Salta: campesinos despojados de sus tierras

“A los ricos denles un pico y una pala, no van a saber qué hacer”

Los hermanos Dolores y Valentín Alvarez fueron desalojados junto a la familia Díaz por orden de la Jueza Olga Sapag hace más de un mes de la Finca Líbano, un campo donde vivieron toda su vida. Gerardo Díaz tuvo la solidaridad de un finquero que le ofreció  un lugar para trasladarse con su familia y con sus animales. Los hermanos Alvarez, en cambio, quedaron a la vera de la ruta provincial nro 5 con sus cosas a la intemperie, siguen allí, cubriéndose apenas con plásticos ante las lluvias. No solo los despojaron de la tierra, sino de su medio de vida y de trabajo.

La tierra es de quien la trabaja” (decía Emiliano Zapata)

Anta Periodismo conversó con Gabriela Alvarez, hermana de Valentín y Dolores, la situación que relata da cuenta de las desigualdades para el sector campesino ante el reparto de la tierra y de la riqueza. “Nosotros los campesinos reclamamos lo que nos merecemos, que es la tierra porque los ricos, ellos no la trabajan a la tierra. A los ricos denles un pico y un hacha, no van a saber qué hacer porque ellos viven y reinan arriba de una camioneta, tienen empleados que van y trabajan por ellos, que van a poner el lomo día a día en el rayo del sol. A los ricos denles un pico y una pala, no van a saber qué hacer pero a un campesino que realmente la trabaja a la tierra, les puedo asegurar que saca frutos de esas tierras”.

Gabriela sostiene que Alejandro Lopez, el finquero favorecido por Sapag, “no quiere la tierra para trabajarla, tiene chanchos jabalí, es para caza de los ricos. Como en Rosario de la Frontera también hacían eso, criaban chanchos jabalí para la caza deportiva que le llaman, para la gente de plata. A esos mismos chanchos cuando los llevó, los soltó en el campo y lo mordieron a mi hermano, mi cuñado se salvó de milagro, pudo correr y se subió a un árbol”.

Desamparados

Sobre la situación actual Gabriela explica que no hubo avances ni en lo legal ni en las condiciones de vida en que quedaron: “mis hermanos siguen al costado de la ruta, la pasan mal por el agua, por las lluvias estas. Tenemos la suerte de que vialidad nos dio permiso para que podamos armar la casita, pero todavía no podemos armarla porque como a ellos les han sacado la casita, se la desarmaron a tirones, se rompió toda. Y ahora mis hermanos están cubiertos con plástico, han hecho una choza de plástico”.

No solo los hermanos Alvarez la pasan mal, los animales también “Las cabras y los perros están con ellos. Las tienen atadas a las cabras y bueno las vacas todavía están dentro de la finca. Alejandro López metió llave a los portones, mis hermanos han pedido permiso para dar la vuelta a otra finca para poder entrar a ver a los animales. Les llevan un poco de maíz pero ellos tienen como 50 vaquitas, no pueden llevar tanto porque no tienen. A los terneritos, a los caballos les dan maíz, las vacas grandes se arreglan con lo que pueden”

Gabriela explica que su familia sembraba, tenían sus verduras “pero ahora no tienen nada, han quedado desamparados totalmente”.

Funcionarios/as ausentes

“No se acercó nadie, ni algún funcionario” especifica Gabriela. Pone en evidencia que pese a la difusión mediática, y a que el tema se planteó en la Cámara de diputados, ni legisladores por Anta ni funcionarios/as del municipio de Las Lajitas se han interesado hasta el momento por el caso como para ofrecerles ayuda.

Solo la agrupación campesina Tierra Fértil de Jujuy, que pertenece al Movimiento Nacional Campesino llegó al lugar y está acompañando a la familia “le llevan mercadería a mis hermanos y con eso ellos están sobreviviendo”. También colaboran con abogados/as de la organización para seguir el caso.

Olga Sapag, una jueza cuestionada

Gabriela comenta “En la cámara de diputados no lograron que ella- la jueza Sapag- dé un paso atrás. El expediente sigue igual. No tenemos ninguna solución de nada”.

El art 9 de la ley 7658, dice que debe suspenderse la ejecución de sentencias, cuyo objeto sean el desalojo o desocupación de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en las situaciones previstas en los artículos 3.999 o 4.015 del código civil. “A la jueza no le importó la ley, no la respetó”, opina Gabriela al respecto. “El que tiene plata mueve cielo y tierra, un pobre campesino no tiene ni para comer”, añade.

Después de que se conociera el caso de las familias desalojadas una investigación periodística de Franco Hessling demostró que Olga Sapag, la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del distrito Metán también está inscripta en la AFIP y en la DGR como prestadora de servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes rurales. La publicación periodística (en www.cuarto.com.ar) da cuenta de que “la misma magistrada que ordena desalojos, desconociendo la ley provincial que impide la remoción de pequeños productores y familias rurales, además opera con terrenos e inmuebles rurales para su beneficio personal…Sapag está inscripta en AFIP como corredora inmobiliaria para beneficiarse con otra exención fiscal: la liberación de pagar el IVA, tal como impone el artículo 32 de la ley nacional 26.476. Entonces, está registrada como jueza para evadir el pago de Ganancias y como operadora de bienes raíces para omitir la cancelación del IVA”.

La jueza Sapag intervino en las causas de Anta, hasta el año 2011 en que se creó un juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Personas y de Familia en el departamento. Este caso se trató de un juicio reivindicatorio iniciado en 2009. La sentencia definitiva de primera instancia se dictó el 22 de diciembre de 2014 haciendo lugar a la demanda que conlleva la desocupación y restitución del inmueble en el término de diez días. Tal sentencia fue confirmada en segunda instancia el 21 de noviembre de 2016 por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ordenándose allí la restitución del inmueble desocupado. Y un recurso de inconstitucionalidad fue rechazado el 9 de febrero de 2017 por la misma sala. La Corte de Justicia rechazó un recurso de queja en esta causa el 9 de octubre de 2017 quedando firme la sentencia original.

Rememorando el desalojo

“Fueron una mañana a las 8. Lo han encontrado solito a uno de mis hermanos, Valentín. Mi otro hermano Dolores estaba enfermo y se fue al hospital. Ellos han aprovechado. Han ido y le han cargado todo. Alejandro López pagó un camión, ha ido con dos o tres policías, -no identificados-, y con el juez de Paz de Las Lajitas.Les han cargado todo, y los han botado al costado de la ruta, donde hay un arroyo. Encima, ‘no digas nada que aquí te venimos a dejar’, esas fueron las palabras del juez de paz. No nos quieren dar el nombre de los policías y no fueron con orden de desalojo”, cuenta Gabriela.

Vigilados

“Alejandro López los manda a vigilar, por ahí pasa una camioneta con los vidrios polarizados y todo eso. Aparte de que les han roto la casita, los mandan a vigilar”, afirma Gabriela Alvarez.

Gerardo Díaz “Que me devuelvan la confianza en la justicia”

En comunicación con Gerardo Díaz, manifiesta que la justicia está incumpliendo con el art 9 de la ley 7658. Pide: “que me devuelvan la confianza en la justicia”. Él con su familia y  50 vacas pudieron trasladarse al campo de un vecino “de buen corazón” que les ofreció donde hospedarse. Vivían hace más de 50 años en el lugar. Explica que allí quedaban solo su familia y la  Alvarez,  y que con estas expulsiones “están matando la cultura del lugar”.

Las familias solicitaban que los/las diputados/as garanticen que se cumpla con la ley 7658 y quieren que las tierras sean restituidas.-

 

Por Claudia Alvarez Ferreyra / Anta Periodismo / Publicado por Anred