La Justicia ordena el cese del desmonte en Saucelito

28/12/2012 | Revista Norte

A partir de un requerimiento legal realizado por el fiscal Correccional 2 de la ciudad de Orán, Rodrigo González Miralpeix, el juez de Garantías de esa jurisdicción, Omar Norberto Rú, hizo lugar a una medida cautelar a través de la cual la Fiscalía había solicitado el cese de las actividades de desmonte que se venían realizando en el paraje “El Sausalito”, ubicado a 3 kilómetros de Colonia Santa Rosa.

La medida surge de las actuaciones correspondientes que llevó adelante el fiscal luego de tomar conocimiento de las denuncias y reclamos de los habitantes de la zona, quienes revelaron las tareas de desmonte que se realizaban en la finca, incluso durante la noche.

Atento a este hecho, develado por Nuevo Diario, la Fiscalía Correccional tomó cartas en el asunto de inmediato, pues tras el reclamo vecinal, la Policía había dispuesto actuaciones del tipo contravencional. A esto se sumaron las acusaciones de los vecinos en contra de la Policía por supuesta complicidad con los dueños de las tierras, puesto que la tala continuaba.

Tras tomar intervención en el caso, el fiscal solicitó que las actuaciones sigan su curso, pero en la órbita correccional, en parte porque existían elementos que podrían configurar una conducta delictiva y además, por las facultades que posee el Ministerio Público en torno a la protección del medio ambiente.

En su reciente requerimiento, el fiscal solicitó al juez que “con carácter de urgente, tome las medidas legales pertinentes y haga cesar los efectos del delito, para lo cual corresponde se disponga en forma cautelar una medida de prohibición de innovar, a fin que se suspenda toda labor o actividad que pudiere implicar una mayor alteración de la geografía del lugar y fundamentalmente se continúen con las actividades de desmonte”.

Cesación inmediata

En respuesta, el juez hizo lugar a tal medida y ordenó al encargado de la finca “El Sausalito”, Bernardo Castellanos, sus propietarios, Javier y Federico Vidizzoni o a quienes se encuentren a cargo que cesen de inmediato los trabajos de desmonte, tala de árboles, y todo tipo de actividad que implique un daño al medio ambiente, bajo el apercibimiento de incurrir en el delito de “desobediencia judicial” en caso de no acatar las órdenes expresas del magistrado.

Asimismo, Rú ordenó y facultó al jefe de la Unidad Regional de la ciudad de Orán a fin de que notifique de dicha resolución a los destinatarios, como así también y a los fines de asegurar la efectividad de la medida, dispuso que el jefe policial implemente una custodia en el predio.

Respecto a la medida cautelar, el juez, en sus fundamentos, explicó que “se constató el hecho que da cuenta la Fiscalía en su requerimiento de juicio, esto es, los trabajos de desmonte y su continuación luego que se notificara la orden de autoridad del cese de ellos”.

En vista de ello, el magistrado agregó que “acerca del hecho ilícito, del derecho reclamado y el peligro en la demora procede, a los efectos de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía Correccional, arbitrar las medidas correspondientes a efectos de evitar que los hechos sean llevados a instancias ulteriores”.

Pedido de juicio contra un encargado

Entre otros apartados de su planteo, el fiscal Miralpeix solicitó juicio oral y público contra Bernardo Castellanos por el delito de desobediencia a la autoridad pública, delito contemplado en el artículo 239 del Córdigo Penal, y por el cual existen penas de hasta un año de prisión.

El articulado dice textualmente que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.

La imputación en contra de Castellanos, encargado de la finca, surge de las actuaciones que realizó el fiscal tras el reclamo de los vecinos y la denuncia radicada por el jefe del Programa de Control y Fiscalización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, Lucas Sachetti, el 18 de diciembre pasado en la Comisaría 23.

En su denuncia, Sachetti explicó que había tomado conocimiento a partir de los vecinos que en la finca El Sausalito los trabajos de desmonte seguían, y que los mismos se hacían en horario nocturno y con enormes cadenas que arrasaban todo en sentido este-oeste.

El funcionario explicó, a su vez, que el 12 de diciembre, seis días antes, se había hecho presente en la finca en cuestión y bajo la autoridad ambiental de la que está investido notificó al encargado de la misma que debía cesar con la tarea de desmonte, instancia que Castellanos dio por entendida.

A los días, sin embargo, los pobladores revelaron que la tarea de desmonte no había cesado, sino que continuaban pero durante la noche. En vista de todas estas actuaciones, y la testimonial de varios habitantes que confirmaron que la tala seguía, el fiscal decidió imputar y solicitar juicio en contra de Castellanos por la desobediencia a la autoridad pública que oportunamente lo notificó de la disposición de frenar el desmonte.

Otras pruebas

Entre otras pruebas obtenidas por la Fiscalía, se encuentran dos actas de inspección del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable en las cuales Castellanos no sólo se da por notificado de la orden de frenar el desmonte, sino se compromete de dar a conocer dicha decisión a los propietarios de la finca. Pese a ello, las actividades de deforestación continuaron.

“Dicho esto, surge evidente que el imputado pese a encontrarse personalmente notificado en fecha 12 de diciembre de 2012, por parte de la correspondiente autoridad de aplicación de paralizar y suspender el desarrollo de toda actividad de desmonte sobre el inmueble en cuestión, en los días inmediato posteriores hasta el día 18 de diciembre de 2012 inclusive, continuaron realizándose dichas actividades bajo su efectiva supervisión, omitiendo cumplimentar la orden dispuesta por representantes de un organismo autorizado por la ley, a emitir una orden como la que se incumplió en autos”, sostuvo el fiscal Miralpeix en su pedido de juicio.-

 

 

Nuevo Diario

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