Salta en el ranking de gobiernos denunciados por obligar a empleados a hacer campaña

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Poder Ciudadano realizaron una campaña  denominada “Que no te pongan la camiseta”. En ella se recopilan casos del uso político de empleados estatales obligados a hacer campaña para las elecciones de 2017.

REVISTA NORTE

La campaña para que los empleados públicos de cualquier lugar del país puedan denunciar si son presionados para participar en actividades o trabajos procelitistas, dio como resultado que el 90% de los trabajadores estatales obligados a hacer campaña corresponden a distritos donde gobierna Cambiemos.

Ciudad de Buenos Aires lidera el ranking con el 50%. Segundo en el raking llega el Estado Nacional, seguido por Provincia de Buenos Aires y Mendoza, Salta y Córdoba en el tercer puesto. 

«La existencia de presiones a trabajadores del Estado para que participen de las campañas electorales en favor de superiores jerárquicos o de otros funcionarios de gobierno es un problema extendido en Argentina», aseguran los impulsores de la campaña. Este estudio se realiza desde las elecciones presidenciales del 2015.

DENUNCIA EN www.quenoteponganlacamiseta.org

El Destape Web se comunicó con el área Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de ACIJ, que reveló que la cantidad de denuncias recibidas este año son «levemente inferiores» a las de 2015, pero no se trata de un número final, ya que en la última semana de campaña es cuando más mails se reciben.

Sobre el total de denuncias recibidas, Ciudad de Buenos Aires lidera el ranking con el 50%, y su mayor foco se encuentran en secretaria de Integración Social y Urbana de Diego Fernández, para apoyar la campaña de Elisa Carrió.

Segundo en el raking llega el Estado Nacional, seguido por Provincia de Buenos Aires y Mendoza, Salta y Córdoba en el tercer puesto. Todas las jurisdicciones salvo la última son de Cambiemos. Del total de denuncias recibidas, los número preliminares arrojan que el 90% pertenecen al partido de Mauricio Macri.

La presión a los empleados públicos a fin de que realicen actividades de campaña se encuentra prohibida por la Constitución Nacional, numerosos tratados internacionales de Derechos Humanos y distintas leyes nacionales y provinciales, constituyendo además un delito.

En 2015 el panorama fue distinto, ya que el mapa político era más balanceado, con un predominio del Frente Para la Victoria, con especial énfasis en el balotaje.

Según la Ley de Empleo Público (ley Nº 25.164), los empleados estatales sólo tienen obligación de obedecer una orden del superior jerárquico cuando “tenga por objeto la realización de actos de servicio compatibles con la función del agente”.

Además establece la prohibición para los empleados y funcionarios públicos de “valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política” en su artículo 24 inciso “e”.

Para realizar la denuncia, se debe ingresar a www.quenoteponganlacamiseta.org y llenar un formulario sencillo. ACIJ y Poder Ciudadano garantizan la confidencialidad de la identidad de la persona denunciante y de los datos que puedan asociarse a él/ella en el uso de la información. El relevamiento permitirá evaluar la magnitud de la problemática y promover acciones tendientes a erradicar este tipo de prácticas abusivas.

 

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