santo Domingo Laforiee, también colombiana y quien es socia en varias empresas del Grupo Omega.

El trámite express para constituir ALESA y poder participar del “concurso de precios” dispuesto por Calderón, llevó a que Leal muestre otra características de sus empresas que es manejar pequeños volúmenes de capitales en las operaciones. De esta manera inscribió la sociedad con el mínimo de capital requerido por Ley que son 100 mil pesos. Un monto exiguo acorde al desembolso de 85 millones de dólares que implicaría la operación de adquisición del ingenio que casi el único “requisito” que solicitó el Juez Calderón ante la ausencia de “pliegos y condiciones”.

Pero Omar Leal y Sofía Laforiee como es sabido prefieren las aventuras de los paraísos fiscales. Su grupo posee una compleja estructura financiera con sociedades off shore que lo ubican dentro del selecto grupo de empresarios de los Panama Papers Entonces, ¿Será por su asiudo contacto con las sociedades off shore que escogieron como sede de su sociedad en Argentina la calle Suipacha 1111 Piso 18 donde funciona el estudio de abogados, “Pérez Alati, Grondona (h), Benites, Arntsen & Martínez de Hoz(h)”, un estudio mencionado en la investigación “Argenpapers” de los periodistas Santiago O´Donnell y Tomás Lukin?

Facundo Fernandez de Oliveira es parte del directorio de una empresa que antes de haber empezado a operar reúne todo tipo de sospechas. Su doble juego de funcionario público y director de ALESA que participa de una “compulsa de precios” para adquirir un ingenio en quiebra -cuyo principal acreedor es el Estado-, no puede menos que constituir un acto por demás de oscuro. Hasta el momento el Juez Calderón no parece haber encontrado nada oscuro en esta operatoria. Del gobernador Gerardo Morales mucho no podemos esperar porque es quien se puso a la cabeza de esta operatoria que está dejando a cientos de trabajadores despedidos y puede significar la liquidación del ingenio.

Una licitación irregular a la medida del grupo Omega y Alesa

“Una venta absolutamente ilegal que pretende dejarnos en la calle y regalar el Ingenio a empresarios amigos”, así describen los trabajadores del Ingenio La Esperanza la situación de la empresa que se encuentra en quiebra desde el año 1999. Los trabajadores y sus familias resisten manifestándose frente al juzgado y la empresa, reclamando por sus puestos de trabajo y denunciando todas las irregularidades que se están llevando adelante.

Luego de la caída de la venta al grupo Omega, el gobierno a principio de febrero anunció que se llamaría a una licitación, que finalmente el Juez Calderón resolvió el 14 de febrero, pero con el novedoso formato de “concurso de precios” y por el exiguo plazo de cinco días, para su venta. El llamado fue hecho a la medida del Grupo colombiano Omega, cuyas bases y condiciones eran las mismas de sus ofertas, y el juez dispuso que sea el Gobierno de Gerardo Morales quien debía “buscar” a posibles oferentes.

Como se denunció desde este medio, la resolución del Juez Calderón, que actúa como subrogante del Juzgado Comercial nº 9 Secretaría 18 de San Pedro, dejó pocos artículos de la Ley de Concursos y quiebras sin pasar por arriba. Llamó a un “concurso de precios” que no está establecido como figura en la Ley de Concursos y Quiebras, no publicó edictos, no requirió una tasación, lo hizo por el exiguo plazo de cinco días, encomendó al Gobierno de Gerardo Morales a buscar oferentes, puso como base la oferta que había hecho el Grupo Omega en 85 millones de dólares, y la venta del ingenio se dispuso sólo con 600 trabajadores, ratificando y convalidando los 338 despidos. Todo a espalda de los trabajadores y sin siquiera permitirle algún derecho de defensa.

Todas estas irregularidades viene siendo denunciada por los diputados del PTS – Frente de Izquierda, entre ellos Alejandro Vilca y Natalia Morales, quienes en enero requirieron al gobierno provincial que haga público toda la información relacionada con la venta del Ingenio La Esperanza y los despidos, a lo que desde el gobierno de Morales se negaron a brindar información argumentando “secreto comercial” y que ellos no eran propietarios del Ingenio, un argumento poco “republicano” para quienes públicamente se muestran como los defensores de esos principios.

Morales propuso que designaran como administradores del Ingenio La Esperanza al hermano del ministro de Infraestructura, Luis Américo Rizzotti, y a Carlos Alberto Samman, hermano del Juez Samman quien mantuvo presos a los dirigentes de comisión directiva del SOEA durante navidad y por más de diez días en diciembre del 2017.

Actualmente, la licitación irregular convocada por el Juez Calderón, y a la que presentó oferta únicamente ALESA, se encuentra impugnada por el SOEA. Los trabajadores consideraron un paso adelante el hecho de haber logrado 35 reincorporaciones el viernes pasado, aunque advierten que siguen reclamando por la reincorporación de todos los despidos.

Mientras tanto el gobierno al gobierno de Gerardo Morales se le suma un nuevo escándalo, donde, una vez más, los funcionarios de cambiemos aparecen de los dos lados del mostrador.