Por un lado, la capital del país acoge por primera vez el Foro Económico Mundial para América Latina, que reúne a 1.100 representantes de Gobiernos y empresas con el presidente Mauricio Macri como virtual anfitrión. “Qué bueno que hoy estemos acá, trabajando”, afirmó con sarcasmo el jefe de Estado en la inauguración del evento.

Frente a este escenario de trajes y corbatas ante el que el mandatario reivindicó un “diálogo interno y con el mundo para encontrar las mejores vías de desarrollo”, el país parece vivir en otro eje de coordenadas.

Las ciudades se muestran vacías. Los comercios están cerrados, y el transporte está paralizado por completo, incluidos los aeropuertos, los trenes y los autobuses urbanos, de media y larga distancia.

El paro ha tenido una adhesión de más del 90%, han asegurado las dos ramas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) en una de las primeras evaluaciones de la jornada.

La huelga general responde a “un modelo económico de exclusión y pobreza que lleva a priorizar la especulación financiera por sobre la producción, que endeuda al país sistemáticamente (40.000 millones de dólares sólo en 2016), y que pretende bajar la inflación a base de despidos, de suspensiones y de bajar los salarios de los trabajadores”, indicó el secretario general de la CTA Pablo Micheli.

“Eso es precisamente”, añadió el sindicalista, “lo que está discutiendo el presidente en este momento en el único lugar en esta ciudad en donde el paro tiene cero acatamiento, que es el mini Davos que ha convocado”.

El Gobierno ha hecho gala de entender la situación al enviar a Gendarmería a las autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires, que habían sido bloqueadas con piquetes por organizaciones sociales y por fuerzas de izquierda para impedir el ingreso a la capital.

Un grupo de maestras fue recibida con gases lacrimógenos en una de las autovías del Sur, según denunció Myriam Bregman, dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

Algunos manifestantes también fueron reprimidos con gas pimienta y camiones de agua por cortar la autopista Panamericana, que enlaza el Norte con la capital argentina. Otros fueron acusados de tirar piedras a los gendarmes. Al menos seis personas han sido detenidas.

Éste ha sido el despliegue del conocido protocolo antipiquetes, un manual de actuación lanzado por el Gobierno en febrero del año pasado que permite desalojar una movilización sin necesidad de una orden judicial que lo avale.

Con una inflación que en 2016 rondó el 40%, el nivel de conflictividad ha ido en aumento en las últimas semanas, espoleado desde los sindicatos de los maestros de la administración pública, que reclaman un aumento salarial del 35% para compensar la pérdida del poder adquisitivo, y que esta semana celebran su octavo paro nacional de 48 horas.

Un segundo varapalo ha recibido el Gobierno este jueves, mientras se recluye en el hotel de lujo que alberga el Foro Económico Mundial. Una jueza del ámbito laboral, Dora Temis, acaba de ordenar al Ejecutivo que convoque una discusión nacional sobre las subidas de sueldo que reclaman los sindicatos docentes.

Dado que las competencias de educación están transferidas a las provincias, el Gobierno se escudaba en que cada jurisdicción negociara con los gremios. Pero el Poder Ejecutivo está obligado por ley, desde 2006, a convocar a nivel nacional las denominadas paritarias (negociaciones) salariales.

El Gobierno, que pide paciencia, considera injustificable la huelga general. El índice de pobreza supera el 30%, sí, pero la economía ha subido por primera vez en nueve meses un 1,1% tras arrastrar una contracción del 2,3% durante 2016. Una amnistía fiscal impulsada por Macri ha conseguido regularizar 116.800 millones de dólares, todo un hito que reafirma la senda de recuperación.

Son los “brotes verdes” que ve el Gobierno argentino, aunque las calles opinen otra cosa.