Inconstitucionalidad del voto electrónico. No logran conformar la Corte por el entramado de parientes

La impugnación constitucional del voto electrónico tal y como se aplica en la provincia produjo una serie de efectos colaterales que indican cómo la politización de la Justicia arroja sombras pronunciadas sobre los derechos de los ciudadanos.

Los abogados José María García Salado y Oscar Rocha Alfaro, apoderados del frente Romero Olmedo, habían presentado el martes pasado un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, que objeta al Tribunal Electoral por permitir la «privatización» del trámite electoral y por obstruir el ejercicio del derecho al voto universal, secreto y obligatorio de los ciudadanos salteños.

El escrito no solicita la suspensión de los comicios ni tampoco denuncia fraude como sostienen los medios del Gobierno, sino que plantea «falta de transparencia». Los letrados lo plantean como una cuestión de sentido común: en estas condiciones, el Tribunal Electoral facilita la manipulación para conservar el poder, incluso ignorando las prescripciones de la ley vigente.

Argumentan que es por eso que el voto electrónico solo se utiliza en siete países. Uno de ellos es Venezuela, donde existe la certeza de que Nicolás Maduro le «robó» el 12% de los votos a Henrique Capriles; el otro, EE.UU., país donde se hizo famoso el fraude electrónico en el Estado de Florida, en las elecciones presidenciales de 2000. En esa ocasión, el gobernador Jeb Bush aseguró el triunfo a su hermano George.
 
El jueves, además, se sumó un recurso de amparo del empresario Enrique Daniel Sansone, quien denuncia que el sistema vulnera «la voluntad del votante», exige que se le informe si el centro de cómputos funciona en Salta o en Buenos Aires y, también, que se le permita votar el 17 de mayo con boleta tradicional de papel y en un cuarto oscuro.

La sola presentación del escrito de los apoderados implicó el apartamiento de cinco miembros de la Corte, el presidente Guillermo Posadas, y Guillermo Catalano, Ernesto Samson, José Félix Díaz y Susana Kauffman, por ser integrantes del Tribunal Electoral cuestionado por los apoderados y que, por otra parte, consideró que las fallas de las máquinas y la emisión de boletas cambiadas por parte de la empresa Magic Software Argentina «no son irregularidades». Solo quedaron los jueces Abel Cornejo y Fabián Vittar.

Para designar a los conjueces se realizó un sorteo entre cuarenta jueces. Como era de esperar, los elegidos tienen vínculos directos con el Tribunal o con el sistema de voto electrónico, por razones de parentesco.

Una de las beneficiadas por el bolillero es la camarista civil Adriana Rodríguez de López Mirau, esposa del secretario legislativo del Senado provincial y madre del funcionario que tuvo a su cargo el marketing del voto electrónico. Guillermo López Mirau, ex secretario de Planificación que quedó fuera de carrera como precandidato a diputado en las Paso.

También fue elegida Soledad Fiorillo, la mujer del procurador Pablo López Viñals, de vertiginoso ascenso desde la secretaría de un juzgado a jueza de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Sala V del Distrito Judicial Centro.

Hebe Alicia Samson, jueza de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Sala II del Distrito Judicial Centro, se excusó de inmediato, ya que es la pareja de Félix Díaz y hermana de Guillermo Samson.

José Gerardo Ruiz también se excusó porque su esposa es María José Ruiz de los Llanos, quien se desempeña en el Tribunal electoral.
 
La Jueza de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Verónica Gómez Naar es la quinta conjueza elegida y la única de ese grupo que quedó en pie, ya que García Salado y Rocha Alfaro recusaron ayer a las esposas de López Viñals y López Mirau.