La realidad en los ingenios azucareros de Salta y Jujuy

03/03/2018 | Revista Norte

Los cinco ingenios azucareros de Jujuy y Salta atraviesan situaciones de conflicto, lo que pone al sector en el centro de la escena de este principio de año. Despidos, suspensiones, amenazas de cierre, procedimientos de crisis y ventas frustradas son algunos de los ingredientes de un cóctel que puede resultar explosivo, por el peso que tiene la actividad en la región, por la cantidad de trabajadores que ven peligrar su estabilidad laboral y por el carácter combativo de los sindicatos que los representan.

Por Mario Hernandez

Apenas el grupo Gloria, de Perú, anunció que cerraba el Ingenio San Isidro, todos los sindicatos azucareros de la región se pusieron en alerta: era la última empresa que faltaba sumarse a la lista de conflictos.

¿Qué está pasando en el sector para que se generalicen los problemas?

Analistas locales aseguran que los buenos resultados que obtuvieron los sindicatos en la paritaria 2017, entre un 31 y un 33 % de aumento, provocó que este año las empresas abrieran el paraguas temprano e iniciaran una serie de acciones que van desde el anuncio de cierre hasta suspensiones, pasando por despidos directos y apertura de retiros voluntarios, preparando el terreno para la negociación 2018, envalentonadas por el techo del 15 % que le puso el gobierno nacional. La paritaria de este año arranca el 1º de mayo, cuando empieza la zafra.

La Esperanza: Gerardo Morales impulsa una licitación que deja 338 despidos

Fundado en 1883, La Esperanza tiene 70.000 hectáreas y en 2016 produjo 45.652 toneladas métricas valor crudo (TMVC) de azúcar, con un rendimiento que alcanzó el 11,30 %. Desde hace más de 15 años la empresa atraviesa un proceso de quiebra, en medio del cual el Estado provincial se hizo cargo de su administración. Apenas asumió Gerardo Morales (UCR-Cambiemos), en diciembre de 2015, se comprometió a resolver la situación del complejo agroindustrial, que emplea a un millar de trabajadores. Pasados dos años, lo único concreto es el despido del 30 % del personal y un conflicto sindical que se profundiza.

El gobierno les ofreció a los cesanteados que eligieran una de estas tres opciones: un puesto en la administración pública provincial, una indemnización más una vivienda, o la jubilación de aquéllos que estuvieran en edad de retirarse. Hubo unos pocos que aceptaron alguna de estas alternativas, pero los números fueron variando día a día porque algunos decidieron volver al ingenio, sobre todo aquéllos que habían optado por un trabajo en el Estado, a los que nunca les dieron una tarea concreta.

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio La Esperanza (SOEAILE) venían advirtiendo que la supuesta operación de venta no resultaba confiable. Y mantienen el reclamo de que la planta se venda “con todos los trabajadores adentro”. Se pasaron los últimos dos años haciendo medidas de fuerza, que levantaban solo cuando empezaba la zafra, conscientes de que era necesario mantener la producción para demostrar la viabilidad de la empresa, y reclamando una reunión con los supuestos compradores, que nunca se concretó.

Con más de veinte delegados y trabajadores que pasaron la Navidad detenidos tras una fuerte represión policial, y con los integrantes de la Comisión Directiva del sindicato imputados penalmente, el SOEAILE sostiene su principal demanda: “Si van a vender, que nos digan con claridad a quién y cómo; y si no van a vender, que pongan lo que tienen que poner para que el ingenio siga produciendo”, sintetiza el secretario general Sergio Juárez.

Mediante una resolución con fecha 14 de febrero el juez de la quiebra del Ingenio, Juan Pablo Calderón, llamó a una nueva licitación que termina el miércoles 21/2. Con ayuda del juez el gobierno ahora intenta dejar atrás el traspié con el grupo Omega cuando mintió públicamente al afirmar una venta que nunca fue.
Recordemos que el propio gobernador Morales y el ministro de Producción, Juan Carlos Abud Robles, afirmaron en más de una ocasión en los medios que la venta a Omega era “la única alternativa a la liquidación del ingenio” y que este grupo empresario exigía el despido de 338 trabajadores como requisito de compra de la empresa.

En el pliego de la nueva licitación, que convoca el juez Calderón, se sostienen los despidos, con lo cual desmiente lo que presentaban como un “capricho” del supuesto inversor y, que ahora queda en claro, es una decisión del gobierno que pretende dejar en la calle a 338 familias como parte de su plan de quebrar la organización de los trabajadores.

Trabajadores que fueron despedidos del Ingenio La Esperanza, junto a familiares y referentes de organizaciones, realizaron este miércoles 28, una olla popular cerca del portón de la fábrica, pidiendo la continuidad laboral de todos los que fueron cesanteados en noviembre pasado.

También realizaron una asamblea en la que se determinó continuar con la lucha y marchar, hoy jueves, hasta el Centro Judicial San Pedro. El dirigente Silvio Eges sostuvo que el juez de la Quiebra “mintió descaradamente a los trabajadores”, argumentando al sindicato que ignoraba todo lo relacionado con los despidos. “Hoy en una audiencia tomé conocimiento que en el expediente figura que el juez Calderón, junto a los síndicos Cura y Pedano, avaló los despidos, los tres firmaron”, dijo el trabajador quien inició una demanda laboral por el despido injustificado.

¿Negocio para los amigos?

El Juez Calderón, escudado en la Ley provincial 5.929, infringe la normativa concursal ya que si bien no se trata de una venta directa, ya que sería ilegal, tampoco es una licitación o subasta como dispone la Ley de Concursos y quiebras ya que no se cumplen los plazos y pasos que determina la Ley. Para eso el Juez Calderón inventó un “concurso de precios”, que en realidad está encubriendo una venta directa. ¿A qué empresa?

No se sabe, ya que el Gobierno de Morales se niega a brindar cualquier información acerca de oferentes, interesados o los términos del acuerdo con Omega.
Lo único que se sabe, es que la venta del Ingenio está absolutamente teñida de la más completa de las oscuridades, y resuelta en los despachos de la misma Gobernación.

Trabajadores, ¿sin Esperanza?

Lo más grave de esta situación, es que tanto el Juzgado como el Gobierno de Morales tratan de mantener a los trabajadores como meros espectadores de esta venta fraudulenta.

Luego de casi 20 años en que los únicos que mantuvieron con vida el Ingenio fueron los propios trabajadores, el proceso de venta, dispuesto por el Juez Calderón tiene como “base” lo acordado oportunamente por la Fiscalía de Estado con el grupo Omega: que solo se adquiera con 600 trabajadores, y esa fue la excusa que utilizó el gobierno de Morales para justificar los 338 despidos, a pesar que el pliego del año 2008 contemplaba a 2.000 trabajadores.

Frente a esto, el secretario general del Sindicato de Obreros del Azúcar del Ingenio La Esperanza (SOEA), Sergio Juárez, presentó un pedido de revocatoria solicitando la suspensión de la resolución judicial.

En la tarde del miércoles 21 los obreros azucareros y las mujeres, se movilizaron exigiendo la reincorporación de los despedidos. Fueron acompañados por referentes de ATE San Pedro, el sindicato de ladrilleros, ADIUNJU y el Frente de Izquierda, incluyendo sus 4 diputados: Alejandro Vilca, Natalia Morales y Eduardo Hernández del PTS e Iñaki Aldasoro del PO.

La nutrida columna partió de la Plaza de los Agricultores, seguida por una caravana de motos conducidas por trabajadores del ingenio, para realizar un acto en las puertas del municipio, frente a la Plaza General Manuel Belgrano, en el centro de San Pedro. Allí distintas organizaciones brindaron su solidaridad y los obreros y las mujeres ratificaron su compromiso de lucha por la reincorporación de todos los despedidos. Finalmente los obreros resolvieron regresar el día siguiente por la mañana para seguir las novedades del proceso de licitación del ingenio lanzado por el gobierno. También movilizaron a la Legislatura provincial, donde el bloque del PTS-Frente de Izquierda solicitó el tratamiento de un pedido de interpelación al ministro de Producción, Abud Robles, para que dé información sobre la situación del ingenio y el proceso de veta del mismo, incluyendo los motivos de la decisión de despedir 338 obreros.

En una nueva jornada de lucha los obreros y las mujeres azucareras de La Esperanza ratificaron su compromiso en la pelea contra los despidos y aseguraron que en próximas asambleas definirán los pasos a seguir.

Río Grande en tensa calma

De los tres jujeños, el ingenio Río Grande de La Mendieta es considerado como el más “prolijo”. En las 8.000 hectáreas que ocupa emplea a unos 600 trabajadores de planta, un número que llega a 800 en tiempos de zafra. En 2016 produjo 81.210 TMVC y le ganó en rendimiento a los otros ingenios jujeños, incluido el poderoso Ledesma, al alcanzar 13,20 % de rendimiento.

Aquí no parece haber conflicto. Sin embargo, las dos organizaciones que representan a sus trabajadores -el Centro de Empleados Azucareros del Ingenio Río Grande (CEAIRG) y el Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Río Grande (SOEAIRG)-, que integran también la FAR, se sumaron a la gran caravana azucarera.

Ledesma: disciplinar y meter miedo

El Ingenio Ledesma es el mayor productor de azúcar de la Argentina, con el 17 % del total del país. Emplea a unos 8.000 trabajadores y ocupa 170.000 hectáreas. En 2016 produjo un total de 375.000 TMVC, con un rendimiento del 12,81 %. Produce no solo azúcar sino también alcohol, en su mayoría para biocombustibles, y papel.

Tras un 2017 en el que la empresa logró torcerle el brazo al sindicato luego de una sucesión de paros y movilizaciones, entre diciembre y enero produjo 30 despidos y se anunció que se abriría una lista de retiros voluntarios. Lo explicó la empresa en un comunicado de prensa, en el que asegura que “no hay ninguna posibilidad de rever las desvinculaciones efectuadas entre diciembre y enero, habida cuenta de la situación económica adversa que sufre el sector azucarero argentino”.

La propuesta que le hizo al titular del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL), Rafael Vargas, consiste en “conformar una mesa de trabajo para avanzar junto al gremio en una reducción de costos”. Además, se comprometió a no realizar nuevos despidos durante el primer semestre de este año, aunque condicionó esta última cuestión, “siempre que se mantenga el clima de paz social”.

La reducción de costos de la que habla la empresa vendría dada por los despidos, los retiros voluntarios, la aprobación de la paritaria anterior tal cual la propuso y congelar la próxima en el porcentaje que cierre la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA).

El comunicado patronal se difundió luego de dos semanas de reuniones. Desde el sindicato estuvieron dispuestos a alcanzar un acuerdo salarial para 2017/2018 y 2018/2019, discutir las condiciones de trabajo e incluso modificar el Convenio colectivo para acompañar el supuesto proceso de crisis alegado por la empresa, a cambio de la reincorporación de los 30 despedidos sin causa. No hubo acuerdo. “Prevaleció la postura que desnuda el verdadero objetivo de Ledesma: golpear por los cumpas más destacados en nuestra lucha; disciplinar y meter miedo”, describió Vargas. Es que los 30 despedidos estuvieron entre los trabajadores más activos en las últimas medidas de fuerza, los que estuvieron en la ruta y en las asambleas, y enfrentaron la represión policial.

En la sesión extraordinaria del 9 de enero, el Concejo Deliberante de Libertador Gral. San Martín aprobó una declaración de repudio al acoso laboral y los despidos en el Ingenio Ledesma, a partir de un proyecto presentado por los concejales del PTS-Frente de Izquierda, Miguel López y Luis Guerra. López afirmó que “la empresa toma represalias contra los activistas en una muestra más del atropello a las libertades sindicales y al derecho al trabajo contemplado en la misma Constitución nacional”, y lamentó que el ministerio de Trabajo de la provincia se mantenga en silencio. “Es una vergüenza cómo defienden en forma descarada a una empresa que se cree impune”, dijo.

En noviembre pasado, la empresa Ledesma informó que la producción de azúcar en 2017 fue un 7 % más baja que en 2016, y atribuyó esa merma a “la sequía que sufrió la caña en el verano pasado, antes del comienzo de la zafra, y a la huelga que protagonizó el SOEAIL”. Fueron más de 20 días de huelga durante todo el año pasado. Los trabajadores reclamaban una mejora salarial respecto de lo que se había acordado en el marco del Centro Azucarero Regional del Norte Argentino (CARNA), que nuclea a los ingenios de Salta y Jujuy y es controlado por el salteño Tabacal y el jujeño Ledesma. Para el sindicato, es justo reclamar un mayor aumento en el caso de Ledesma, por tratarse del ingenio más importante del país.

“Ellos golpean en las fiestas para llegar en buenas condiciones, quieren congelar y quieren volver al esquema de los 90, en el cual la FOTIA pone un porcentaje bajo de aumento, y ese porcentaje se replica no solo en los 14 ingenios de Tucumán sino también en los de Salta y Jujuy”, analiza Miguel López, concejal de Libertador Gral. San Martín por el PTS-FIT, y agrega: “A través del esquema redistributivo que hubo bajo el paraguas kirchnerista, y la recuperación económica, los ingenios del norte, a través de la lucha, superaron el porcentaje que sacaban en Tucumán. Ahora ellos quieren volver a esos parámetros”.

San Isidro: lock out patronal

Sin dudas, la noticia de mayor impacto proveniente del sector azucarero fue la del cierre del Ingenio San Isidro, ubicado en la zona de Gral. Güemes, en Salta. En algo más de 10.000 hectáreas, emplea a 730 trabajadores. En la temporada 2016 produjo casi 63.000 TMVC, con un rendimiento del 11,4 %.

El Grupo Gloria, de Perú, a través de las empresas Prosal S. A. y Emaisa S. A., cerró la planta, colgó un banner anunciando el cierre, colocó custodia policial y presentó en la justicia un procedimiento preventivo de crisis, alegando que se van del país porque “la producción en la Argentina no es rentable”.

El Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio San Isidro (SOEASI) logró el año pasado los mejores resultados en materia de negociación paritaria, convirtiéndose en un faro para los gremios de los otros ingenios de la región norte.

El panorama es incierto. El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey se comprometió a “acompañar” y “contener” a los obreros, pero aclaró que no hay ninguna chance de estatización. A lo sumo, va a hacer esfuerzos para encontrar algún inversor que se interese en el ingenio. Mientras tanto, la planta está cerrada y con custodia policial.

Mariano Cuenca, el secretario General del Soeasi (Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro), informó ayer que tomó conocimiento de una posibilidad de que el Grupo Gloria, actual propietaria del ingenio Azucarero San Isidro, tomara la decisión de vender la empresa a capitales nacionales. “No es nada oficial porque el Grupo Gloria nunca informa nada, lo cual siempre fue para nosotros una gran preocupación porque no podíamos saber qué planeaban hacer, la fuente es extraoficial pero de personas muy cercanas a la empresa, según nos hicieron saber habría un ofrecimiento que está siendo evaluado. La oferta habría sido presentada por la firma Rocha Ferro, propietaria de varios ingenios en Tucumán. Esta venta sería la ideal porque se trata de capitales nacionales y de un empresario que se dedica solo a la actividad azucarera. Eso nos garantiza que no se trata solo de una inversión más sino que tiene un propósito de crecimiento, lo único que pedimos es que la transacción se realice a corto plazo para que podamos estar preparados para la zafra de este año”, dijo el secretario gremial.

Tabacal: uno de cada diez

Las cosas están también complicadas en el otro ingenio salteño, el San Martín de Tabacal, ubicado en la zona de Orán y gerenciado por la estadounidense Seabord Corp. En algo más de 35.000 hectáreas, emplea a unos 1.800 trabajadores, siendo el principal empleador privado de Salta. En 2016 produjo 117.000 TMVC, con un rendimiento del 11,6 %. Además, lidera la producción de biocombustibles.

En las últimas semanas, Seabord anunció el despido del 10 % del personal en el marco de una “reestructuración” con el fin de “sostener la operación” del complejo agroindustrial.

“Dicen que tienen que despedir a 180 trabajadores para que no haya más despidos, y eso es una extorsión”, analiza Miguel López.

La reestructuración alcanza proporcionalmente a todos los niveles, incluyendo directores, gerentes, otros empleados fuera de convenio y trabajadores dentro de convenio, según indicó la empresa en un comunicado. Allí también se exponen las razones. “Las más recientes tienen que ver con las reformas previsional y fiscal llevadas a cabo por el gobierno nacional y el gobierno de Salta, que si bien para algunas empresas son beneficiosas, no es así en el caso de otras economías regionales o sectores en particular, como queda evidenciado con otras reestructuraciones y despidos que son de conocimiento público”, afirman.

También invocan el aumento del precio del gas, la fuerte baja en el precio del bioetanol, el aumento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos decidido por el fisco salteño y los posibles cambios en las sumas no remunerativas. Aseguran que los aportes patronales a la Seguridad social aumentaron un 94 %, porque la reforma eliminó el concepto de “lugar remoto” que tenía una alícuota menor.

A todo esto suman “un ciclo de pérdidas reiteradas, especialmente en los últimos cinco años, donde a las cuestiones económicas locales y de precio internacional se añadieron los conflictos sindicales” y hacen la cuenta exacta: en los últimos nueve años, se perdieron 284 días por paros, lo que representa más de una zafra y media. Dicen además que estos conflictos “fueron empujando los niveles salariales a montos insostenibles”.

El martes se realizó una nueva conciliación obligatoria entre el ingenio El Tabacal y el Sindicato de Trabajadores del Azúcar. La jornada culminó con un corte simbólico de la ruta nacional 50, a la altura de Hipólito Yrigoyen, donde un grupo de trabajadores esperaba los resultados de la audiencia de conciliación. El martes, los trabajadores efectuaron una asamblea y decidieron mantener el alerta y la movilización por los despidos anunciados por la empresa.

Razones patronales verdaderas

“Los azucareros de las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán son parte de los sectores económicos ganadores bajo el gobierno de Macri, que no solo se vieron beneficiados por el aumento del cupo de bioetanol en naftas, la devaluación y la quita de retenciones a la exportación, sino que además vienen siendo beneficiados por un sostenido aumento de los precios del bioetanol, que se triplicó en los últimos cinco años, y de los precios internos del azúcar, que han aumentado más de un 50 % en el último año”, asegura Miguel López.

En noviembre del año pasado, en el marco de la reforma impositiva, el gobierno nacional había dispuesto una reducción del 29 % en los precios del bioetanol que pagan las empresas petroleras, pero dio marcha atrás a la medida tras acordar con los gobernadores el apoyo a la reforma previsional. Finalmente, la reducción fue del 7,5 % hasta enero de 2018, y a partir de febrero se implementó un segundo tramo del 14 %, sujeto a una revisión de las partes. “De todos modos, de aplicarse esta rebaja, los precios del bioetanol se mantendrían en niveles históricamente altos”, advierte López y concluye: “Nosotros creemos que hay un plan conjunto de la entidad patronal que nuclea a todas estas empresas, el CARNA. La cuestión es corporativa”.

Esta conducta corporativa, según analizan sindicalistas y economistas, podría estar relacionada con el logro de los trabajadores del ahora cerrado San Isidro, que conquistaron el salario más alto de la actividad en lo que se sintió como una derrota de la patronal, el Grupo Gloria. “Esa victoria se convirtió en un faro de referencia para obtener salarios cercanos a esos números, pero eso no ocurrió porque hubo dos bravuconadas fuertes: una fue la de Gerardo Morales desviando la discusión en La Esperanza, al plantear despidos y no discutir salarios, y la otra de Ledesma, que no pensó en la paritaria en función de cómo afectaba la zafra sino que previó cómo podía beneficiar a la patronal haciendo caer el salario de acá en adelante, para recuperar lo perdido en cinco paritarias anteriores”.

Teniendo en cuenta que el precio de la bolsa de azúcar está en uno de los mejores valores de los últimos tiempos, para el economista Guillermo Sapag, las crisis invocadas por los empresarios son una forma de presionar al gobierno nacional para que se les habilite un mayor porcentaje de bioetanol. Además, buscan mantener lo más bajo posible el aumento salarial de este año, después de que el año pasado los sindicatos lograran entre el 31 y el 33 %, “aprovechando que el gobierno puso un techo de 15 %”.

De este modo, el cierre de un establecimiento como el San Isidro va a ser tenido en cuenta por los demás para justificar una reducción de salarios y personal.

¿Es posible que Ledesma quiera comprar o asociarse a los ingenios que ahora están en problemas, como el San Isidro y La Esperanza? Para Sapag, es difícil que eso suceda. “Ledesma ya se quemó -afirma- cuando trató de quedarse con La Esperanza. Si ahora ya los catalogan de monopolio, imaginate si llegan a comprar otro ingenio”.

López también tiene dudas. “No tengo la seguridad. El año pasado hubo un ofrecimiento del grupo Macro para entrar a La Esperanza, y ahí sí podía haber connivencia con los Blaquier para quedarse con el ingenio a través de un testaferro o de alguna otra manera. Pero ahora no está claro que pase algo de esto”.

No obstante, hay un antecedente. En 2016, la compañía de Blaquier se interesó en la compra de los ingenios tucumanos Concepción -el más grande en producción azucarera después de Ledesma- y Marapa. La operación finalmente no se concretó, porque a partir de la asunción de Donald Trump se cerró el mercado de biocombustibles de Estados Unidos. El Concepción fue comprado finalmente por el grupo supermercadista Emilio Luque, de Tucumán. Para algunos observadores, allí triunfó la oligarquía local, que prefería a un empresario tucumano en lugar de Blaquier. Algo similar ocurrió en Jujuy cuando Ledesma se interesó en La Esperanza, una movida que encontró la oposición de “la casta política jujeña”, que entendió que Blaquier, al quedarse con La Esperanza, podía afectarlos políticamente, por el poder que implicaba tan concentración.-

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