Siguen los desmontes ilegales. “La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total”

10/05/2018 | Revista Norte

Pese a las prohibiciones dictadas, los grandes empresarios siguen desmontando en el norte salteño sin que los gobiernos provincial y nacional actúen.

REVISTA NORTE

La organización ambientalista internacional, Greenpeace, dio a conocer que en Salta los desmontes continúan con total impunidad.

Los empresarios ligados al poder, Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín, continúan desmontando “a pesar de las resoluciones de hace dos meses del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta que les ordenaba parar las topadoras”, advierten los ambientalistas. 

Los empresarios del campo siguen con sus prácticas de destrucción de bosques nativos, insensibilizados por la grave situación que vivió el norte ante las inundaciones que sumió aún más al hambre y al desarraigo a las comunidades.

Greenpeace detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que los empresarios Braun Peña, Cignetti y Varela Marín arrasaron con cerca de 1.300 hectáreas de bosques nativos en el norte salteño.

“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total. Primero consiguieron permisos del gobierno de Salta para desmontar donde la ley no lo permite y, a pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen deforestando. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.

Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.

La organización ambientalista detectó que, a pesar de dichas resoluciones, las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.

“El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de la destrucción de los bosques. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de la ejecución de esos desmontes, el gobierno de Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos que otorgó violando la Ley de Bosques”, señaló Giardini.

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