Crecen los precios y pretenden disminuir salarios

05/02/2018 | Revista Norte

Los precios incrementados se descargan sobre la sociedad y en beneficio de los que perciben esas facturas aumentadas, sean de transporte, energía, telefonía, medicina pre paga, combustibles o peajes, entre muchos otros.

Por Julio Gambina, economista

A fines de diciembre del 2017 el Gobierno de Macri anunció el cambio de las metas de inflación, del 10 al 15% para todo el 2018, al tiempo que promovió una baja de las tasas de interés que paga el BCRA por las LEBAC, de casi 29% a menos del 27%, logrando una disparada del dólar que se acerca a los 20 pesos por dólar.

En rigor, el movimiento inverso entre tasas y cotización de las divisas remite al carácter especulativo de la economía local y aleja cualquier posibilidad u optimismo para pensar en el crédito como instrumento para el crecimiento productivo.

La medida adoptada por el Gobierno era un aliento a la liberalización de los precios, entre ellos el del dólar. Estos incrementados precios se descargan sobre la sociedad y en beneficio de los que perciben esas facturas aumentadas, sean de transporte, energía, telefonía, medicina pre paga, combustibles o peajes, entre muchos otros.

De hecho, este comienzo del año inició una serie de aumentos de precios que se proyectan por lo menos hasta junio, arrastrando una espiral inflacionaria que pone en discusión los pronósticos oficiales.

¿A cuánto ascenderá la inflación de enero y cuanto arrastra hacia febrero?

No resulta sencillo responder el interrogante, cuando sospechamos que la inflación anualizada desde Febrero 2017 a Enero 2018 supera a la del año pasado y con disminución de los ingresos de la mayoría de la sociedad.

Es más, con apoyo político y legislativo de parte de la oposición ya se generaron condiciones para reducir ingresos de jubiladas, jubilados y otros perceptores de planes sociales, estimados en 100.000 millones de pesos.

Ahora pretenden frenar la demanda salarial, empezando por anular la paritaria nacional de los docentes, que siempre actuó como disparador de las negociaciones ante la inminencia del inicio de las clases.

Para eso lo necesitan al Ministro de Trabajo, aún con el papelón incurrido por sostener como patrón el carácter irregular de una empleada familiar y además localizarla arbitrariamente en una intervención sindical.

El papel del Ministro apunta a contener la demanda de actualización salarial y el Gobierno confía en los lazos desarrollados con sectores funcionales del sindicalismo a esa negociación con las patronales y el Gobierno.

Claro que no resulta sencillo disciplinar al movimiento sindical y social, menos luego de las movilizaciones en diciembre y el impacto generado en buena parte de la población, incluso votantes y adherentes ideológicamente del rumbo gubernamental.

La pérdida de consenso se verifica en algunos editoriales y columnistas de medios altamente favorables al rumbo y orientación del PRO y Cambiemos, que imaginan un cambio de personas para sostener la misma política de distribución regresiva del ingreso.

Protesta y conflicto en ciernes

Esta situación inflacionaria se monta en una coyuntura donde los despidos están al orden del día, con información oficial de crecimiento del empleo de menor calidad y con escaso impacto en el empleo privado, regular y del sector industrial.

Diverso es el clima social, con consensos a la política oficial aun cuando afecta la economía a la mayoría de la sociedad, perceptora de ingresos fijos por salarios o beneficios sociales.

El descontento crece y existe un activo social organizado que pretende expresar públicamente la protesta, y ya se anuncia una próxima movilización encabezada por sectores de la CGT, las CTA y otros varios movimientos sociales.

La discusión incluye cómo seguir, lo que supone un horizonte de paro nacional y de conflicto extendido ante la persistencia de una política de ajuste regresivo contra los salarios y los ingresos populares.

Desde el FMI se demanda explícitamente que para superar la situación de la Argentina en materia de inflación se requiere contener la demanda salarial, en una orientación para morigerar la demanda de actualización de salarios, que pueda sustentar el atractivo de los inversores y sus esperadas ganancias.

La evolución de la economía augura conflictividad social creciente, porque aún las noticias de record en la venta de automotores en enero del 2018 suponen un acrecentamiento del déficit comercial por importación de autopartes y unidades producidas en el exterior. El déficit comercial escalará a 10.000 millones de dólares en 2018, contra los 8.500 millones del 2017.

Ese déficit, sumado al fiscal se paga con mayor endeudamiento que supone un crecimiento de los intereses a pagar y que afectan otros rubros del gasto, condenando a un recurrente ajuste fiscal vía achicamiento del gasto social.

Como siempre sostenemos, la incógnita política es cual presión pesará más, la del ajuste o la protesta y la movilización social para otro modelo productivo y de desarrollo con otros beneficiarios y perjudicados.

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