Las millonarias licitaciones que la gestión de Gustavo Sáenz le dio a una empresa fantasma

Por estas irregularidades, se procedió a la investigación de la capacidad operativa de SEC S.A. que dejaron al descubierto más inconsistencias. La auditoria descubrió que la compañía, de abril a mayo de 2017, los meses en que realizó los trabajos, sólo tenía un empleado declarado. Era Augusto Aparicio Pereyra, con un sueldo de $10.670, que, según la AFIP, “habría tenido la titánica labor” de instalar 600 farolas y 690 luminarias. Después de ese período, la empresa declaró cuatro trabajadores.

Además de no tener la cantidad de mano de obra necesaria para llevar adelante las tareas, el análisis de las facturas receptadas por SEC S.A. reflejó que tampoco adquirió materiales para la instalación de farolas y luminarias ni, mucho menos, contrató más personal. O sea, no sólo un trabajador se encargó – supuestamente – de todas las tareas, sino que además la firma debió auto-proveerse del material por lo que se concluyó que jamás podría haber realizado tales tareas.

Por esto, la AFIP denunció: “Estaríamos frente a una firma proveedora de crédito fiscal apócrifo” usadas para, “con viso de legalidad, respetando las formas” realizar “a través de ellas negocios espurios en los que ser vería afectado el erario público municipal y las que se utilizan para la comisión de distintos delitos”.

A partir de este análisis se encontró que otras empresas vinculadas a la causa, proveedoras de la Municipalidad, también facturaron al organismo desde la misma IP que la casa de Gobierno. Son 26 compañías que emitieron comprobantes desde esa dirección pro un total de $121.645.342 entre enero de 2017 y septiembre de 2018.

La investigación llevó a encontrar otras empresas vinculadas a SEC S.A. y que también facturaron al municipio. Tal es el caso de Grupo Giro S.R.L. Una compañía vinculada a la construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales y servicios de publicidad. Por el análisis realizado se concluyó que sólo les emitió comprobantes comerciales a organismos públicos, entre los que está la Municipalidad de Salta, pese a haber declarado sólo un empleado entre abril y julio de 2017 y, luego, pasar a cuatro en agosto del mismo año. Al igual que la firma de Huergo.

Otra de las empresas que saltó a la luz es Arcadio, integrada por Gerardo Rubén Romero (el mismo jubilado accionista de SEC S.A.) y Jorge Luis Bonifacio para, luego, nombrar la participación de Huergo en el capital societario de la compañía. El domicilio fiscal registrado es el mismo que el personal de Romero, una módica casa habitación, y que el de Lusal Obras y Servicios S.R.L. – otra de las firmas en la mira -.

Arcadio declaró 38 empleados en relación de dependencia y, para la AFIP, ésta no sería una empresa ficticia pero sí una sociedad en la cual sus socios verdaderos están ocultos bajo el nombre de Romero.

Finalmente, Lusal también tiene al jubilado como integrante y no posee bienes registrables, no registra acreditaciones bancarias, sólo declaró un trabajador de marzo a julio de 2017 y el domicilio fiscal es el mismo que el de Arcadio y el de Romero. Nuevamente, la casa habitación.

De este modo, se inició la investigación de una asociación ilícita fiscal que consumó delitos de evasión tributaria con facturas apócrifas y la sospecha sobre fraudes en perjuicio del municipio. Para llevar adelante el delito, se “operaría mediante el empleo de personas físicas y jurídicas en actividad, otras de papel que ocultan sus verdaderos titulares para, con la connivencia de funcionarios públicos, resultar adjudicatarias de obras públicas con sobreprecios, las cuales obtendrían directamente o con el concierto de voluntades a través del direccionamiento en su favor”. Para lograrlo, se valieron de sus lazos con otras empresas existentes o inventadas para hacer una compulsa e imitar un procedimiento de licitación legal.-