Nación anunció la privatización de las centrales eléctricas del país, incluida la de Gral. Güemes

02/11/2017 | Revista Norte

Denuncian que la privatización de centrales eléctricas aumentaría el precio de la energía. Los trabajadores rechazan el decreto del ministro Aranguren que habilita la venta en forma total o parcial de diez plantas estatales generadoras de electricidad.

El gobierno nacional habilitó “las medidas necesarias para la venta, cesión u otros mecanismos de transferencia” de propiedad de las diez centrales eléctricas, y también parte de la participación accionaria en ellas, explicando que “es conveniente propiciar la participación de terceros”.

A la pesca de la demorada lluvia de inversiones, el ministerio de Energía explicó a través del Boletín Oficial que “el sistema eléctrico nacional requiere que se continúen adoptando las medidas que permitan asegurar el adecuado suministro eléctrico a toda la población del país.

Sin embargo los trabajadores de las compañías estatales alertan sobre el inevitable impacto en las tarifas que acarrea la intervención del sector privado: “Si vendes el 51% del área donde se genera el combustible, el dióxido de uranio para las centrales, les estas vendiendo la posibilidad de generar energía al precio que quieran”, explica a Canal Abierto Javier Giordano, delegado de ATE en Dioxitek, una de las empresas afectadas.

El referente gremial en la Coordinación Nuclear advierte que “esto podría elevar el valor de la energía a las nubes, a nivel mundial las empresas energéticas son subvencionadas por los estados, porque la producción no va en función de la ganancia, sino del servicio y de la creación de energía limpia”.

Los activos que el Estado podrá poner a la venta son aquellos sobre los que actualmente tiene derecho en las centrales de generación eléctrica Manuel Belgrano, José de San Martín, Vuelta de Obligado y Guillermo Brown.

También habilitó la venta de las acciones estatales en Central Dique S.A., Central Térmica Güemes S.A., Central Puerto S.A., Centrales Térmicas Patagónicas S.A., Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal de la Patagonia S.A. y Dioxitek S.A..

El plan de achicar el Estado para propiciar la generación de empleo que esta semana entró en una etapa de avanzada, recupera con este anuncio una habitual estrategia de gobiernos de corte neoliberal, como es la privatización de empresas estatales, algo que los trabajadores con más años de trayectoria recuerdan con dolor de épocas no muy lejanas de la historia de nuestro país.

“Toda aquella persona que vivió en la década del ’90 en la Argentina, trabajando o a través de su familia, conoce lo que es el tema de la privatización”, lamenta Giordano, que además asegura que “nadie está contento con esto, menos nosotros, pero ya está firmado, ya se sacó a licitación, lo único que falta es que se abran los pliegos para vender el 51%, y eso es darle el manejo total de la empresa al sector privado”.

En sintonía, Gustavo Lahoud, especialista en relaciones internacionales y de defensa nacional, aclara a Canal Abierto que “se está avanzando sobre el sector nuclear, lo que hace al sector termoeléctrico, el Estado decide poner en marcha un proyecto de enajenación liso y llano. Va de la mano de lo que yo creo que es la idea que tiene este gobierno de cómo encarar los proyectos energéticos a través de los emprendimientos publico-privados, ellos van a transferir al privado toda obra de infraestructura estratégica que consideren relevante, con lo cual es un diseño que implica reducir el Estado a su mínima expresión, con mecanismos de tercerización y de concesión, y es muy preocupante”.

El objetivo del Gobierno es recaudar un mínimo de US$ 1000 millones: “Están vendiendo el ciclo nuclear argentino completo, si los grupos inversores que van a licitar son amigos del Presidente, amigos de Aranguren, seguimos dando el negociado a unos pocos, y si después quiebra la empresa, la gente queda en la calle”.

Dioxitek, con sede en la provincia de Córdoba, es la única empresa que fabrica uranio natural a nivel regional.

“Los privados durante los dorados noventa no se habían dedicado a aumentar de manera sostenida la oferta eléctrica, con lo cual vimos que la apertura de mercado con inexistencia de controles y regulación publica ineficiente y corrupta, no fue positiva. No son los mismos instrumentos, no es el mismo proceso de enajenación directa, pero se le da al sector privado el usufructo de instalaciones del Estado”, añadió Lahoud.-

 

Canal Abierto

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