Salta. Injusticias sobre el doble crímen de las turistas francesas a flor de piel

04/11/2016 | Revista Norte
Carlos Pucheta. Crédito: Crónica del Noa

Carlos Pucheta. Crédito: Crónica del Noa

HERIDAS QUE NO CIERRAN.

El pasado 31 de Octubre la Corte de Justicia de la Provincia de Salta confirmó las condenas a perpetua de los dos apresados por los asesinatos de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni.

Hoy las declaraciones de un Juez del caso volvieron a poner en el tapete, a traves de los medios de prensa provinciales, las irregularidades del juicio.

 

El juez Pucheta insiste en la inocencia de Santos Clemente Vera

Uno de los tres jueces que juzgó cara a cara a los tres acusados del crimen de las turistas francesas y uno de los que ejerció con indudable legitimidad la operación intelectual conocida como «sana crítica racional», ha ratificado hoy que el jardinero Santos Clemente Vera, cuya prisión perpetua ha sido confirmada recientemente por la Corte de Justicia de Salta, no ha participado en los crímenes que se le atribuyen.

Publicado en Noticias Iruya

Carlos Héctor Pucheta, magistrado hoy jubilado, ha hecho saltar hoy todas las alarmas en las redacciones, al declarar a la emisora Radio Salta que «cada vez que pasa el tiempo me convenzo más de que estas personas son inocentes». Se refiere el exjuez no solo a Santos Clemente Vera sino también a Daniel Vilte Laxi, otro de los acusados que resultaron absueltos en el juicio oral y público concluido a comienzos de junio de 2014.

En aquella ocasión y en base a las abundantes pruebas practicadas ante los ojos de jueces, fiscales, acusadores particulares y defensores, el tribunal juzgador, integrado también por los magistrados Ángel Amadeo Longarte y Bernardo Ruiz, no halló motivos para condenar a Vera y a Vilte. Ambos acusados, por decisión mayoritaria, resultaron absueltos por aplicación del principio penal in dubio pro reo, pero el juez Pucheta, con los mismos elementos de convicción de que dispusieron sus colegas, se pronunció en minoría a favor de una absolución lisa y llana.

Quiere esto decir que al menos para uno de los jueces que tuvo ante sí a los acusados, que presenció la práctica de todas las pruebas y asistió a todos los debates procesales, durante todo el proceso, no hay elementos que comprometan la responsabilidad penal de Vera y Vilte y, por lo tanto, no ha lugar a duda alguna sobre su completa ajenidad respecto de los hechos juzgados.

En un gesto realmente inédito para la parsimoniosa vida forense salteña, el juez Pucheta se ha mostrado dolido «porque un inocente está en la cárcel». Pero el asunto no se detiene en el dolor de un juzgador honrado enmendado por sus colegas con argumentos más que discutibles, ya que Pucheta ha ratificado que no tiene «ni una fisura de duda» sobre su fallo en aquel proceso. Al arrebato de humanidad del exmagistrado hay que sumarle la valentía de una convicción, acrecida con el paso del tiempo, que desafía los opacos mecanismos de poder que mantienen a los juzgados y tribunales de justicia de la Provincia de Salta sometidos a los dictados y los intereses del gobierno de turno.

LA PALABRA DE UN JUEZ JUBILADO

¿Se puede confiar en la palabra de un juez jubilado? Si nos fiamos del criterio que sustentan el gobierno provincial y la Corte de Justicia, la respuesta solo puede ser afirmativa.

De otro modo, nadie entendería que la Cuarta Sala del Tribunal de Impugnación de la ciudad de Salta haya sido integrada, in extremis, y a falta de jueces de carrera en edad laboral, por tres magistrados acogidos ya al beneficio jubilatorio. La propia Corte de Justicia ha echado mano de las disposiciones de la ley nacional 24018, que establece las pensiones vitalicias para el Presidente de la Nación y otros altos magistrados federales, cuyo artículo 16 prevé que los magistrados y funcionarios jubilados conservan el «estado judicial» y que, en consecuencia, pueden ser llamados a ocupar transitoriamente, en los casos de suspensión, licencia o vacancia, el cargo que desempeñaban en oportunidad de cesar en el servicio u otro de igual jerarquía.

Es precisamente el «estado judicial» de Carlos Héctor Pucheta el que arroja un balde de nafta sobre el incendio que encendieron en febrero de 2016 los magistrados Luciano Martini y Rubén Eduardo Arias Nallar, quienes después de ningunar con humillantes argumentos el voto particular del doctor Pucheta, condenaron a prisión perpetua a un ciudadano que había sido absuelto en el juicio más mediático y abierto celebrado en Salta en el último cuarto de siglo, sin verle la cara al reo, sin escuchar en persona sus argumentos y revisando sin más auxilio que unas precarias páginas web de genética forense unas pruebas que, por su extraordinaria complejidad, deberían haberse vuelto a practicar en segunda instancia, con audiencia de todas las partes interesadas

Un juez que, por ley, conserva su capacidad juzgadora -aunque no la ejerza- y que insiste en la inocencia de una persona que fue primero absuelta y luego condenada a la pena más grave prevista en nuestro Ordenamiento, y en unas condiciones tan dañinas de las libertades individuales, es una voz para ser tenida en cuenta con la mayor seriedad.-

 

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