EL FALLO QUE FALLO.
La Corte de Justicia salteña tiró munición gruesa a Sergio Leavy pero pegó en el ojo al Gobernador Juan Manuel Urtubey. Nerviosismo electoral oficialista y persecusiones políticas.
Por Nolberto Guerra / Revista Norte
La rigurosa Ley se aplica al candidato opositor Oso Leavy, no a los oficialistas. El Topo Ramos es un ejemplo. El Oso es acusado de deber papeles. El Topo es acusado de deber millones. El Senador Rodolfo Urtubey en alerta: se viene el control al F.R.H. del que se fue dejando una millonaria duda?
JUSTICIA MOROSA NO ES JUSTICIA
Luego de más de tres años en mora la Corte de Justicia de Salta resolvió un Amparo. El 23 de Junio de 2014 el entonces concejal Carlos Alberto Cogno requirió al Ejecutivo municipal de Tartagal que le facilitara copias de las ejecuciones presupuestarias por los periodos 2007 al 2013. Sin respuesta insistió el 04 de Julio de 2014. Ante una nueva negativa presentó un Recurso de Amparo por ante la Justicia Ordinaria, el que fue rechazado. Cogno recaló con su pretensión ante la Corte de Justicia, quién días pasados resolvió favorable al peticionante.
En el termino de 120 días hábiles judiciales debe, el hoy candidato opositor Sergio Leavy, proveer lo requerido por el ex-concejal y actual candidato oficialista. Cuatro meses de gracia se le concedió al Intendente para satisfacer el pedido.
Expresa la Corte que «el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también por el Art. 23 de la Constitución Provincial que consagra la libertad de buscar, recibir y transmitir información». «Como un bien público, social o colectivo, la información se erige como un mecanismo o andamiaje de control institucional, tanto frente a autoridades públicas como frente a particulares». Sigue diciendo la Corte: «la potestad de acceder a la información pública es un derecho individual…y el derecho de acceso a la información pública se ensambla y conforma uno de los contenidos de la libertad de expresión reconocida por el Art. 14 de la Constitución Nacional de l853-60 entre los derechos humanos fundamentales». Y Agrega: «Resulta valioso señalar que el actor en su carácter de ciudadano se encuentra facultado a solicitar… el informe pertinente».
También señala la Corte salteña que «los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijeron que la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano (a), en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática».
CONSIDERACIONES POLITICAS
Difícil es extraer al Poder judicial de los intereses de la política, entendida ésta como la generadora de quienes conforman los tres poderes fundamentales del Estado. Tanto los ciudadanos que integran el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Legislativo son extraídos de la actividad política, y así lo consagra y reconoce nuestra Constitución Provincial. Son estos dos poderes quienes necesariamente intervienen en la conformación del tercer poder: el Judicial. Entonces, las decisiones y/o determinaciones de este último, no se sustraen de los otros dos poderes originarios. Sea por disciplina, interés y/o convicciones, también el Poder Judicial genera determinaciones que, aunque sus originantes lo nieguen, la sociedad entiende no están exentos de «observar» conveniencias políticas. Son temporales. Y de acuerdo a los «tiempos en que se dictan los fallos» la sociedad los evalúa. Lógicamente, como en todo terreno, excepciones hay. Hay Jueces y Funcionarios judiciales muy probos.
CASO LEAVY-COGNO
Tomando este caso, es imposible no asignarle a la decisión de la Corte un matiz político. Es que justo en este tiempo electoral, el fallo cuanto menos resulta extemporáneo. Tantos años tuvo la Corte en estudio (?) esta petición y justo se resuelve un semana antes de las elecciones, elecciones donde el demandado -Sergio Leavy- es uno de los candidatos que emigraron del Frente oficialista y hoy representa para el gobierno de Urtubey su peor amenaza de derrota. Y el demandante, oh casualidad, es candidato del Frente Urtubeycista. Puede ser que el Gobernador sea ajeno a todo esto. Sabiéndolo «metiche», cuesta desligarlo.
Es fácil deducir que la urgencia en tener los datos para Cogno eran elementales en su época de concejal, hoy ya parece intrascendente.
Quejosamente, Leavy de inmediato le asignó «travesura» política a esta resolución de la Corte. Convengamos que demasiado generoso es el plazo de 120 días hábiles judiciales. La Justicia quedó bien, después de tres años, con Cogno (o el Gobernador) y con Leavy. El Intendente sabe que antes de conformar un Presupuesto para el año siguiente, debe obtener la aprobación de la Cuenta General del Ejercicio anterior. Es decir, tener al día sus papeles.
Leavy ya recibió una muestra de intolerancia por parte de Urtubey cuando, sin miramientos y contradiciendo sus propias promesas de que como gobernador respetaba a quienes quieran competir en estas elecciones, echó de su gobierno al Alma Matter del Partido de la Victoria, José Vilariño. Es que el Toni es «cristinista» y don Juan Manuel desconoce hoy a esa Señora, a la cual durante ocho años Urtubey le fue incondicional y obediente.
Además para Urtubey, tanto Leavy como Vilariño, cuando estaban en su Frente eran tropa. Afuera, enemigos. Y si son competidores respetados y de peso, ninguna consideración.
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO DE LA PROVINCIA
Sería interesante que la Corte de Justicia de Salta ahora intime al Poder Ejecutivo Provincial, en la persona del Gobernador Juan Manuel Urtubey, a que también cumpla con el precepto constitucional de presentar anualmente su Cuenta General del Ejercicio para su aprobación o rechazo a la Cámara de Diputados. La Administrción Urtubey recién tiene aprobada esta Cuenta hasta el año 2012, es decir, ESTA MOROSA EN PRESENTAR POR LOS AÑOS 2013, 2014, 2015 y 2016 el destino de los dineros provinciales. Sabemos que la Corte dirá: si los diputados callan, allá ellos. De verdad: callan. Si hasta risueño pareció un Decreto del Ejecutivo donde ajustaba, en este año 2017, partidas de los Presupuestos de hasta cuatro años atrás.
CASO TOPO RAMOS
La situación de Leavy duró tres años. Veinte años la del Topo Ramos. Este escándalo del ex-intendente de Rosario de Lerma denunciado por manejos dinerarios irregulares, se ventiló también bajo la tutela de la misma Corte de Justicia. A Leavy se le exige que presente papeles, a Ramos NADA, causa prescripta. Total, eran dineros del Estado, es decir, de nadie y de todos. Que distintos tratamientos!!
El Procurador General de la Provincia: bien, gracias. Sigue peleando con Calsen por la millonaria multa. Cuatro años lleva ya y la Provincia no puede cobrarla, o no quiere cobrarla. Y Calsen sigue usufructuando sus 11.000 hectáreas desmontadas ilegalmente que lleva años explotando.
FONDO DE REPARACION HISTORICA: RODOLFO URTUBEY
Si tomamos al pié de la letra los fundamentos esgrimidos por la Corte de Justicia de Salta respecto al manejo de los dineros públicos, debemos esperar confiados en que pronto se intimará al ex-gerenciador del Fondo de Reparación Histórica, Rodolfo Urtubey, a que publique por los medios de prensa todo el movimiento de los casi Mil Millones de Pesos que constituían ese Fondo. El hoy Senador Nacional en plena campaña manejó esos dineros. Desde la propia Cámara de Diputados se exige rendición de cuentas tanto del manejo dinerario como de las obras concretadas o no. El gobierno debería ya, considerando el tiempo transcurrido, informar debidamente sobre el particular.
La doctora Natalia Buira, defensora oficial, ahora tiene también una nueva oportunidad de reclamar una rendición de cuentas del F.R.H. En innumerables oportunidades la Dra. Buira mostró preocupación por este «vaciamiento» que tanto daño hizo al pueblo de Salta. Millones están en la nebulosa. El propio Gobierno tiene la obligación de informar el destino final de ese crédito multimillonario.
El ex-diputado oranense Marcelo Bernad fue un incansable batallador denunciando anomalías del F.R.H. Bueno sería que reflote sus denuncias.-
REVISTA NORTE