Las autoridades sabían del riesgo de vida de los campe- sinos por las tierras

13/10/2012 | Revista Norte

 

Habían advertido a funcionarios salteños que podía morir un campesino

 

 

“Se considera necesario realizar una agenda donde participen los distintos ministerios, entidades y organismos para llevar adelante… para salvaguardar los intereses de los pobladores de los distintos parajes y sus organizaciones”. Esto establecía un acta que se había firmado el 6 de julio pasado entre miembros del MOCASE, el Movimiento Nacional Campesino (MNCI), organizaciones de derechos humanos y funcionarios del Ministerio de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Pueblos Originarios en Salta. 

 

 

La raíz de la convocatoria fue tras el balazo que recibió un campesino, Sixto Ruiz, en paraje La Choya por parte de guardias contratados por una empresa. 

En aquel momento los referentes del campesinado habían advertido a las autoridades el peligro que implicaba por los conflictos de tierras que haya un muerto en cualquier momento. Pese al compromiso los funcionarios nunca aparecieron por el lugar. Y como se había anunciado, la lamentable muerte de Miguel Galván llegó. 

Este es el resumen de un conflicto de tierras que son salteñas a fuerza de una ley de la dictadura, no fueron regularizadas ni por Santiago del Estero ni por Salta, son codiciadas por algunos grandes productores, y parecen estar en medio de una zona gris en donde tres provincias (Santiago, Salta y Chaco) actúan de alguna manera, pero no se sabe demasiado bien quién se hace cargo. 

Tras las investigaciones que se hicieron en la Dirección General de Inmuebles y con campesinos de la zona, se pudo corroborar que el asesinato del campesino Miguel Galván fue en territorio salteño. 

El dato no es menor si se tiene en cuenta que las tierras en las cuales murió, que desde 1979 (por una Ley de la Dictadura), pasaron desde Santiago a Salta, no tienen en la provincia ni mensura ni matrícula, por lo cual tampoco se pudo establecer el procedimiento de la venta. Se sospecha que esta transacción se habría realizado en Santiago del Estero.

Las empresas que se van apostando en el lugar generan enfrentamientos entre los mismos campesinos dado que algunos de ellos apoyan la intención de las empresas de ‘comprar’ las tierras y otros no. 

El asesinato de Galván, según lo indicaron algunos vecinos de la zona, habría sido consecuencia de estos mismos enfrentamientos. 

Mientras, el conflicto de límites parece obstaculizar todo lo demás pues, según las últimas informaciones, el supuesto homicida está detenido e internado en un Hospital de Resistencia (Chaco), actuó la policía de Tolloche (en Anta, Salta), y se elevan las quejas al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Quien actúa por el homicidio, en tanto, es el juez de Metán, Mario Dilascio. 

La explicación de esta dispersión  radica en que las tierras se encuentran en el triple límite de las tres provincias, además de la mencionada ley que establece los nuevos límites. 

Se esperaba que en principio los títulos que había en Santiago del Estero sean pasados a Salta por gestión de las administraciones provinciales. 

Pero en 1985 y por un decreto se estableció que debían ser los titulares de las tierras los que debían presentarse a Inmuebles en Salta y enmarcándose en “protocolos especiales”, inscribirse en la entidad. –

 

Publicado por Nuevo Diario

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