Fondos Buitres: Un fallo desmesurado ante un gobierno desmesurado

En su insólita sentencia el magistrado hizo especial hincapié en las inflamadas declaraciones de la presidenta y del ministro de Economía, que tomó como un abierto desafío y una improcedente amenaza.

El juez de distrito de Nueva York Thomas Griesa dictaminó que la Argentina debe depositar en garantía los u$s 1.330 millones que exige el fondo de inversión NML Capital por sus bonos en default antes del 15 de diciembre. Ese día, el país debe pagar u$s 3.300 millones por el Cupón PBI. El Gobierno apelará la desmesurada medida el lunes y se juega todo a que la Corte de Apelaciones rechace la disposición o, al menos, la ponga en suspenso para poder abonar la deuda reestructurada sin incurrir en un default técnico.

Dijo el Juez: “Sin duda, una circunstancia extraordinaria más grave surge de las continuas declaraciones de la Presidenta de la Argentina y el gabinete, señalando que la Argentina no honrará o llevará adelante las decisiones actuales de la Corte de Distrito y el Tribunal de Apelaciones en el litigio en el que la Argentina es un parte. Y dispuso constituir una escrow account, o cuenta de garantía, en la que el país debe depositar el total de la sentencia hasta que la Corte de Apelaciones dé una sanción definitiva. Estas amenazas de desafío no pueden ser desatendidas”.

Según la decisión del juez, “desde que la Corte de Apelaciones falló, los más altos funcionarios de la Argentina han declarado que el país pagaría a los bonistas que aceptaron el canje, pero no entregaría un solo dólar a los que no aceptaron. La presidenta Cristina Kirchner hizo tal declaración. El ministro de Economía Lorenzino declaró que, a pesar de cualquier sentencia que pudiera surgir de cualquier jurisdicción, la Argentina no les pagaría a los bonistas en default”. Griesa destacó: “La Corte urgió al gobierno argentino a abandonar las desatinadas amenazas de desafiar la sentencia y que cualquier desafío a las sentencias no sólo sería ilegal, sino que representaría la peor clase de irresponsabilidad en los tratos con la Justicia. Esto no detuvo a los más encumbrados funcionarios argentinos, quienes continuaron hasta el momento con sus incendiarias declaraciones”.

Para el diputado Prat gay, el sorprendente y durísimo fallo del juez de primera instancia de Nueva York, Thomas Griesa, es de imposible cumplimiento para el gobierno argentino. Cumplirlo implicaría no sólo violar una Ley Nacional (la 26.017, conocida como Ley Cerrojo), sino también realizar un pago adicional compensatorio a los bonistas que entraron al canje por un monto que consumiría casi todas las reservas disponibles del Banco Central. Griesa sugiere un curso de acción impracticable. Pagarles a los bonistas que quedaron fuera del canje en los términos que exige el fallo es sencillamente imposible.

Algo así como una desmesura que sigue a otra desmesura, y en el medio los destinos del país.-

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