«Paradise Papers» Piden la detención de ex autoridades de la Universidad Nac. de Tucumán

Se trata de cuatro ex funcionarios que fueron procesados por desviar recursos que dicha casa de estudios recibía de “Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio”, explotado comercialmente por Minera la Alumbrera Ltda. Esta última se encontraría conectada a una red de sociedades offshore en Islas Caimán e Islas Bermudas como parte del Grupo Glencore, según se desprende de la investigación periodística global conocida como «Paradise Papers».

El titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, solicitó la detención de Juan Alberto Cerisola –ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) entre 2006 y 2009-, Olga Cudmani –directora general de Construcciones Universitarias-, Osvaldo Venturino –director de Inversiones y Contrataciones- y Luis Fernando Sacca –subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión- ante la sospecha de que el manejo indebido de los fondos remitidos por “Minera La Alumbrera Ltda.”, a través de mecanismos para dotarlos de legalidad, “debieron ser redirigidos desde el circuito de dinero previa y decididamente estructurado hacia el peculio de los involucrados en los actos de corrupción investigados”.  El pedido tiene lugar tras tomar estado público el vínculo que existiría entre «Minera La Alumbrera Ltda» y un conjunto de sociedades radicadas en paraísos fiscales -Islas Caimán e Islas Bermudas», según se desprende de la investigación periodística conocida como «Paradise Papers».

Las mencionadas autoridades de la UNT se encuentran procesadas en el marco de una causa donde se investigan presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), una empresa del Estado de derecho privado, en la cual la UNT tiene participación. A su vez, dentro de su concesión, se encuentra el yacimiento de cobre, oro y molibdeno “Bajo de La Alumbrera”, uno de los diez mayores yacimientos de oro y cobre del mundo.

Según el fiscal Gómez, «se estaría en presencia de una inconducta merecedora de ser calificada como modus operandi del delito de lavado de activos».

En el marco de un recurso de aclaratoria, el fiscal general Gómez hizo referencia a la investigación global desarrollada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeustche Zeitung, denominada “Paradise Papers”, en la que se denuncia que la multinacional Glencore montó estructuras financieras en paraísos fiscales de las Islas Bermudas e Islas Caimán, entre las que se encuentra la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Minera La Alumbrera Ltda., que es investigada por evasión fiscal y deficiencias en la política ambiental.

Minera La Alumbrera Ltda. es responsable del yacimiento de cobre, oro y molibdeno “Bajo de La Alumbrera” y de “Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio” (YMAD) -creada por Ley 14.771 del año 1959-, cuyo directorio está integrado por un presidente, designado por el Poder Ejecutivo Nacional, dos directores nombrados por la Provincia de Catamarca y dos directores propuestos por la Universidad Nacional de Tucumán, la cual recibía fondos provenientes de la explotación minera/industrial de dicha cantera.

Tal como consignó Gómez en su recurso de aclaratoria, “estos aportes son contundentes al momento de considerar el origen, ingreso y manejo del flujo del dinero por los funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán. Por lo que no es ininteligible el recorte que se observa en el despliegue de la investigación (…). La ingeniería financiera desplegada hacia fuera y hacia dentro de la Universidad Nacional de Tucumán indican la envergadura de la investigación de marras y que no está siendo atendida por las premisas investigativas en la instancia de grado”. Por ello, consideró oportuno que se detuviera a Cerisola, Sacca, Cudmani y Venturino, ya que si bien muchos de ellos dejaron de prestar funciones, lo cierto es que, a la fecha, aún hay funcionarios designados por los mismos, lo que les permitiría “alterar de alguna manera la producción de prueba o entorpecer el correcto devenir procesal”.

El recurso de aclaratoria interpuesto por el fiscal general Gómez tiene lugar luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán rechazara las apelaciones interpuestas por las defensas de Cerisola, Cudman, Venturino y Sacca contra la resolución del titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, que procesó sin prisión preventiva a Juan Alberto Cerisola y Luis Alberto Sacca, como coautores de los delitos de administración fraudulenta contra la Administración Pública e incumplimiento de deberes de funcionario público, al tiempo que trabó embargos sobre sus bienes por las sumas de $50.000.000 y $10.000.000, respectivamente. En igual sentido se expresó respecto a Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino, a quienes procesó como coautores de administración fraudulenta contra la Administración Pública y les embargó sus bienes por las sumas de $30.000.000 y $3.000.000, decretó el sobreseimiento de Cerisola, respecto a la imputación que le cabía por malversación de caudales públicos y dictó la falta de mérito en favor de Horacio A. Lobo – Inspector de Obras- y Juan Carlos Raimundin –ex Secretario Administrativo de la UNT-.

Para el fiscal general “el objeto de la presente instrucción está delimitado por la determinación de una entidad real de los hechos imputados a los sujetos, que en el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán, intervinieron en el manejo de recursos económicos provenientes del emprendimiento industrial/minero ‘Aguas de Dionisio’, explotado por Minera La Alumbrera Ltda., como integrante de la Unión Transitoria de Empresas bajo la figura de ‘Yacimientos Mineros Agua de Dionisio’ (YMAD)”.

La investigación contra las autoridades de la UNT

La pesquisa se inició por diversas denuncias –algunas anónimas, por lo que el fiscal general actuó de oficio- y requerimientos del Ministerio Público Fiscal, que daban cuenta de la articulación de presuntas maniobras ilícitas en el manejo de fondos públicos administrados por funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán, en virtud de haberse detectado sobreprecios en nuevas edificaciones; violaciones a los límites autorizados para la contratación de obras complementarias; violación de los límites legales para la contratación directa y por concurso privado de precios establecidos por el Decreto 436/2000; compras y contrataciones que omitían el procedimiento de licitación pública; malversación de fondos públicos; inversión fraudulenta a través de la colocación de fondos a intereses y negociaciones incompatibles con la función pública respecto a 86 proyectos de la Dirección General de Construcciones Universitarias.

En ese contexto, se imputó a Juan Alberto Cerisola –rector de la UNT durante el periodo 2006/2009-, a Osvaldo Venturino -Director de Inversiones y Contrataciones-, Luis Fernando Sacca -Subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión-, Horacio Alfredo Lobo -Inspector de Obras-, Olga Graciela Cudmani -Directora General de Construcciones Universitarias-, Carlos Raimundin –ex Secretario Administrativo-.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal “la inconducta endilgada a los imputados fue cuidadosamente ideada, diseñada y ejecutada por integrantes de la estructura administrativa conformada dentro de la organización de la Universidad Nacional de Tucumán”. Así, los imputados habrían dictado diversos actos administrativos, los cuales “fueron concebidos con la clara finalidad de dotar de apariencia de legalidad formal los actos ilícitos articulados el aplicación de los dineros” provenientes del Yacimiento Minero de Aguas de Dionisio (YMAD).

Requerimiento de ampliar la investigación

Por otra parte, se reiteró el pedido para ampliar la investigación sobre María Luisa Rossi de Fernández –ex vicerrectora de la UNT-, Augusto González Navarro –responsable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNT-, José Hugo Saab –secretario general de la Universidad-; los integrantes del directorio de YMAD, el equipo de Planeamiento y el equipo Económico de la UNT, y los integrantes del Consejo Superior ni de los representantes de las empresas contratistas.

El fiscal general también destacó que los “dineros aportados por YMAD, son la consecuencia de una explotación minera/industrial que es objeto de múltiples causas penales por supuesta contaminación ambiental” al tiempo que sostuvo que debía considerarse que los investigados habían conformado una asociación ilícita por cuanto “se está en presencia de una organización que supera ampliamente el mínimo de integrantes requeridos; hay una diferenciación prístina de roles y funciones en la asociación, que lucen observables sin esfuerzo, pues el grupo adoptó para sí los roles estipulados en la función a la división de trabajo que rige la actividad institucional de la Universidad”.

Asimismo, sostuvo que “la estructura administrativa montada con el objeto de otorgar apariencia de legalidad, la multiplicidad e informalidad de la obra pública licitada, sumado al flujo de los dineros y dividendos generados, tal como surge de los informes de los organismos de control como la SIGEN y la AGN son indicativos de que se estaría en presencia de una inconducta merecedora de ser calificada como modus operandi del delito de lavado de activos”, por lo que “resulta objetable la omisión que evidencia la sentencia criticada ya que se dejaría de lado una etapa del tracto delictivo que resulta indicativo de la intención que animó a los sujetos procesados en el manejo del patrimonio de la Universidad Nacional de Tucumán.”-

fiscales.gob.ar

 

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Los “Paradise Papers” se cuelan en el caso YMAD

El fiscal federal general Gustavo Gómez pidió una serie de detenciones a través de un recurso de aclaratoria, y apuntó contra el ex rector Cerisola y otros ex funcionarios de la UNT. Además, introdujo como elemento nuevo la aparición de una empresa que estaría vinculada a supuestos paraísos fiscales.

El fiscal federal general Gustavo Gómez introdujo un elemento inédito a la causa “YMAD”, que investiga el presunto manejo irregular de fondos mineros administrados por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) entre 2006 y 2009.

A través de un recurso de aclaratoria planteado ante la Cámara Federal, el representante del Ministerio Público Fiscal no sólo pidió la detención de ex funcionarios de la casa de altos estudios -entre los que aparecen el ex rector de la UNT Juan Alberto Cerisola y el ex secretario administrativo y ex diputado nacional por la UCR, Luis Sacca-.

Además, Gómez consideró que existen elementos para considerar la posible comisión del delito de lavado de activos. En ese sentido, citó en el escrito judicial la aparición de una empresa multinacional presuntamente ligada a la explotación de la mina de La Alumbrera en la investigación periodística de alcance mundial “Paradise Papers”, como se denomina a la continuación de los “Panama Papers”.

“Un argumento más que debe traerse a este análisis es el dato publicado por un diario de tirada nacional, cuyo título es ‘Glencore’ montó una red offshore para operar la mina de oro La Alumbrera’”, indicó el fiscal federal general, en alusión a una nota publicada el lunes pasado por el diario La Nación. Agregó que ese artículo detalla información colectada en el marco de la labor llevada adelante por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

“(Allí se) delinea la estructura financiera montada en paraísos fiscales, como Islas Bermudas e Islas Caimán, mediante la cual la empresa Glencore operó la extracción de minerales, lo que mereció cuestionamientos judiciales y sociales por la presunta evasión fiscal y las deficiencias de política ambiental. Concretamente, la información asevera que Glencore opera Minera Alumbrera Ltda. utilizando empresas off shore”, señaló Gómez.

El planteo del magistrado fue duramente criticado por los abogados defensores, que incluso anticiparon su intención de recusarlo (ver nota aparte). Mientras tanto, la cuestión generó fuertes repercusiones en los pasillos de la casa de altos estudios.

La causa “YMAD” data de 2010. Se inició por la denuncia penal de Ramón Eudal. Luego fue incorporando expedientes por otros planteos, como el efectuado por el abogado Oscar López por presuntos sobreprecios en la ejecución de obras en instalaciones universitarias. La semana pasada se conoció que la Cámara Federal de Tucumán había rechazado la apelación presentada en 2016 por los defensores de los imputados.

Mediante un recurso de aclaratoria, Gómez requirió el martes nuevas medidas en este caso.

Entre ellas, consideró que existen elementos suficientes para ordenar una serie de detenciones, dado que los sospechosos -según el fiscal federal general- podrían llevar a cabo maniobras que perjudiquen la pesquisa. “Entre los imputados hay quienes cumplieron funciones en ejercicio de un cargo político y ya cesaron en tal función respecto a la periodicidad del ejercicio de tal rol. Esto no implica que a la fecha haya funcionarios designados por los mismos y que le permiten alterar de alguna manera la producción de prueba o entorpecer el correcto devenir procesal”, manifestó Gómez.

Mencionó en ese sentido a Cerisola, a Sacca, a Olga Graciela Cudmani (encargada de la Dirección General de Construcciones al momento de los hechos) y Osvaldo Venturino (ex director de Inversiones y Contrataciones de UNT). El fiscal federal general agregó: “la envergadura del perjuicio económico y la complejidad de los mecanismos financieros, a través de la intervención de diversos intermediarios y formas jurídicas utilizadas para el caso, debieran sopesar sobre el análisis del dictado de una medida cautelar restrictiva de la libertad”.

Según Gómez, también resulta objetable la “omisión” en la sentencia de la Cámara Federal sobre un presunto lavado de activos. “Es razonable sospechar que el indebido manejo de los dineros remitidos por Minera Alumbrera Ldta, a través de argucias con apariencias de legalidad, debieron ser redirigidos desde el circuito de dinero previa y decididamente estructurado hacia el peculio de los involucrados en los actos de corrupción investigados.

Esta hipótesis sólo puede ser analizada desde la perspectiva punitiva brindada por el tipo penal de lavado de dinero, lo contrario a toda especie o tipo de investigación en esa línea constituye un mascaron de impunidad que beneficiaría a los imputados”, remarcó el fiscal federal, que quedó a la espera del visto bueno de la Cámara.-

 

Silvia Peyracchia, abogada a cargo de la defensa del ex rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, afirmó que aún no fue notificada sobre los planteos del fiscal federal general, Gustavo Gómez, que involucran desde pedidos de detenciones hasta requerimientos para investigar el posible lavado de activos a través de empresas off shore.

De todas formas, la letrada considera que el representante del Ministerio Público se excedió en su competencia y desconoció una resolución vigente desde 2016 que exime de prisión a su cliente. Ante estas circunstancias, anticipó que está preparando un pedido para apartar al magistrado del caso “YMAD”.

“Se trata de una cuestión puramente mediática del fiscal federal general. Esto va a autorizar, y estamos trabajando en ello, el pedido de recusación con causa (en su contra) por el quiebre de la objetividad y del deber jurídico que tiene el Ministerio Público de obrar resguardando las garantías constitucionales y el principio de razonablidad”, señaló Peyracchia.

La letrada insistió con que sólo conocía las medidas requeridas por Gómez “por extractos periodísticos”. Por ello, afirmó, no tiene datos sobre la hipótesis que vincula la causa “YMAD” con el presunto lavado de activos a través de empresas off shore, todo esto en el marco de los “Paradise Papers”.

“Es una novedad que introduce el fiscal (general); no sé qué relación puede encontrar con todo esto. No hay absolutamente ninguna vinculación en la referencia del caso que hace con la causa que se investiga, ni vinculado a los hechos, ni al derecho”, señaló Peyracchia.

Atacó además el pedido de detención que efectuó el magistrado. “Esta es su primera intervención (en el expediente); no es el fiscal de la causa y no puede pedir este tipo de medidas”, señaló. Afirmó que pidió acceder a las actuaciones y obtener una copia certificada para dar los próximos pasos.

“Entendemos que, de confirmarse que ha efectuado un pedido de detención (contra mi cliente), estaría obrando con manifiesto desborde competencial, y en violación de los principios de legalidad, objetividad y razonabilidad”, aseveró. Y recordó que quienes tienen competencia para requerir medidas son el juez federal Fernando Poviña y el fiscal federal N° 1, Carlos Brito.

“Si (Gómez) hubiera tenido un conocimiento completo de la causa advertiría que en el caso particular de mi defendido, Cerisola, cuenta a su favor con una resolución firme de exención de prisión”, remarcó.

Peyracchia sí se mostró a favor del tramo de la sentencia de la Cámara Federal que, si bien confirma el procesamiento de su cliente, ordena ampliar la investigación. “Venimos sosteniendo todo el tiempo que no se ha investigado. Si se hubiera profundizado y producido las pruebas, el resultado sería de una contabilidad correcta”, dijo. Y desestimó que el ex rector pueda afectar la investigación. “Cerisola no ocupa ningún cargo dentro de la UNT. Y es contradictorio e irrisorio pensar que si la propia UNT es querellante, mi defendido podrá manejar la querella”, resumió.-

 

La Gaceta