Más antenas en la ciudad: mejorar el servicio o monopolizar las comunicaciones?

Imagen ilustrativa

SALTA.

Las multinacionales telefónicas que operan en el país buscan modificar la ordenanza municipal para instalar 25 antenas en la ciudad. Fuerte lobby y casi nulo estudio de impacto ambiental y de la afectación en la población.

Por Dolores Uriburu para Revista Norte

Representantes de Empresas de telefonía móvil Telefónica, Telecom y Claro llegaron a Salta con el objetivo de instalar al menos 25 antenas en la ciudad y modificar así la ordenanza municipal que prohíbe los montajes de estos soportes en el ejido urbano.

El montaje de tales infraestructuras tiene como objetivo la expansión del servicio 4G banda ancha y la consecución de mayores clientes.

Esta promoción generada por las empresas mencionadas se enmarca en el proyecto de ley oligopólico presentado a nivel nacional que busca beneficiar en excesivos márgenes de rentabilidad a las compañías de telefonía, al tiempo que blanquea la fusión entre Telecom y el grupo Clarín.

Tales maniobras son posibles luego de la modificación decretada por el Presidente de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fuera debatida a lo largo del país, constituyendo en la actualidad una norma hecha a medida de los monopolios de prensa y telecomunicaciones.

En este marco durante los últimos días, los gestores de las compañías expusieron las condiciones y alcances de la instalación de estas infraestructuras ante la Comisión Ampliada de Obras Públicas del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, con el objetivo de tener la habilitación necesaria.

La disertación estuvo avalada por la presencia de funcionarios de ENACOM órgano estatal que regula las telecomunicaciones, ARSAT, el Jefe de la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones de la UCASAL como veedor, el ejecutivo municipal a través de su Secretario de Modernización y de la Directora de Control Ambiental más la presencia de periodistas locales.

Las explicaciones rondaron en torno al informe no concluyente de la OMS que indica un impacto casi inexistente en la población de esas antenas. Aún así, el proceso que debiera incluir una audiencia pública, un estudio de impacto ambiental realizado por entidades autónomas como la Universidad Nacional se llevó a cabo de modo urgente y ante el desconocimiento de la comunidad.

En el transcurso de los días los representantes de la comisión deberán dictaminar al respecto y es de esperar que obren en beneficio de los ciudadanos que representan, ante el lobby de las empresas.-

REVISTA NORTE