Por delitos económicos imputaron al exintendente, un exsecretario y un exconcejal de San Lorenzo

SAN LORENZO, SALTA

Acusados de distintos delitos en perjuicio de la administración pública. 

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó provisionalmente al exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza, al exsecretario de Hacienda del mismo municipio, Rogelio Higinio Guaymás y al exconcejal y hermano del exintendente, Aldo Dalmiro Gonza, acusados de distintos delitos en perjuicio de la administración pública. Ninguno de los imputados declaró durante la audiencia y deberán presentar un escrito.

El exintendente Ernesto Fernando Gonza, fue imputado por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real.

Del decreto de imputación surge que el exjefe comunal incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión, en orden al manejo de una administración pública municipal y dispuso en forma discrecional de los recursos municipales sin observar tales normas, lo que produjo un grave perjuicio al erario municipal.

La falta de cumplimiento a los regímenes normativos vigentes facilitó la discrecionalidad del manejo de tales fondos públicos, sumado a la falta de rendición de cuentas al finalizar su mandato.

También se tiene acreditado que Gonza realizó en su carácter de máxima autoridad del municipio un contrato de cesión por el plazo de 99 años en beneficio personal, para gozar de una parcela en el cementerio parque San Lorenzo a cambio de una suma de dinero que a todas luces resulta irrisoria e incompatible con la función ejercida.

Rogelio Higinio Guaymás, fue imputado por fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo en concurso real.

En su carácter de Secretario de Hacienda, Guaymás incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal y dispuso en forma discrecional de los recursos municipales sin observar tales normas, lo que produjo en consecuencia un grave perjuicio al erario municipal.

La falta de cumplimiento a los regímenes normativos vigentes facilitó la discrecionalidad del manejo de tales fondos públicos, al percibir durante los períodos 2017-2019, la suma de $ 3.701.724. Sin su participación conjunta con Gonza, los hechos endilgados no podrían haberse llevado a cabo.

La fiscal Simesen de Bielke también entendió que las maniobras de fraude a la administración municipal no pudieron concretarse sin la participación necesaria de Aldo Dalmiro Gonza, quien a sabiendas que no formaba parte esa administración, retiró fondos por la suma de $ 539.215 entre 2017 y 2019, mediante la firma de vales sin la constancia de la efectiva devolución de los montos, por lo que fue imputado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de partícipe necesario.

Auditoría externa

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo tras la denuncia radicada por el actual intendente de San Lorenzo, José Manuel Arias Saravia, en la que precisó que dispuso la realización de una auditoría externa de la gestión llevada adelante por Gonza.

El informe final de auditoría del 9 de marzo de 2020, comprendió los ejercicios presupuestarios de los períodos 2018-2019 y se pudo determinar diversas observaciones, como la inexistencia de un sistema de control interno; de indicadores de gestión en orden a la evolución de los recursos, su seguimiento y control, y el incumplimiento de las normas vigentes en materia de compra de bienes y contratación de servicios.

A su vez, evidenció una falta de control sobre los bienes adquiridos y servicios contratados y el incumplimiento de normas contables, financieras y presupuestarias, entre otras.

Al efectuarse la observación general por rubros, también hubo inconsistencias determinadas en gastos de combustibles, reparación de vehículos, compras de repuestos y alquiler de bienes.

Se identificaron retiros de dinero en efectivo que eran autorizados por el Intendente y el Secretario de Hacienda y surge que ante un requerimiento del Banco Macro y conforme lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera, se debía informar el destino de los fondos durante el trimestre abril, mayo y junio de 2019, por la suma de $11.514.135. Al realizar el relevamiento de dichos fondos, las extracciones referidas no se registraron en el sistema informático.

En cuanto a los ingresos tributarios, se detectó un supuesto en el que la tasa de construcción estaba impaga por falta de ingreso efectivo del dinero, pero con situación regularizada en el sistema tributario municipal.

Particularmente se pudo establecer que el 31 de agosto de 2018 ingresó en concepto de derecho de construcción un importe de $2.252.860 que fue abonado con cheques de pago diferido y que al momento de su depósito, eran retirados por las personas autorizadas por el Intendente y luego se entregaba el comprobante. Sin embargo, surge que solo se depositó un cheque el 31 de octubre de 2018 que fue rechazado por falta de fondos y que figura pagado en el sistema.

Así también se determinó la existencia de programas nacionales de asistencia social, con recepción de fondos en una cuenta del Banco Nación, de los cuales no existe uniformidad e integralidad en la información y documentación obrante en las oficinas administrativas de la Municipalidad con los extractos bancarios de dicha cuenta, tales como el “Programa de integración socio comunitaria”, “Acciones para la provisión de tierras para el hábitat social” y “Convenios de cooperación”, en los que no se efectuaron las ejecuciones correspondientes.

Por último, se pudo establecer la existencia de un sistema paralelo al formal con montos de entregas en efectivo para los periodos auditados que ascienden a la suma de $828.950 para el período 2018 y de $3.328.139 para el 2019. Sin embargo, se pudo establecer que de esos montos, la suma de $3.701.724, fue retirada por Rogelio Guaymás, en su carácter de Secretario de Hacienda entre 2017 y 2019 y de $539.215, retirados por Aldo Gonza, en su carácter de Concejal y hermano del Intendente.

Falta de rendición de cuentas

Del decreto de imputación también surge que Juan Carlos Dávalos, mientras se desempeñó como presidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, solicitó la intervención de la fiscalía y afirmó que el intendente Ernesto Fernando Gonza fue requerido en diversas oportunidades para que presentara informes al cuerpo deliberante, sin haber cumplido con sus obligaciones, establecidas por la Carta Orgánica Municipal.

Por último, la Auditoría General de la Provincia presentó el 13 de enero del corriente una denuncia luego de que el auditor Abdo Omar Esper solicitara al exintendente Ernesto Gonza la remisión de la documentación para la auditoría respectiva y que éste no cumpliera al estar debidamente notificado.

Por lo expuesto y con la documentación aportada por los denunciantes y hecha una valoración y análisis, la fiscal Simesen de Bielke entendió que surgen elementos de convicción suficientes para formular las imputaciones.-

 

Fuente: CCIP