Legisladores del PRO estuvieron en Orán y elaboraron un informe sobre la situación de la frontera narco

Miembros de los Interbloques UNION – PRO de las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación estuvieron el jueves de la semana pasada en Orán por la situación del narcotráfico.

Los diputados nacionales Gladys González, de la provincia de Buenos Aires; Gisela Scaglia, de Santa Fe; Roberto Pradines, del Partido Demócrata de Mendoza; el abogado constitucionalista, Pablo Tonelli; la presidente de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich, de Unión Por Todos y el jefe del bloque del Pro en la Cámara, Federico Pinedo y Guillermo Durand Cornejo, del Frente Salteño elaboraron un informe oficial que elevarán a los tres poderes del Estado, sobre el relevamiento que hicieron con relación a la denominada “narcofrontera” salteña.

Esos legisladores estuvieron en la provincia de Salta, donde recorrieron las localidades de Aguas Blancas, Salvador Mazza y Campo Durán, en la frontera internacional.

Tras ese recorrido, los diputados consideraron que “las fronteras argentinas son un gran agujero del Estado por donde pasa la violencia y el descontrol que significa el narcotráfico, que inunda nuestra sociedad cada vez con más naturalidad”.

El informe completo de los legisladores, fue dado a conocer en el sitio web parlamentario.com y expresa, textualmente:

 

FRONTERA NORTE, TIERRA DE NADIE

 

INFORME SOBRE DROGAS

Interbloques UNION – PRO de las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación 

Siete diputados nacionales de nuestro interbloque (los diputados Pinedo, Tonelli, Bullrich, Durand Cornejo, Scaglia, González y Pradines) realizamos, junto al Dr. Horacio García, subsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires, una visita de inspección a la frontera norte los días 16, 17 y 18 de mayo de 2014. Visitamos las localidades argentinas y bolivianas de San Ramón de la Nueva Orán, Aguas Blancas, Bermejo, Tartagal, Campo Durán, Salvador Mazza, Pocitos, Yacuiba y Salta.

El propósito de la visita fue comprobar in situ la situación y la realidad de esa frontera tan importante por el tránsito de personas y de mercaderías que a diario allí ocurre.

Las conclusiones son devastadoras: desarticulación absoluta del aparato estatal preventivo y represivo del delito; limitación extrema y absurda de las fuerzas de seguridad; desprotección de la frontera; limitación extrema y absurda de medios de fiscales y jueces; inacción generalizada de policías y organismos aduaneros y de migraciones; abandono de la función estatal en todas esas áreas y desmoralización terminal del escaso personal afectado a esas tareas.

 

SITUACIÓN DE LA FRONTERA

La frontera norte de la Argentina es, en síntesis, un agujero negro en el cual el Estado ha desaparecido y el ejercicio de la soberanía nacional se ha abandonado. Subsiste una mera fachada que encubre ese abandono y que es tan evidente como simulacro, que realza la desaparición del Estado de Derecho, del poder constituido, de la protección de «la vida, el honor y la fortuna de los argentinos», como reza el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Los pocos funcionarios públicos que prestan servicios allí, o son cómplices de la delincuencia que opera en forma abierta y pública, o son seres desmoralizados y quebrados por el desprestigio social que implica la absoluta evidencia del incumplimiento de sus deberes más elementales.

Los juzgados están de guardia las 24 horas de los 365 días del año, con titulares que piden licencia por stress. Los fiscales no tienen adjuntos y carecen de recursos para pagar el transporte de los testigos que quieran declarar en alguna causa poniendo en riesgo sus vidas. Todos están amenazados y saben amenazadas a sus familias, en poblaciones chicas en las que todos se conocen. Los gendarmes se avergüenzan de identificar a alguien en los puestos de control, porque a su costado pasan miles de indocumentados y toneladas de mercadería contrabandeada a su vista, sin que ellos intervengan porque órdenes superiores se lo impiden. La cantidad de funcionarios es absurda para las necesidades locales y las leyes no se cumplen. Eso avergüenza a los agentes públicos, sospechados o acusados de connivencia abierta con el delito. Lo mismo vale para el personal de Migraciones (el incumplimiento de sus tareas es grotesco) y Aduanas.

Con la excusa de no intervenir en un conflicto gremial de aeronavegantes, un decreto reciente impide a las fuerzas de seguridad obedecer directamente a los jueces, debiendo pedir autorización al ministerio en Buenos Aires, con las demoras que ello implica y los peligros de filtraciones de información (decreto …). Ello impide la operatividad de las acciones anti drogas, genera un doble comando y facilita la infiltración de la delincuencia. La misma desobediencia a los jueces y doble comando rige en el Servicio Penitenciario Federal.

Los habitantes saben que las autoridades no cumplen ni hacen cumplir las leyes básicas de convivencia, de modo que están librados a su suerte. El suyo es un mundo sin ley.

La Argentina no exige a sus vecinos colaboración para controlar el delito de tráfico ilegal de bienes y personas y la sensación es que los vecinos participan abiertamente en la preparación de los actos delictivos. Las cargas se consolidan a metros de los puestos de las autoridades fronterizas.

Estamos frente a un extraordinario caso de ausencia del poder estatal y del derecho en un ámbito geográfico determinado. Desde allí se provee de mercadería contrabandeada a las ferias ilegales de Buenos Aires y de las demás grandes ciudades y de droga a las barriadas pobres y a los puertos por cuyo control se desatan guerras de sicarios.

Se ha desmantelado el aparato estatal y se dice luego que el control de aquello es imposible. Encumbrados funcionarios opinan cosas como que hay que bajar el control de soberanía más al sur o que no se detiene a los delincuentes masivos porque «son pesados». Muchos reconocen que «antes eran personas respetadas, pero ahora sólo tienen el desprecio público» o que se quieren ir «y que el que venga se haga cargo».

 

EFECTOS DEL NARCOTRAFICO: peligran los chicos y la democracia

El narcotráfico ha llegado a tener un efecto devastador sobre la salud de la juventud argentina y sobre el ejercicio pleno de la soberanía del pueblo argentino a través de sus instituciones constitucionales. La institucionalidad se ha visto seriamente limitada por el avance de la ilegalidad narco en los últimos años.

De acuerdo con informes de la ONU, la Argentina se ha transformado en el tercer exportador mundial de cocaína y en el primer consumidor del continente. Inicialmente la Argentina fue un «país de tránsito» y no «de consumo», pero ahora es claramente ambas cosas, con dos mercados diferenciados: a) el de exportación (principalmente a Europa y África); y b) el de consumo local.

La Argentina no es un país de elaboración de la cadena de valor completa, aunque sí ya se nota la actividad de la última etapa de elaboración de cocaína (cocinas) con pasta base importada típicamente de Bolivia, para consumo local.

La mayor parte de la violencia delictiva que sufre la Argentina se debe al narcotráfico, ya sea por la necesidad de consumir o por la desinhibición y desprecio por la vida de quienes delinquen.

Los pequeños pueblos del interior, las ciudades y las barriadas más pobres de todo el país, viven un descontrol de consumo de estupefacientes y residuos como destructivos como el paco por parte de chicos desde los 11 años y una ola imparable de violencia. Esta realidad la hemos comprobado, también de manera directa e in situ en los barrios más pobres de Rosario, que visitamos en febrero pasado.

Ya se detecta con toda claridad la sumisión a los intereses del narcotráfico de jefes superiores y subalternos de policías como la Federal, la Bonaerense, la de Santa Fe, la de Córdoba y la de Salta, y de funcionarios o dirigentes políticos de las zonas de frontera o embarque (frontera norte, Rosario, costa de la provincia de Buenos Aires y costa patagónica), que han sido procesados.

Los jueces relatan casos aislados en los que las policías se encuentran de casualidad con la droga. En un caso un fardo arrojado de un avión cayó sobre un patrullero. En otro unos «pasadores» despertaron a unos policías de civil creyéndolos narcos y fueron capturados con 70 kg de cocaína, más de us$ 700 mil. Otros fueron vistos en medio de la puna con mochilas con 30 kg, seguramente cargadas de droga. Marginales de Salvador Mazza mencionan la introducción de 2 mil kilogramos por semana en esos puntos.

En Orán, a pesar de ser el distrito judicial con más causas federales no hay delegación de la Policía Federal, mientras proliferan los delitos de narcotráfico, trata de personas y contrabando.

Existe en ese pueblo una colonia de colombianos que venden el «expertise» para transformar la materia prima y la pasta base en droga. La modalidad no es la del «cartel» sino la llamada de «clan». Son familias o grupos de socios que realizan las tareas para agregarle valor a la pasta base. Existen también ciudadanos de otras nacionalidades, tales como ucranianos o croatas, que tratan de entrar en el negocio de la droga y a quienes la justicia federal no puede procesar por falta de intérpretes.

El 70% de las causas de narcotráfico se originan en la captura de las llamadas «mulas» o «camellos». Las primeras son las personas que transportan la droga adentro de su cuerpo, mientras que camellos son quienes la transportan pegada al mismo. Esta modalidad de tránsito hormiga dificulta la investigación y está relacionada con la producción y venta descentralizada que realizan los productores bolivianos. Por ello es que en la zona no existe la modalidad «cartel», que concentra, produce, elabora y vende y son distintas personas o grupos quienes refinan, transportan y finalmente venden la droga.

 

LA INACCION ESTATAL. FALTA DE RADARES

La Argentina ha llevado adelante, en los últimos años, una serie de acciones en relación al narcotráfico, cuyo resultado es el desmantelamiento de la capacidad operativa de los poderes de la democracia para controlar este flagelo.

El primer paso ha sido la deliberada falta de radarización de la frontera norte. Preguntado al respecto por nuestro jefe de bloque en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete de Ministros declaró en el recinto que «la radarización es una estupidez, porque para qué queremos radarización si no vamos a derribar los aviones que pasen». Luego se corrigió la versión taquigráfica y se eliminaron esas palabras, pero el diálogo quedó así reflejado (septiembre de 2010):

CONTROL DE FRONTERA: Orán / Aguas Blancas

En el río Bermejo, límite de la ciudad argentina de Aguas Blancas con la localidad boliviana de Bermejo, el contrabando masivo se hace en lanchones empujados por personas que cruzan caminando con el agua a la cintura, a la luz del día, a 200 metros de las autoridades argentinas de Migraciones, Aduanas y Gendarmería Nacional, que tienen órdenes de no actuar. El intercambio sin control incluye personas y mercaderías, que circulan sin problemas por un camino paralelo a escasa distancia del control oficial.

La mercadería de contrabando en bultos del tamaño de una persona se consolida en la vía pública en Bermejo (Bolivia), a cien metros del puesto boliviano de frontera; se carga en la costa a la vista de las autoridades argentinas y bolivianas; se descarga en la costa argentina donde esperan, sobre el río, vehículos. Desde allí se traslada por la ruta 34 hasta unos 300 metros antes del llamado Puesto 28 de Gendarmería Nacional, se descarga a la vista de los gendarmes y se carga en hombros de personas («pasadores») que rodean el puesto de Gendarmería por un camino vecinal a unos 100 metros del puesto. Luego los pasadores descargan la mercadería nuevamente al costado de la ruta nacional 34, a otros 300 metros pasando el puesto de Gendarmería, y la vuelven a cargar en vehículos. La Gendarmería no impide ninguna de estas operaciones que se realizan a su vista. La carga se deposita en la terminal de ómnibus de Orán, donde se desconsolida y se carga en ómnibus.

El año pasado personal de AFIP y Gendarmería intentó hacer un operativo de control en esa playa, pero fueron apedreados y obligados a replegarse y retirarse. Inclusive, algunos gendarmes fueron privados ilegítimamente de su libertad por los «pasadores», que se calcula que son unos 3200. Se les devolvió la mercadería incautada a los agresores y los gendarmes fueron liberados. A partir de entonces los operativos de contrabando se hacen sin intervención estatal. Altos funcionarios explican y justifican: «es que son pesados».

Los ómnibus así cargados salen de Orán hacia el sur (Tucumán, Buenos Aires), en caravanas de 20 o 30 vehículos, a las que llaman «el gusano», que no paran ante los puestos de control. «Son gente pesada» nos volvieron a decir jueces y fiscales, como si eso fuera justificativo para su circulación sin control. Personas del lugar afirman que esa mercadería es la que abastece mercados irregulares como «La Salada», cuyos integrantes acompañaron en misiones comerciales oficiales en el exterior al Secretario de Comercio de la Nación. Sindican como jefe de esos contrabandistas a un hombre apodado «La Chancha Ale», procesado por tráfico de personas en Tucumán. En ningún momento se verifica que en esos bultos no circule mucha droga, por cierto.

En Orán hay un solo juzgado federal y una sola fiscalía, de guardia permanente. No hay cárcel, por lo que los encausados se alojan en otras localidades, algunos a mucha distancia, como Salta o aún Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires. No hay médicos legistas para hacer las evaluaciones previas o posteriores a la prisión, ni en la justicia ni en el hospital local. La Fiscalía maneja 30 mil expedientes por año con 7 personas.

Se ha creado otro juzgado en Tartagal, pero no fue integrado.

Las fuerzas de seguridad viven en una permanente tensión entre las órdenes emanadas de la justicia y las órdenes no escritas emanadas del ministerio de Seguridad. Está claro que en la frontera se ha llegado a un status quo de convivencia, de acuerdo con el cual las fuerzas federales solo están para controlar a medias un paso y dejar pasar la mercadería por los restantes cientos de pasos más o menos clandestinos que existen. A la vista de todos, como comprobamos los diputados que hasta allá viajamos. Como expresó un miembro de las fuerzas de frontera, «solo los perejiles pasan por los puestos legales».

Por otra parte, las rutas de transporte se han reproducido como producto de la facilidad para transitarlas. Además de la ruta nacional 34, que es la que tiene más controles a la vista, la mercadería ilegal y la droga transitan por las rutas 81, 85, 86, 16 y 40, a las que se agregan las vías fluviales, como el río Bermejo.

Otra modalidad descripta por los habitantes de la zona es la de los bultos arrojados desde aviones. Los contrabandistas y narcotraficantes ya no precisan más pistas clandestinas, porque lo aviones no necesitan aterrizar. Con un GPS se reciben las coordenadas y se buscan y recogen los bultos que luego son transportados en motos, burros, camionetas o camiones. Los asesores colombianos instalados en la zona enseñan técnicas de camuflaje para que la droga no sea detectada.

PASOS CLANDESTINOS

A pesar de que en la ruta nacional 34 hay algunos controles, en otras rutas no hay ninguno. En nuestra visita de inspección por caminos bien afirmados de tierra, ingresamos a Bolivia sin interferencias. Los pobladores por la noche no salen de sus casas porque circulan traficantes y vehículos robados que se sacan del país. La poca gente que uno se cruza, tiene pánico.

SALVADOR MAZZA

Este es uno de los principales puntos de ingreso de cocaína a la Argentina. Algunos locales estiman que ingresan 2000 kg por semana por allí. Visitamos con personal de la Policía Federal el sitio por el que pasan camiones sin control. Versiones locales dicen que funcionarios nacionales perciben ilegalmente sumas de dinero por permitir ese tráfico.-

 

 

Informe: Parlamentario.com y Agensur.info