8 de marzo en perspectiva económica

INFORME 

Datos que reflejen las desigualdades económicas que atraviesan las mujeres y diversidades con respecto a los varones.

El Informe:

Desde el Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) venimos contribuyendo a la discusión pública incorporando la perspectiva de género a nuestros análisis económicos. Asimismo, nos propusimos construir datos que reflejen las desigualdades económicas que atravesamos las mujeres y diversidades con respecto a los varones. A su vez, pusimos a disposición esos datos en nuestra página web www.centrocepa.com.ar/genero para que puedan ser utilizados para el debate público.

Desde la firme convicción de que es preciso que las políticas públicas se diseñen a partir de reconocer las desigualdades estructurales que nos atraviesan por razones de género, nos proponemos aportar datos concretos acerca de las principales brechas de trabajo, ingresos, de patrimonio y de tiempo de cuidado entre varones y mujeres. Visibilizar estas desigualdades es condición necesaria, pero no suficiente, para construir una sociedad más justa e igualitaria.

Para ello, en la primera parte de este informe, nos proponemos revisar los datos centrales en el mundo del trabajo y los ingresos, así como también su contracara, las desigualdades estructurales en la distribución de las responsabilidades del cuidado. En ese sentido, analizamos la evolución por género de las tasas de actividad, de desocupación, de desocupación joven, de informalidad, entre otras. En materia de ingresos, medimos las brechas generales pero también entre trabajadoras/es  formales e informales. En suma, aportamos datos que permiten explicar la feminización de la pobreza. Las últimas estadísticas disponibles datan del tercer trimestre del 2023, con lo cual representan el punto de partida para el nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre último.

En segundo lugar, analizamos la contracara de la feminización de la pobreza: la subrrepresentación de las mujeres en los impuestos que gravan la riqueza. Así, nos acercamos a los datos que dan cuenta de la brecha patrimonial y la masculinización de la riqueza: las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Bienes Personales.

En la tercera parte del informe, nos adentramos en el análisis de la política económica impulsada por el nuevo gobierno a través de la ejecución presupuestaria. Así, relevamos aquellos programas presupuestarios que hasta el año pasado estaban etiquetados con perspectiva de género para analizar su ejecución en esta nueva etapa política.

Por último, pese a que el presidente niega la existencia misma de las desigualdades de género, las políticas llevadas adelante tienen un impacto negativo diferencial en las mujeres y diversidades. Por ello, nos adentramos en el plan económico del nuevo gobierno y en las medidas tomadas en estos meses poniendo especial énfasis en sus consecuencias sobre las mujeres y diversidades y en la profundización de las brechas de género.

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1. Brechas de trabajo(s) e ingresos

1.1. Actividad económica, desocupación e informalidad al tercer trimestre de 2023

Considerando los últimos datos publicados de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) correspondientes al tercer trimestre del 2023, para los 31 aglomerados urbanos, analizaremos la evolución de las desigualdades de género intrínsecas al mercado de trabajo -tanto en el acceso al empleo como en los niveles de ingresos alcanzados-.

Es importante aclarar que las estadísticas oficiales se continúan elaborando a partir de categorías binarias varón/mujer, de manera tal que persiste la invisibilización de las diversidades en los principales indicadores socioeconómicos. Por eso, el análisis se desarrolla en base a este binarismo.

A septiembre de 2023, cerrando el tercer trimestre del año pasado, la actividad económica registró una caída del 0,7%. En ese marco, la tasa de actividad de las mujeres alcanzó un 52,3%, un aumento de 1,2 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mismo trimestre de 2022 (51,1%). Por otra parte, la tasa de actividad de los varones (70,7%) registró un incremento de 0,3 p.p. con respecto al mismo período de 2022 (70,4%). Así, la brecha se ubicó en 18,4 puntos porcentuales. Es preciso destacar que la tasa de actividad de las mujeres se encuentra en niveles históricamente altos.

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Al mismo tiempo, la tasa de desocupación marcó un descenso con respecto a igual trimestre del año 2022, siendo la más baja de los últimos 8 años. La tasa a nivel general fue de 5,7%, ubicándose 1,4 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del mismo período de 2022 y 4 puntos por debajo de lo registrado al tercer trimestre de 2019 (durante la administración de Cambiemos). Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, las tasas de desocupación (tanto general, como de mujeres y varones) se encuentran en niveles muy bajos en términos históricos.

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Ahora bien, la reducción del desempleo no tiene el mismo correlato en las mujeres que en los varones. La tasa de desocupación en las mujeres fue del 6,3%, mientras que en los varones fue del 5,3%. En este punto hay dos dimensiones que resultan interesantes de destacar: la primera es que el desempleo de las mujeres se ubicó, y se ubica históricamente, por encima del nivel general. La segunda es que, la brecha entre varones y mujeres se ubica en 1 punto porcentual -es decir, una caída de 0,3 puntos porcentuales por debajo de la brecha registrada al tercer trimestre de 2022 (1,3 p.p.).

Para abordar la desigualdad en el acceso al mercado de trabajo resulta necesario aplicar una mirada interseccional, que permita ir complejizando el análisis del fenómeno a medida que se le incorporan otras dimensiones. Una de ellas de suma relevancia es la edad de las personas trabajadoras: cuando observamos el acceso de la juventud al empleo los indicadores se deterioran notablemente. La tasa de desempleo de los varones y las mujeres jóvenes (entre 14 y 29 años) fue de 11,9% y 12,7%, respectivamente, y ambas se ubican más que duplicando la tasa general. Pese a ello, es destacable que ambas tasas son las menores de los últimos 8 años.

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De los datos analizados cabe destacar que, hacia el tercer trimestre de 2023, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes se redujo interanualmente más que la de los varones jóvenes (-3,9 p.p. vs 2,4 p.p.), con lo cual la brecha en puntos porcentuales (0,8 p.p.) disminuyó en relación con el tercer trimestre de 2022 (2,3 p.p.).

Durante el tercer trimestre de 2023, la tasa de informalidad se ubicó en 35,8%, 1,6 p.p por debajo del mismo trimestre de 2022. Tal como ocurre con la desocupación, las mujeres son quienes tienen mayor participación en trabajos informales. En el tercer trimestre del 2023, la tasa de informalidad de las mujeres fue del 37,4%, con una caída interanual de 2 p.p, mientras que en los varones la reducción fue de 0,8 p.p., lo que significó un achicamiento de la brecha de informalidad (3,7 p.p en 2022 vs. 2,9 p.p en 2023).

 

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1.2. Brechas de ingresos en el tercer trimestre de 2023

La desigualdad en las condiciones de acceso al mercado laboral tiene su correlato en lo que se conoce como brecha de ingresos. Esto es, la diferencia entre la masa salarial promedio de las mujeres y la masa salarial promedio de los varones.

Para graficar esta realidad, a continuación daremos cuenta de la brecha que se observa tanto en el ingreso personal como en el ingreso por ocupación principal. Durante el tercer trimestre del 2023, en los 31 aglomerados urbanos, los varones percibieron un 26,4% más de ingresos personales y un 22,6% de ingresos por ocupación principal que las mujeres.

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Es interesante resaltar que durante el tercer trimestre de 2023, mientras la brecha por ocupación principal se redujo levemente con respecto a 2022, la brecha de ingreso personal aumentó 1,8 p.p con respecto al mismo trimestre de 2022. Esto habla de una continuidad de la mayor inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, pero a su vez un aumento en la inequidad en la percepción de otros ingresos no laborales como pueden ser jubilaciones, pensiones y subsidios.

Ahora bien, cuando se observan las brechas de ingresos entre asalariadas y asalariados formales e informales, se evidencia que la formalidad del empleo garantiza no sólo el acceso a la seguridad social sino también a mejores ingresos y a una menor desigualdad salarial entre varones y mujeres. Durante el tercer trimestre de 2023, la brecha de ingresos al interior del trabajo formal fue de 15,7%, mientras que asciende a 24,8% entre las y los informales. Ambos indicadores mostraron una mejora con respecto al mismo trimestre de 2022.

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1.3. Desigualdades en los tiempos de trabajo(s)

Además de los datos del mercado de trabajo, es importante analizar cómo se resuelven las necesidades de cuidado. Al año 2021 (último dato disponible), el 40% de los hogares en Argentina tiene al menos una persona demandante de cuidado (1), y en particular el 85,6% de esos demandantes son menores de 13 años. Ahora bien, ¿de qué manera se distribuyen las tareas de cuidado no remuneradas entre las personas que conforman los hogares? Esta distribución tiene impacto directo en la posibilidad de insertarse (o no) en el mercado de trabajo.

A partir de los datos proporcionados por la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT), se puede analizar la distribución de las horas diarias dedicadas por persona a las diversas actividades que componen el trabajo, incluyendo el “trabajo en la ocupación” y el “trabajo no remunerado” (TNR) (2). En este sentido, encontramos diferencias según género: las mujeres destinan en promedio cuarenta y dos (42) minutos más a trabajar (incluyendo ambas actividades que demandan trabajo) que sus pares varones, siendo el promedio de horas diarias destinadas al trabajo total nueve horas y veinte minutos (9:20) para las mujeres, y de ocho horas y treinta y ocho minutos (8:38) para los varones. Cabe aclarar, que se utilizó el “Tiempo con Simultaneidad” para calcular el promedio de horas diarias (3).

Este dato corresponde al total nacional, pero es importante resaltar que las horas por género de los componentes de trabajo total se mantienen de manera bastante homogénea en cada una de las seis regiones analizadas. Además, cabe destacar que si bien la ENUT contempla una clasificación no binaria de género, a partir de la variable “Identidad de Género” incorporada en su diseño, no se utilizó para el análisis ya que no cuenta con suficientes casos relevados como para considerarlo estadísticamente significativo.

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La diferencia en las horas totales de trabajo surge principalmente por la brecha en las horas dedicadas al trabajo no remunerado, donde las mujeres a diario destinan en promedio seis horas y media (6:31 horas) en comparación a las tres horas y cuarenta minutos (3:40) de los participantes varones. Es decir, hay una brecha de casi tres horas (2:51 horas) en promedio entre varones y mujeres en la dedicación diaria a las tareas de trabajo no remunerado. Esto tiene, a su vez, implicancias en la inserción en el mercado de trabajo remunerado, donde los varones dedican 1:32 horas diarias más que las mujeres en promedio.

En aquellos hogares que tienen demandantes de cuidado estas brechas se profundizan.Las horas promedio destinadas al TNR se ubican en nueve horas (8:59) en mujeres y apenas cuatro horas y media (4:36) en varones, incrementando la brecha de TNR a cuatro horas y veintitrés minutos (4:23), casi 3 horas superior a la brecha en hogares sin demandantes de cuidado (1:30 hora).

Aún más, en aquellos hogares que tienen más de 4 demandantes de cuidado, las horas promedio dedicadas al TNR se incrementan independientemente del género, pero no con la misma intensidad: mientras alcanzan poco más de trece horas (13:06 horas) promedio para las mujeres, sólo ascienden a casi cinco horas (4:54 horas) para los varones que participan de estas tareas, aumentando la brecha a poco más de ocho horas (8:12 horas).

En este tipo de hogares, hay una diferencia relevante en las horas que destinan varones y mujeres en su ocupación laboral alcanzando las cinco (5:19) horas, dado que las mujeres dedican en promedio cinco (5:04) horas diarias y los varones más de diez (10:23) horas. Esto significa que, frente a una mayor necesidad de cuidado en un hogar, las mujeres son quienes garantizan la cobertura a través de la dedicación de más horas de tareas no remuneradas y menor inserción en el mercado de trabajo remunerado.

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Esta mayor carga de tareas de trabajo no remunerado sobre las mujeres que se observa en términos generales, se profundiza en aquellos sectores socioeconómicos de mayor vulnerabilidad.Esto se asocia a una menor capacidad de tercerizar servicios de cuidado, lo que reduce a su vez las posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Esto se comprueba cuando se analizan los datos de tiempo de trabajo(s) incorporando la variable de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (4).

Si se observan los datos de horas promedio por persona para los hogares con NBI, encontramos una agudización de los fenómenos que venimos describiendo. En las horas promedio de trabajo total, las mujeres registran una hora y media (1:34) diaria más que los varones, superior a la diferencia que se anota para el total de los hogares (unos cuarenta minutos -0:42 horas-). Los efectos negativos en el mercado laboral remunerado son mayores: las mujeres dedican dos horas y cuarenta minutos (2:40) menos que los varones en su inserción laboral y absorben más de cuatro horas (4:10) en  trabajo no remunerado.

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De esta manera, queda reflejado cómo la desigualdad en la distribución del TNR hacia el interior de los hogares, no es ajena a las desigualdades sociales sino todo lo contrario. Por este motivo, resulta fundamental pensar estas problemáticas de manera interseccional para diseñar políticas que promuevan una solución integral que considere todas las dimensiones de la desigualdad. Los valores analizados aquí muestran poca variación respecto de los datos que había arrojado el módulo de EPH sobre uso del tiempo precedente, del año 2013, también a cargo del INDEC. Ello revela la rigidez que posee el reparto de tareas de cuidado y la necesidad de implementar políticas específicas que aborden el fenómeno.

La desigual distribución de las tareas de cuidado y su contracara, la desigual inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, explican la brecha de ingresos que describimos anteriormente. A nivel agregado, esto se refleja en la distribución de los deciles de ingresos en función del género. Esto es, si observamos la décima parte de la población con ingresos más bajos (el decil 1), encontramos que el 63% son mujeres. A mayores ingresos, las mujeres van perdiendo peso relativo, hasta observar el otro extremo de la pirámide: en el decil de mayores ingresos (decil 10), sólo el 37% son mujeres. Estos fenómenos que conocemos como feminización de la pobreza y masculinización de la riqueza, serán retomados a lo largo de todo el informe.

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2. Brecha impositiva: la otra cara de la desigualdad de ingresos

La desigualdad en el acceso al mercado laboral -y su correlato en los ingresos- entre mujeres y varones encuentra su reflejo en el sistema impositivo. Al analizar en clave de género los impuestos más progresivos -es decir, aquellos que gravan más a quiénes más tienen-, se observa que,la riqueza se encuentra fuertemente masculinizada.

En cambio, la feminización de la pobreza -esto es, la sobrerrepresentación de las mujeres en los deciles de menores ingresos-, implica una mayor carga/presión tributaria sobre las mismas vía impuestos regresivos.

En esta sección del informe analizaremos las desigualdades de género desde la perspectiva tributaria centrándonos en evaluar cuál es la participación de las mujeres en el impuesto a los Bienes Personales y el impuesto a las Ganancias. Nuevamente, la distinción es binaria (mujer/varón) porque es la manera en que se presenta la información de las distintas bases estadísticas. El último dato disponible, a su vez, corresponde al año fiscal 2021.

2.1. Impuesto a los Bienes Personales

El impuesto a los Bienes Personales se aplica sobre la valuación total del patrimonio para cada ejercicio fiscal. Posee actualmente un monto mínimo no imponible de 27 millones (5) de pesos. Es decir, superado ese monto, una persona debe pagar una alícuota establecida según el rango de sus valores patrimoniales y la localización de los bienes.

Este impuesto aplica progresividad en su esquema de cobro, ya que se aplican alícuotas más altas mientras mayor sea el patrimonio declarado. El Impuesto alcanza a todo tipo de bienes, como inmuebles, automotores, naves y aeronaves, depósitos de dinero, títulos y acciones en el país y en el exterior, bienes muebles, etc. La valuación de esos bienes también es diversa y se establece en la letra de la ley, siendo algunos a valor de mercado y otros próximos al valor de compra o el valor fiscal.

Considerando la información publicada por AFIP para el ejercicio fiscal 2021 del Impuesto a los Bienes Personales, se construyó lo que denominamos brecha patrimonial -esto es, la desigual distribución de la propiedad entre varones y mujeres-. El monto mínimo no imponible en el año 2021 era de $6.000.000 -en tanto que, los inmuebles destinados a casa-habitación tenían un mínimo no imponible de $30.000.000-.

La cantidad absoluta de mujeres alcanzadas por el impuesto para dicho año sumó 313.927 casos aproximadamente. En términos absolutos el número representa a casi la mitad de la cantidad de varones (que ascienden a 598.670). Es decir, al año 2021, del total de las personas alcanzadas por el impuesto, el 34,4% corresponde a mujeres y el 65,6% a varones. Se evidencia una clara distribución asimétrica en la titularidad de los patrimonios según género. Si bien desde el 2009 dicha participación viene incrementándose (era del 26%), aún está lejos de resultar equiparable a la participación de los varones.

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Durante 2021, las mujeres prácticamente mantuvieron la participación del año 2020. Es decir, siguen representando un tercio de las personas titulares del impuesto a los Bienes Personales.

Esta distribución inequitativa se evidencia aún más si se considera el valor de los bienes alcanzados por el impuesto en posesión de los varones respecto de las mujeres. Al año 2021, sobre el valor total de los bienes declarados, el 71,1% correspondían a los varones, mientras que las mujeres poseían el restante 28,9%.

Es decir, no solamente las mujeres son un tercio de las personas titulares del impuesto a los Bienes Personales, sino que además el valor de sus bienes es aún más bajo que ese tercio que representa su titularidad. En otras palabras, los bienes de las mujeres en promedio valen menos que los de los varones.

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2.2. Impuesto a las Ganancias

Las brechas salariales entre varones y mujeres se explican, fundamentalmente, por las desigualdades en los niveles de actividad (es decir, la medida en que las mujeres participan dentro del mercado laboral), la feminización (y masculinización) de determinados sectores y los niveles monetarios que obtienen en ellos. La tributación del Impuesto a las Ganancias refleja la desigualdad en estos niveles monetarios, ya que este impuesto se aplica sobre las ganancias de cualquier persona física, empresa o entidad legal.

En principio, cabe aclarar que se consideran ganancias a los rendimientos, rentas o enriquecimientos producidos por una fuente permanente, por las sociedades comerciales y empresas unipersonales. También se considera ganancia los resultados obtenidos por la venta de bienes muebles amortizables e inmuebles y por la transferencia de derechos sobre inmuebles y los resultados obtenidos por la venta de acciones, valores representativos, certificados de depósito de acciones, cuotas y participaciones sociales, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores.

En este sentido, el impuesto a las ganancias se puede dividir en tres categorías, de acuerdo de donde proviene la ganancia:

• Ganancia de primera categoría: Corresponde a las ganancias generadas por el usufructo de los inmuebles urbanos y rurales;
• Ganancia de segunda categoría: Corresponde a los ingresos obtenidos por acciones, intereses, dividendos, etc;
• Ganancia de tercera categoría: Corresponde a las ganancias de las sociedades y empresas unipersonales;
• Ganancia de cuarta categoría: Son las ganancias obtenidas por el trabajo personal (6).

Durante el periodo fiscal 2021, las declaraciones juradas presentadas alcanzaron 920.101 casos, de las cuales 643.282 corresponden a varones (69,9%), mientras que 276.819 pertenecen a mujeres (apenas un 30,1%).

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Tal y como fuera señalado en nuestros informes anteriores (CEPA, 2022 y 2023), al observar los ingresos sobre los cuales se tributa efectivamente el impuesto a las ganancias, esta brecha se profundiza. De acuerdo a los datos fiscales de 2021, los varones explican un 76,1% del total de los ingresos gravados mientras las mujeres explican apenas un 23,9%. Es decir, la desigualdad de ingresos que observamos en el mercado laboral en su conjunto, se replican en aquellos ingresos alcanzados por el impuesto a las ganancias. Existe una brecha significativa en el acceso a los puestos laborales que registran mayores ingresos y por este motivo, tributan el impuesto a las ganancias. La desigualdad en la inserción de las mujeres al mercado laboral no mejora al interior de los mayores ingresos del mercado laboral, sino que se refleja también en los mismos.

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Nuevamente, al observar la serie histórica de la distribución entre mujeres y varones en lo que corresponde al pago del impuesto a las ganancias, la brecha en la participación entre los géneros tiene variaciones poco significativas en el período señalado (2009-2021), manteniéndose en una participación 70%-30% de varones y mujeres respectivamente, al igual que sucede con el Impuesto a los Bienes Personales.

En promedio, entre 2009 y 2021, los varones explican un 70,7% de las presentaciones con ingresos gravados y un 76,1% de los ingresos gravados. Esto es, las mujeres que realizaron presentaciones para el impuesto a las ganancias explican apenas un 29,3% promedio y un 23,9% de los ingresos gravados para el periodo entre 2009 y 2021. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la participación de las mujeres en el impuesto a los bienes personales, en el impuesto a las ganancias su participación no presenta un crecimiento sostenido.

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En Argentina existe una diferencia estructural en la participación que tienen mujeres y varones en el mercado laboral: de cada 10 personas asalariadas registradas en empresas privadas, 7 son varones y 3 son mujeres, en promedio (CEP XXI, 2021). Pero, además de las brechas de género que se evidencian en el mercado laboral, se suma la dificultad de las mujeres de acceder a ciertas actividades económicas, que se encuentran históricamente masculinizadas -y su contracara, aquellas actividades que se encuentran históricamente feminizadas, no casualmente asociadas a tareas de cuidado-. Así, los tres sectores con mayores tasas de feminización son: trabajo en casas particulares (96,7%), enseñanza (73,8%), servicios sociales y de salud (71,5%).

El paradigma de “paredes de cristal”, o segmentación horizontal, que describe la dificultad que enfrentan las mujeres y diversidades para acceder a ciertos tipos de trabajo, como la construcción, la explotación de minas y canteras, empleos en la agricultura y también la industria manufacturera, se refleja la baja participación de las mujeres en estas actividades. A su vez, estas actividades masculinizadas generalmente son también los empleos que tienen mayores salarios promedios. Esta realidad, junto con una sobrerrepresentación de los varones en los puestos jerárquicos (segmentación vertical), se refleja en las bases impositivas que se analizan, ya que no solamente se observa la brecha a nivel general, sino que también se registra una profundización en aquellos sectores históricamente masculinizados (CEPA, 2022).

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Por último, relacionado con estos dos impuestos, cabe destacar que desde su asunción el 10 de diciembre, Javier Milei intenta modificarlos. Por un lado, se propuso dar marcha atrás con la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. Una modificación que permitió que alrededor de 800 mil trabajadores dejaran de ser alcanzados por el tributo, con un aumento del ~20% en sus ingresos.

Con respecto al Impuesto a los Bienes Personales, en la famosa Ley Ómnibus (o Ley Argentina en Venta), se pretendía reducir la alícuota máxima desde 1,75% hasta 0,5% en 2027, mientras que la alícuota mínima continuaba en 0,5% tal como está actualmente. A su vez, se eliminaba la distinción de alícuota entre bienes en el país y bienes en el exterior. De este modo, se ofrecía un beneficio al sector de mayores ingresos de la sociedad argentina.

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3. Había una vez un presupuesto con perspectiva de género. Análisis de la ejecución presupuestaria a febrero 2024

Dadas las desigualdades de carácter estructural que hemos analizado, es preciso que el Estado asuma un rol activo en la implementación de políticas públicas para el abordaje de las profundas asimetrías de género. Sin embargo, el contexto actual nos muestra un desmantelamiento de las políticas públicas con perspectiva de género y una afrenta contra la institucionalidad que se construyó en los últimos años. El punto de partida de esta avanzada contra la lucha del movimiento feminista radica en la negación misma de las desigualdades existentes, sobre las cuales hemos profundizado en los apartados anteriores.

A diferencia de nuestros últimos informes, en los cuales nos propusimos año a año relevar las políticas nuevas implementadas y mostrar los avances, hoy estamos ante un retroceso, tanto a nivel nacional como subnacional. El primer retroceso sobre el cual vamos a adentrarnos se vincula con el Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG).

3.1. Presupuesto “2024”

Para el ejercicio 2024, el Congreso de la Nación, a pedido del presidente electo Javier Milei, no discutió ni aprobó el proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional enviado oportunamente por el Poder Ejecutivo. En consecuencia, al aplicarse la Ley 24.156, quedó establecida la prórroga del que estuvo en vigencia en 2023. Por ello, nos referiremos al presupuesto “2024” (entre comillado) porque si bien es el vigente, no fue formulado, discutido ni aprobado por el Congreso. La primera consecuencia de la prórroga, debido al ritmo inflacionario, es la caída de todas las partidas presupuestarias en términos reales.

Un total de 20 programas están etiquetados como parte del Presupuesto con Perspectiva de Género (en adelante PPG). Se trata de actividades que dependen de una amplia variedad de organismos del Estado y cuya identificación como PPG nos indica que dichas partidas presupuestarias contribuyen a reducir las brechas de género existentes. Para 2024, la cantidad es considerablemente menor que en 2023, cuando se habían etiquetado 42 programas. ¿Cómo se explica la motosierra en etiquetas PPG? ¿Qué está sucediendo con la ejecución de aquellas partidas presupuestarias identificadas?

Los programas etiquetados son ejecutados por 17 organismos del Estado e incluyen 4 ministerios. Las partidas PPG tienen un presupuesto estimado de $5.727.877 millones, que representa el 14% del presupuesto total del Estado Nacional, casi 1 punto porcentual por debajo de lo que representaba el año anterior. A su vez, el monto de gasto anual 2024 representa un retroceso de 64% i.a. en términos reales.

Las etiquetas que se eliminaron pertenecían principalmente al Ministerio de Salud, donde radican políticas públicas relacionadas con el VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual, el desarrollo de la Salud Sexual, la prevención del embarazo adolescente o el Programa 1000 días. Al no ser identificadas como parte del PPG, no fueron incorporadas al análisis. 

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Los programas más relevantes etiquetados como PPG están vinculados con políticas de ANSES y del Ministerio de Capital Humano, tales como: jubilaciones, pensiones y programas sociales. Concretamente: las prestaciones previsionales por moratoria, Asignación Universal para Protección Social y pensión para madres de más de 7 hijos, junto con el Plan Potenciar Trabajo conforman cerca del 98% del total del presupuesto etiquetado.

A continuación, se puede observar la reducción en términos reales que afecta a dichos Programas y sus destinatarios:

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3.2. Ejecución

Al 19 de febrero, la ejecución del PPG muestra grandes variaciones según actividad y programa y una marcada dispersión entre las mismas. Más del 70% de las actividades mantiene su ejecución en 0. Entre ellas, se encuentran las obras de infraestructura territorial, afectadas como toda la obra pública por la decisión política gubernamental de frenarla por completo. Otro grupo de programas cuya ejecución es nula se compone de las acciones de ayuda urgente para diversidades y sus familias, así como el rescate y acompañamiento a víctimas de trata.

Al ser un presupuesto prorrogado, el porcentaje de ejecución puede resultar engañoso. Por ello, se procedió a actualizarlo por inflación. De este modo, podemos tener una aproximación más real de su ejecución presupuestaria. A continuación, se presentan los principales Programas y su porcentaje de ejecución presupuestaria:

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A su vez, se puede comparar lo invertido en febrero de 2024 con lo destinado en febrero de 2023 para medir su variación interanual en términos reales:

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3.2.A. ANSES

ANSES tiene a su cargo el pago de las Asignaciones Familiares correspondientes al subsistema no contributivo para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y la Asignación por Embarazo para Protección Social, según lo dispuesto por la Ley N° 24.714 y sus modificatorias. A partir del Decreto N° 504/2015 se incorpora la prestación por ayuda escolar. En conjunto, el subprograma denominado Asignación Universal Para Protección Social alcanza a:

• 4.246.551 beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo
• 134.056 beneficiarias de la Asignación por Embarazo
• 3.546.564 beneficiarias y beneficiarios de la Ayuda Escolar Anual
• 247.599 pensionadas por ser madres de 7 o más hijos

Estas partidas presupuestarias están siendo ejecutadas pero en términos interanuales representan una caída real del 53%. Pese a que la AUH fue incrementada en un 100% en el mes de enero de 2024, llevándola a $41.322, apenas alcanza a cubrir el 60% del costo de bienes y servicios de menores de 1 año, y menos del 20% del total de la canasta de crianza para la misma edad medida por el INDEC, que en enero superó los $200.000 mensuales.

3.2.B. Obra pública

“Los gastos de capital destinados a la obra pública experimentan una reducción significativa, registrando una disminución real del 77%. Durante el mes de enero 2024, la ejecución de la obra pública fue nula debido a la falta de voluntad de gestión. Es importante destacar que todas las obras de infraestructura se vieron afectadas tanto en términos nominales como reales. La ausencia de inversión en programas de infraestructura fue tan pronunciada que no se observa un registro tan bajo en ningún otro mes desde enero de 2017” (Informe fiscal CEPA – enero 2024). En este grave contexto, la infraestructura de cuidado que apunta a la disminución de brechas de género no está exenta de esta situación de caída en la obra pública.

Por ejemplo, la construcción de Centros Territoriales Integrales que había sido planificada como parte del abordaje integral de situaciones de violencia por motivos de género no se está llevando a cabo. Dichos Centros son dispositivos donde se realizan políticas de prevención, asistencia, protección y fortalecimiento del acceso a la justicia desde una perspectiva interseccional e integral. Contemplan un modelo de gestión flexible e integrada entre Nación, provincias y municipios y en red con organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, teniendo en cuenta las particularidades del contexto local. En algunos casos, estos Centros además prevén contar con espacios destinados al alojamiento de personas en contextos de violencia por motivos de género y sus hijos/as. El presupuesto contempla la construcción de 19 Centros, ubicados en 16 provincias distintas, con una partida total de 1.334,2 millones de pesos. Sin embargo, al mes de febrero de 2024 no se han ejecutado los gastos correspondientes.

Por otra parte, tampoco se ejecutaron los gastos correspondientes a las obras vinculadas con la Infraestructura del Cuidado a cargo de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Obras Públicas, tales como Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes, construcción de Centros de Desarrollo Infantil, mejoras edilicias en Hospitales, construcción de Nodos Cuidados en Red, etc. Este tipo de obras tienen un impacto concreto en el tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y en su intensidad, que como hemos desarrollado anteriormente, se encuentra principalmente a cargo de las mujeres, lo que repercute en las brechas de género y en la agenda de los cuidados en general no sólo de quienes reciben cuidados (infancias, adolescencias, personas mayores, etc.) sino también de quienes brindan cuidado (trabajadoras que, en su gran mayoría, son mujeres). Es decir, que no existe ningún indicio de que este tipo de obras se ejecute, lo cual profundiza las desigualdades de género.

3.2.C. Violencia de Género

El Programa Acompañar consiste en el acompañamiento económico por el plazo de 6 meses a personas en situación de riesgo por violencia por motivos de género. Tiene como objetivo fortalecer la independencia económica de mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, intersexuales y otras identidades del colectivo (LGBTI+) que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de un apoyo económico temporal. Este Programa se implementa a nivel federal en articulación con gobiernos provinciales y municipales que se constituyen en Unidades de Acompañamiento. Desde la pandemia ha sido uno de los principales vectores de ayuda y articulación entre organizaciones territoriales, gobiernos municipales y provinciales para este tipo de casos. Las personas contempladas en este Programa reciben un monto equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), cuyo poder de compra cayó un 30% desde la asunción de Milei, como se verá en el apartado siguiente. A febrero, el programa está ejecutado en un 3,4%, lo que significa el pago de 6.468 millones de pesos. Desde el cambio de gobierno no hay altas, con lo cual podemos prever que el Programa vaya no sólo cayendo en términos reales sino incluso nominales. Si bien al prorrogarse el presupuesto, con él se incluyó la meta física de asistir a 106.176 personas (misma meta que en 2023), la decisión de no dar nuevas altas implicará el no cumplimiento de la misma.

Por otro lado, es llamativo que la ejecución del Programa conocido como Ley Brisa (Ley N° 27.452), cuya ejecución depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, se encuentre en cero pesos al mes de febrero de este año. El Programa otorga una reparación económica para hijas e hijos de víctimas de femicidios. La Ley Brisa comprende una prestación mensual equivalente a un haber jubilatorio mínimo ($105.713 a febrero 2024) e incluye una cobertura integral de salud hasta los 21 años de edad, beneficios que tienen carácter vitalicio en caso de que sean personas con discapacidad.

3.2.D. Potenciar trabajo

El Programa Potenciar Trabajo consiste en una prestación económica individual denominada Salario Social Complementario cuyo monto equivale al 50% del SMVM. El Programa incluye como una de las posibilidades de contraprestación las tareas que se realicen dentro de proyectos socio-comunitarios. Muchas veces se trata de comedores y merenderos barriales (más de 40.000 en todo el país), a cargo principalmente de mujeres, que gestionan y organizan los turnos de comida, menúes, entrega de viandas y paquetes de mercadería para las familias de la zona. Allí también se conforman espacios de cuidado, destinados tanto a infancias como a adultos mayores. Según el último dato disponible, a diciembre de 2023, del total de personas inscriptas en el Potenciar Trabajo, el 63% son mujeres (más de 650.000). La ejecución del Programa y de los correspondientes subsidios del monotributo social (100% del componente impositivo y previsional, 50% de la obra social para cada beneficiario) se encuentra en marcha, pero a valores nominales que han perdido considerablemente su poder de compra, como se verá en los apartados siguientes.

Además, la asistencia alimentaria por parte del ahora Ministerio de Capital Humano para estos proyectos socio-comunitarios está totalmente cortada desde el mes de enero, afectando severamente el trabajo de las beneficiarias del Programa PotenciAR, pero fundamentalmente la alimentación diaria de las cada vez más familias que se acercan a los comedores. La re-privatización de las tareas domésticas y de cuidado se produce, así, por la desconfiguración deliberada de las redes comunitarias, pauperizando aún más a los hogares de los barrios populares.

Al cierre de este documento, el gobierno nacional había oficializado la conversión del Potenciar Trabajo en otros dos nuevos programas en los que se distribuirá la nómina de beneficiarias y beneficiarios: se trata de «Volver al Trabajo» y el «Programa de Acompañamiento Social».

3.2.E. Ministerio de Salud

La etiqueta que identifica la Perspectiva de Género fue eliminada de un total de 5 Programas que agrupan 11 Actividades. Consideramos importante analizar, igualmente, su ejecución, ya que se trata de políticas públicas con una clara orientación al cierre de brechas de género. Todas estas actividades han visto caer en términos reales sus montos comprometidos, y muy especialmente aquellas a las que no se ha destinado un solo peso: salud perinatal; Programa 1000 días; apoyo a la reproducción médicamente asistida; prevención del embarazo adolescente; desarrollo nacional de la Enfermería. Este retiro por parte del Estado se da en el marco de un ajuste más amplio en los programas de seguridad social como analizamos en el informe “La Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional. Datos a febrero 2024” (CEPA, 2024) y presentamos en el cuadro a continuación.

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3.2.F. Gendarmería Nacional

La Gendarmería Nacional Argentina tiene presupuestados 209,8 millones de pesos anuales para “Acciones por la Equidad de Género”, sólo superada entre las Fuerzas de Seguridad por la Policía Federal cuyo monto asciende a 230,2 millones. Dicha actividad está vinculada a la capacitación sobre género para el personal de Gendarmería y PFA. Lo llamativo es que es la actividad que representa un mayor porcentaje de ejecución dentro de todas las actividades etiquetadas como PPG, habiéndose ejecutado más de un 29% de todo el presupuesto al mes de febrero, unos 149,5 millones de pesos. ¿Avidez por resolver las desigualdades de género o reasignación de partidas?

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4. Las políticas de Javier Milei

Con el desmantelamiento del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación (7), se eliminan muchas políticas que tenían como objetivo abordar las desigualdades de género que se expresan en los distintos ámbitos de la vida cotidiana de mujeres y diversidades en nuestro país. Junto a las políticas específicas del Ministerio, se eliminan otras áreas de género como por ejemplo dentro del ex Ministerio de Obras Públicas o del de Economía.

Además de la eliminación de las áreas específicas, nos interesa poder analizar el sesgo de género que tienen las medidas tomadas desde el gobierno nacional. Como vimos en los apartados anteriores, las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas entre la población más pobre, son las que sufren más el desempleo, están mayoritariamente a cargo de las tareas de cuidado, y recae en ellas en mayor medida el peso de la crisis. Nos proponemos analizar algunas de estas medidas y su impacto en la vida de las mujeres.

4.1. El poder adquisitivo frente al aumento de los servicios esenciales

El ritmo de la inflación del primer trimestre del gobierno de Milei fue voraz. Con un 25,5% en diciembre, un 20,6% en enero y una inflación proyectada en 16,5% para febrero, se acumula más de un 75% de inflación, contra salarios, jubilaciones y prestaciones sociales que tienen un ritmo de crecimiento muy por debajo de ese nivel.

A la importante pérdida del poder adquisitivo de este primer trimestre, se le suma la absoluta desregulación sobre los servicios esenciales. Salud, transporte y alimentos son rubros que tanto en diciembre como en enero suben por encima de la inflación. Esto es producto de una serie de medidas tomadas desde el gobierno nacional, especialmente a través del Decreto 70/2023 que retira al Estado de su rol de regulador en múltiples esferas de la vida. Por ejemplo, permite que las prepagas puedan aumentar sin límite alguno; elimina la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas que garantizaban herramientas para controlar precios y disponibilidades en los supermercados. A su vez, se avanzó con la quita de subsidios al transporte público, impactando en el precio del boleto de colectivo y tren, al mismo tiempo que se permitió que las petroleras aumenten sin límite el precio de las naftas.

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Estas medidas se combinaron con otras decisiones de política económica como la devaluación (el tipo de cambio subió 118%) y la suba del impuesto país, que encarecieron los productos importados. Los aumentos de precio no sólo fueron especialmente importantes en sectores sensibles, sino que además, repercutieron con mayor profundidad en los productos más consumidos por las clases populares.

De este modo, la canasta básica alimentaria, que mide la línea de indigencia, y la canasta básica total, que establece la línea de pobreza, se incrementaron mensualmente a un ritmo similar o mayor al índice general de precios, tal como se aprecia en el gráfico a continuación. En términos acumulados, durante los últimos tres meses, la canasta alimentaria subió 78%, la canasta total 73% y el IPC 70%. Así, el último dato disponible estima que, a enero de 2024, un “adulto equivalente” requirió $92.415 para no ser indigente y $193.147 para no ser considerado pobre.

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4.2. La retracción en la actividad económica y la licuación de ingresos salariales

Si bien al 8 de marzo de 2024 aún no contamos con la publicación de datos estadísticos para dimensionar los impactos de las medidas de Milei, podemos analizar algunos indicadores que nos permiten inferir que las consecuencias de las políticas de los primeros meses de gobierno son devastadoras.

Como analizamos en el apartado anterior, la brutal inflación del primer trimestre del gobierno, reduce el poder adquisitivo e impacta así en una retracción de la actividad económica. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informa una caída de la producción pyme de 30% interanual para el mes de enero y un derrumbe de las ventas minoristas de 30% para el mes de febrero.

La caída de la actividad generalizada tiene impactos para toda la población. Pero al tener las mujeres mayor representación entre la población más pobre, tener una mayor participación en las tareas de cuidado, y tener trabajos más precarios, informales y más sensibles a las coyunturas de crisis, son las primeras y las más perjudicadas por las políticas recientes.

Una primera aproximación a este fenómeno se puede ver en la cantidad de puestos asalariados registrados en el trabajo en casas particulares, rubro altamente feminizado (al tercer trimestre de 2023, el 96,7% de quienes realizan este trabajo son mujeres). Con la caída en la actividad económica de los últimos meses del 2023, podemos observar cómo los puestos de trabajo son sensibles a esta retracción, como consecuencia de ser una de los primeros rubros que las familias recortan. En comparación con noviembre de 2022, se registran un total de 7.354 puestos de trabajo doméstico menos (-1,6% interanual), con una caída muy pronunciada en los meses de octubre y noviembre de 2023. Este indicador tenderá a empeorar con el correr de los meses.

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Respecto al trabajo en casas particulares, hay que mencionar también que el Programa Registradas, que buscaba promover el acceso y la permanencia del empleo de las trabajadoras de casas particulares, garantizar sus derechos y su inclusión financiera y avanzar hacia la igualdad de género, fue dado de baja por el Gobierno Nacional en diciembre pasado.

A su vez, si analizamos la evolución del valor hora de este sector, nos encontramos con que en los últimos dos años, pese a la alta inflación, la capacidad de compra de dicho valor hora venía empatando y por momentos ganando. Sin embargo, a partir de la asunción del nuevo gobierno y la escalada inflacionaria ya descripta, se produjo una caída de casi 30 puntos en tan solo 3 meses.

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Otro rubro que en nuestro país está altamente feminizado es el trabajo docente, principalmente en los niveles inicial, primario y secundario. Las mujeres representan el 77,36% del personal docente en educación inicial, primaria y secundaria. Sobre este sector impactó fuertemente la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

La eliminación de este Fondo tiene un impacto muy importante en los ingresos de la población docente, ya que éste estaba destinado a abonar una asignación especial de carácter remunerativo por cargo que se liquidaba mensualmente. En promedio, representaba un 12% del salario docente.

La incidencia que representaba el FONID en cada Provincia presenta variaciones. En aquellas provincias con valores del salario docente más bajos, el monto percibido por FONID tenía un peso relativo mayor en la composición del salario. Por ejemplo, en la Provincia de Santiago del Estero, el monto recibido por FONID de un docente representaba el 20,3% del salario. Si bien algunas provincias pudieron afrontarlo con fondos propios, no fue generalizado y no es sostenible a mediano plazo.

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4.3. Licuación de las jubilaciones y prestaciones sociales

La inflación del primer trimestre del gobierno de Milei provocó una licuación fenomenal sobre las jubilaciones. El aumento en marzo será de 27%, contra una inflación que superará en el primer trimestre del año el 60%. Frente a esta situación, no existe una política de compensación de esta pérdida. En los primeros dos meses del año, los  bonos para el haber mínimo se mantuvieron congelados en $55.000 y para marzo se aumentaron en línea con la fórmula de movilidad jubilatoria, llevándolo a $70.000. Así, se consolidó una pérdida de 20 puntos del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones.

La pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones tiene un sesgo de género ya que las mujeres representan el 68% del total de beneficios del SIPA, y tienen un haber medio menor al de los varones. A su vez, el 78,33% de las jubilaciones de mujeres fueron otorgadas con planes de moratorias, lo cual explica la gran participación femenina en la jubilación mínima. Asimismo, se eliminó la devolución del IVA para jubilados y pensionados, que representaba un ingreso extra de $18.800 por mes.

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Además, respecto a la política de moratorias previsionales, desde el gobierno se manifiestan en contra, a la vez que en distintos medios de comunicación se han divulgado versiones sobre las intenciones de dividir los beneficios previsionales, y bajar a la categoría de plan social, a aquellos beneficios que hayan accedido a través del mecanismo anteriormente mencionado. Esto implicaría una quita arbitraria sobre derechos adquiridos, que conlleva el acceso al PAMI y la posibilidad de acceder a una pensión, y a la vez dificultaría las posibilidades de las mujeres de jubilarse a futuro.

A su vez, pese a que desde el gobierno se sostiene querer mejorar el poder adquisitivo de las jubilaciones, en el programa fiscal presentado por el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, se informó que se preveía una caída del gasto en jubilaciones para el 2024 del 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI). En esa línea, desde el Ejecutivo se incluyó el tema de la fórmula de movilidad en el proyecto de Ley Ómnibus (“Argentina en venta”): primero intentando suspenderla y dejándola a discreción del Ejecutivo, sin pauta alguna, luego proponiendo su modificación a partir de abril por el índice de inflación. Esta propuesta implicaba congelar el poder adquisitivo de las jubilaciones una vez recortados los 20 puntos que señalamos. Es decir, impidiendo que recuperen poder de compra alguno. 

Por otra parte, desde el Ejecutivo Nacional se postergó la reunión del Consejo del Salario, generando el atraso del Salario Mínimo Vital y Móvil. Esto tiene consecuencias en los ingresos de las poblaciones más vulnerables, ya que sirve de parámetro a partir del cual se calculan muchas prestaciones sociales, cuyas principales beneficiarias son las mujeres.

Por ejemplo, el programa Acompañar tiene como objetivo principal fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. Para ello, el Estado otorga, además de acompañamiento integral, un apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses consecutivos. Como observamos en el Gráfico a continuación, el poder adquisitivo del salario mínimo, y por ende, de la prestación Acompañar,  se derrumba en términos reales, con una gran caída entre los meses de noviembre 2023 y marzo 2024, como consecuencia del congelamiento primero y luego del establecimiento de pautas de aumento muy por debajo de los índices de inflación.

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Otro de los programas que hasta diciembre estuvo vinculado al establecimiento del SMVM es el Potenciar Trabajo. Su monto se correspondía a medio SMVM hasta diciembre de 2023. Sin embargo, la actual gestión del gobierno nacional definió desvincular el monto del programa del importe del SMVM, y congelarlo, aumentando de esta manera la pérdida de poder adquisitivo de la prestación. Como señalamos en el apartado anterior, el 63% de quienes perciben el Potenciar Trabajo son mujeres, con lo cual su licuación afecta de manera más pronunciada a las mujeres.

Al analizar en términos reales la evolución de los montos del Potenciar Trabajo, se observa una caída abrupta -cercana al 50%- entre noviembre y febrero de 2024, con una proyección estimada que licúa totalmente los ingresos. Al no ser actualizado, irá perdiendo mes a mes su capacidad de compra. Asimismo, recientemente se eliminó el programa a través del Decreto 198/2024 y fue dividido en dos planes distintos: el programa Volver al Trabajo y el programa de Acompañamiento social. Sin embargo, aún no hay precisiones sobre el monto y las condiciones de dichas prestaciones.

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4.4. La desinstitucionalización de las políticas de género

Después de un período en donde en los distintos niveles del Estado se institucionalizaron áreas específicas para el diseño y la implementación de políticas de género y diversidades, hoy se observa un gran retroceso en el terreno institucional.

Durante el período 2019 – 2023, se crearon a nivel nacional el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y, en los Estados provinciales, distintos espacios con diversos rangos jerárquicos en los organigramas de los gobiernos.

Cinco fueron las provincias que a lo largo de los cuatro años anteriores, crearon espacios vinculados a la temática de género con rango ministerial: las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y Santa Cruz. En la mayoría de los casos, la creación de estos Ministerios tenía como antecedente inmediato una Secretaría o Dirección.

Otras provincias, durante el periodo 2019 – 2023 cristalizaron en sus estructuras de gobierno por primera vez un área específica, por lo general bajo la órbita de los Ministerios de Desarrollo Social o Humano.

A partir del 10 de diciembre de 2023, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, no solo pierde rango ministerial (reduciendolo a una Subsecretaría dentro del Ministerio de Capital Humano), sino que las políticas del gobierno central van exactamente en el sentido opuesto a promover la igualdad de género, a la vez que el discurso oficial ubica al movimiento feminista como uno de sus principales blancos de ataque.

A nivel provincial, la situación es más variopinta, pero podemos encontrar un gran retroceso de los espacios institucionales que se supieron conseguir. De los cinco Ministerios creados en los gobiernos provinciales, sólo uno mantiene el rango ministerial: el Ministerio de Mujeres y Diversidad en la Provincia de Buenos Aires a cargo de Estela Díaz.

En la Provincia de Neuquén, el nuevo Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, pierde especificidad respecto a las atribuciones con las que contaba en su anterior conformación. En la Provincia de Santa Fe, el Ministerio bajó de rango a Secretaría dentro del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Un caso similar se observa en la Provincia de Córdoba, donde la unidad de género se encuentra dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo. En Santa Cruz, quedan bajo el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración las funciones de “entender en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas provinciales para prevenir, erradicar y reparar la violencia por razones de género” (8).

Por su parte, en algunos casos, las políticas de género mantienen un rango ponderado en las estructuras, como por ejemplo Tucuman, donde mantiene al igual que en el período pasado el rango de Secretaría de Estado de la Mujer.

Además de esta desjerarquización de las áreas de género, desde el Estado Nacional se decidió, en palabras del vocero presidencial, “prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la Administración Pública Nacional” (Adorni, 27 de febrero de 2024). Esta medida, que aún no ha sido instrumentada tiene como antecedente la Resolución 160/2024 del Ministerio de Defensa, a través de la cual se prohíbe “la utilización del llamado “lenguaje inclusivo” en el ámbito del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados del Ministerio de Defensa” sosteniendo que “el masculino genérico o masculino gramatical ya es inclusivo” (Boletín Oficial).

Por último, hay que mencionar que desde el Estado Nacional y sus principales funcionarios se ataca de manera permanente una de las principales conquistas del movimiento feminista de los últimos años: el aborto legal, seguro y gratuito. Para el Presidente Javier Milei, el aborto es un “asesinato agravado por el vínculo” (6 de marzo de 2024), la Vicepresidenta, Victoria Villarruel ha declarado en innumerables ocasiones que “si de mi dependiera, derogaría la ley del aborto» (17 de mayo de 2023) y la Canciller Diana Mondino ha sugerido que “el aborto será sometido a plebiscito” (septiembre de 2023). En febrero de este año, una diputada por la Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para derogar la IVE y atentar contra los derechos de las personas gestantes.

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Conclusiones

Para este 8 de marzo de 2024, el informe presenta el punto de partida del gobierno de Javier Milei en materia de brechas de género. Nos propusimos aportar datos que clarifiquen la cuestión ante un presidente que niega la existencia misma de las desigualdades: “Si las mujeres ganaran menos que los hombres, las empresas estarían llenas de empleadas” (Milei, 1 de octubre de 2023).

A su vez, repasamos las medidas económicas del nuevo gobierno y su impacto diferencial en función del género. De este modo, discutir las políticas propuestas por Javier Milei desde el feminismo no es sólo discutir la desjerarquización en materia institucional sino poner en cuestión el modelo económico y los efectos que genera en los sectores más postergados, en los que las mujeres y diversidades se encuentran sobrerrepresentadas.

Brechas de género 2023

La situación inicial del nuevo gobierno se puede resumir en 6 brechas clave, cuya existencia es negada desde el Poder Ejecutivo Nacional:

• La tasa de actividad de las mujeres es 18,4 puntos porcentuales menor a la de los varones.
• La tasa de desocupación de los varones es 1 punto menor a la de las mujeres.
• La informalidad laboral es 2,9 puntos porcentuales mayor en mujeres que en varones.
• Los ingresos de los varones son entre 22,6 y 26,4% mayor que los ingresos de las mujeres; esta brecha se reduce al 15,7% entre asalariadas/os formales. Esto genera una sobrerrepresentación de las mujeres en la pobreza: son el 63% de las personas con menores ingresos.
• La raíz de la desigualdad en el mercado de trabajo se encuentra en el hogar: las mujeres destinan 3 horas más por día al trabajo no remunerado que los varones.
• La contracara de la feminización de la pobreza es la masculinización de la riqueza: el 63% del sector de mayores ingresos son varones. Así, las mujeres están subrepresentadas en el pago de impuestos progresivos: son el 34,4% de quienes tributan bienes personales y el 30,1% de quienes pagan impuesto a las ganancias. Esto implica una enorme brecha patrimonial.

Estas desigualdades van a tender a profundizarse con las políticas llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei:

En materia presupuestaria, el nuevo gobierno llevó adelante la prórroga del Presupuesto 2023, que en un contexto de inflación sumamente elevada, constituye una licuación del gasto del Estado. Así, todas las políticas que el año pasado estaban etiquetadas como PPG (Presupuesto con Perspectiva de Género), esto es, políticas que contribuyen a reducir las desigualdades de género, están mostrando reducciones muy importantes en términos reales. La ejecución de la AUH por ejemplo cayó 53% con respecto al año pasado, el Potenciar Trabajo se redujo un 70% y las políticas alimentarias se derrumbaron un 50%.

El modelo económico instaurado a partir del 10 de diciembre, centrado en una licuación de los ingresos y los ahorros, un parate de la actividad económica y una desregulación de la economía afecta seriamente la vida de las mujeres y diversidades:

• Los bienes y servicios que aumentaron por encima de la inflación general son aquellos especialmente sensibles en los consumos de las mujeres: los alimentos, la salud y el transporte. Así, las canastas alimentaria y total -que determinan la línea de indigencia y pobreza respectivamente- aumentaron también por encima del nivel general de precios, afectando los ingresos de las mujeres, que como señalamos, están sobrerrepresentadas en la pobreza. Mientras que la inflación general fue del 70% acumulado, la canasta básica total subió 73% y la canasta alimentaria 78%.
• Los puestos de trabajo en casas particulares se redujeron sensiblemente en los últimos meses y las perspectivas hacia adelante tienden a empeorar puesto que ante las crisis, las familias suelen recortar en este rubro. Este sector está sumamente feminizado: el 96,7% son mujeres, y sus ingresos han perdido 30 puntos de poder adquisitivo en los últimos tres meses (valor hora vs inflación).
• Otro sector sumamente feminizado es el docente: el 77% del personal de nivel inicial, primario y secundario son mujeres, y sufrieron un recorte de salarios en términos nominales con la eliminación del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que representaba en promedio el 12% del sueldo.
• Las jubilaciones mínimas, que cobran mayormente las mujeres -que en un 78% accedieron vía moratoria y por ende cobran el haber mínimo- sufrieron una pérdida del poder adquisitivo de 20 puntos en 3 meses.
• El 63% de quienes cobran el programa Potenciar Trabajo son mujeres. El poder adquisitivo del mismo cayó prácticamente a la mitada marzo de este año.
• El programa Acompañar, que perciben las mujeres y diversidades en contextos de violencia de género, perdió un 30% de su poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei, a la par quese detuvieron las altas, con lo cual el programa tendería a desaparecer.

Desde su asunción, el gobierno desjerarquizó las políticas de género (cuya expresión máxima fue reducir el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en una Subsecretaría), prohibió el lenguaje inclusivo, se propuso cerrar el INADI y emprendió un ataque sistemático contra el movimiento feminista. Buscan avanzar contra el derecho al aborto, pero mientras tanto avanzan contra los ingresos y la calidad de vida a través de un plan económico que tiene como objetivo una transferencia brutal de ingresos desde los sectores de menores ingresos, en los que como dijimos están sobrerrepresentadas las mujeres, hacia los sectores más concentrados, en los que prevalecen los varones. 

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Notas a pie