El error de enfoque en la discución sobre Ganancias e ingresos populares

Si eliminaron las retenciones a los grandes, no se debe aplicar el criterio del déficit fiscal para discutir Ganancias, sino el criterio de progresividad y de necesidades sociales.

Por Julio Gambina / Economista

Ingresos populares en deterioro

Continúa la discusión sobre el impuesto a las ganancias, especialmente en lo relativo a la cuarta categoría que recae sobre los trabajadores, mientras la situación económica se deteriora para la mayoría de la población.

Para los sectores más concentrados, el año cierra con un balance positivo, aun cuando siguen demandando al gobierno mejores condiciones de política económica para acrecentar su toma de ganancias.

Según el INDEC, la inflación de la zona metropolitana en el mes de noviembre alcanza una variación de 1,6% con relación al mes anterior, siendo del 1,9% para alimentos y bebidas, el principal rubro de interés para los sectores sociales de menores ingresos.

El titular del INDEC señala que hay que tener paciencia y que no resulta sencillo bajar la inflación, especialmente de alimentos y por ajustes de tarifas de servicios públicos, las que seguirán creciendo en el futuro mediato.

El impuesto a las ganancias se discute políticamente entre el proyecto del gobierno y el de la oposición parlamentaria que tiene media sanción en la Cámara de Diputados.

La cuestión pasa por cuánto déficit fiscal puede soportar el Estado y no por criterios de progresividad tributaria y atención de las necesidades sociales. Es una discusión evitada cuando se eliminaron las retenciones a las exportaciones con un efecto fiscal evidente.

Las negociaciones involucran a la cúpula de la CGT y excluye a las otras centrales sindicales, con importantes desconformidades en el campo sindical y entre los trabajadores. Eso explica las próximas medidas de paro declaradas desde los sindicatos del transporte.

Entre la inflación creciente y las quitas por ganancias, los ingresos populares se diluyen y afectan las condiciones materiales para la reproducción de la vida cotidiana. Aun cuando las ganancias afectan a los salarios más altos, establece límites a la mejora de los menores ingresos de una abultada mayoría social.

Elecciones en puerta, tasas internacionales y deuda en alza

Todo remite a la especulación política del año electoral que se avecina y las necesidades de la población se negocian según las cuotas de poder de los involucrados en las idas y vueltas de un acuerdo que no terminará de satisfacer a los principales perjudicados: las/os trabajadoras/es y sus familias.

Resulta imprescindible una discusión a fondo del régimen tributario, que culmine con una reforma impositiva que resuelva progresividad en el ingreso fiscal para el financiamiento del Estado.

Claro que tendrá que acompañarse de otras medidas, porque derivado de políticas externas, el gasto público se expande como consecuencia de la suba de tasas de interés definidas en EEUU.

Especial impacto tiene en el incremento de los pagos exigidos por el elevado endeudamiento público promovido en la Gestión Macri.

A septiembre del 2016 la deuda pública supera los 264.600 millones de dólares; 10.600 millones más que a diciembre del 2015, aun con la merma que supuso la cancelación con acreedores en conflicto. Aun así, todavía existen 8.775 millones de dólares de acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda, una rémora del 2001.

El ajuste lo pagan los de abajo

Los ingresos populares bajan por la inflación y no actualización de salarios, jubilaciones, pensiones y planes sociales, sino también por mayores compromisos fiscales que afectan el gasto público social.

Con la recesión y la inflación se procesa un ajuste que castiga a la mayoría de la sociedad, al tiempo que se generan condiciones de demanda de las clases dominantes para nuevos y recurrentes ajustes del gasto público, que son acompañados de nuevas adecuaciones del tipo de cambio, que por ahora se expresan en subas del dólar paralelo, como antesala de nuevas devaluaciones.

El año cierra con descontentos variados y una conflictividad diversa, que la iniciativa gubernamental y de la política tradicional ha podido contener en una demanda que venía creciendo por un paro general.

Todas las condiciones sociales, económicas y políticas están dadas para la extensión de ese conflicto social en el marco de los 15 años de la crisis del 2001 que se cumplen el próximo 19 y 20 de diciembre.-