La ley contra la trata de personas

Diputados aprobó el proyecto que modifica la ley sobre prevención y sanción de la trata de personas, en una votación unánime de la que participaron 224 diputados de la mayoría de los bloques.

La Cámara de Diputados convirtió en ley – cerca de la madrugada del miércoles – el proyecto que modifica la normativa sobre prevención y sanción de la trata de personas, incorporando severas penas para quienes incurran en ese delito, en una votación unánime respaldada por 224 diputados de la mayoría de los bloques del cuerpo.

La iniciativa fue debatida en el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras conocerse el fallo de la justicia tucumana que absolvió a los 13 acusados de la desaparición de la joven Marita Verón.

El debate, que se extendió por poco más de nueve horas, se desarrolló con la presencia de Susana Trimarco, quien fue aplaudida por los diputados cuando el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, anunció que se encontraba en uno de los palcos del recinto.

También siguió el debate desde la Cámara baja, la senadora tucumana Beatriz Rojkes, esposa del gobernador de esa provincia, José Alperovich, y autora, junto al senador (mandato cumplido) Sergio Mansilla, del proyecto que se debatió hoy .

Además, los diputados exhibieron en sus bancas fotos de Marita Verón con el reclamo de justicia y otras imágenes con huellas de manos de color rojo con la leyenda «No a la Trata».

En la votación, a la que sólo faltaron 31 diputados, se registró una abstención, perteneciente a la diputada de Democracia igualitaria y participativa, Marcela Rodríguez.

En el inicio de la sesión, el diputado nacional por Río Negro del Frente para la Victoria, Oscar Albrieu, aseguró que la iniciativa «es un paso más contra la injusticia».

«Vamos a votar convencidos esta ley porque es un paso más que damos en la lucha contra la injusticia, en la defensa de los olvidados de la historia», enfatizó Albrieu, titular de la comisión de Legislación Penal de la cámara baja, al hablar en el recinto como miembro informante del dictamen de mayoría.

También, la oficialista tucumana, Stella Maris Córdoba, manifestó su satisfacción por el debate del proyecto y afirmó que «ésta es hoy la ley posible y va a ser una herramienta para la justicia para que no tenga excusas para decir que no hay pruebas cuando hay que condenar a los delincuentes».

Por el radicalismo, la diputada nacional María Luisa Storani anticipó el respaldo en general de la UCR al proyecto, al considerar que constituye «un avance en los derechos y protección de las víctimas» y destacó la importancia de que se elimine «la necesidad del consentimiento para castigar al acusado y que se amplíen los conceptos de proxenetismo».

«Estamos dando un avance importante y comprometemos nuestro trabajo para avanzar en más derechos y para que esta ley sea un avance concreto en cada rincón de la república», aseguró desde el FAP, Alicia Ciciliani.

Gladys González, del PRO, respaldó la iniciativa aunque dijo que le hubiese gustado «un debate más profundo» de la norma y afirmó que «es bueno que avancemos en esto y aprovechemos que en estos temas hay una profunda oportunidad para avanzar en cuestiones concretas de género».

La modificación a la Ley de Trata de personas plantea más derechos para las víctimas porque, además de buscar condenar a los culpables del delito, intenta dar un salto en la prevención.

Para las víctimas que tienen que testificar en un juicio, la nueva propuesta modifica el Código Procesal Penal para que las declaraciones sean realizadas ante un psicólogo designado por el tribunal y en ningún caso por las partes.

Otro de los puntos principales de la modificación es que el consentimiento de la víctima no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal para los autores del delito.

Además, ordena la creación de un registro de estadísticas, sobre la base de un sistema sincronizado de denuncias que deberá resguardar los datos durante 10 años, con fines de investigación.-

 

Repercusiones

La nueva ley de trata de personas, que aprobó la Cámara de Diputados por unanimidad, fue celebrada por distintos sectores de la sociedad, que destacaron la necesidad de profundizar medidas de prevención de este delito.

Los puntos fundamentales de la ley, alrededor de los cuales se expresaron distintos referentes sociales, son el agravamiento de las penas para los culpables del delito de trata y la ampliación de derechos para las víctimas, entre los cuales, está el hecho de que su consentimiento no es causal de eximición de responsabilidad penal para los delincuentes.

Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), dijo a Télam que «la modificación implica un avance importante que repara lo que en 2008 no se incluyó en la ley 26.364».

En este sentido, afirmó que «ahora toca implementar las políticas para enfrentar la corrupción que alimenta la trata, y esto no es solo en la justicia, también funcionarios gubernamentales y fuerzas de seguridad son claves».

Por su parte, Alex Freyre, de Buenos Aires SIDA e integrante del Instituto Nacional del Hombre contra el Machismo (INAHCOM), celebró la reforma de la ley y señaló que «más allá de la persecución sobre el crimen de trata lo que hay que hacer es proteger a las mujeres que logran salir de esas redes».

Freyre destacó el aspecto de la reforma que exige tomar el testimonio de las víctimas en Cámara Gesell y «sin la presencia de sus torturadores y explotadores».

«Brindar un testimonio de este tipo es muy duro, entonces es fundamental que se hayan garantizado estas condiciones adecuadas y que se le tome una sola vez la declaración para impedir la revictimización», indicó.

Manuela Castiñeira, de la organización Las Rojas, del Nuevo Mas, destacó que la aprobación de la nueva ley de trata «es producto de la movilización del movimiento de mujeres y de la sociedad en general, que está exigiendo una respuesta ante el drama y la esclavización para explotación sexual».

Asimismo, destacó que «la reforma contiene aspectos que ya desde el feminismo se venían exigiendo desde que se sancionó la ley anterior, como el hecho de que el consentimiento de la víctima no exime la culpa del proxeneta» y aclaró que «no alcanza con esta ley: hay que avanzar en el desmantelamiento de las redes».

En tanto, Romina Amor, de la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, celebró «la sanción de las modificaciones a la ley» y se mostró esperanzada en que «esta ley sirva como herramienta para el trabajo efectivo y real contra el desmantelamiento de las redes de proxenetismo organizado».

Fabiana Túñez, de La Casa del Encuentro, reafirmó que la reforma de la ley “es un paso muy importante que fue pedido por todas las organizaciones que trabajamos con el tema».

De los aspectos modificados, Túñez destacó la posibilidad de eliminar el consentimiento como eximición del delito, el agravamiento de las penas y la creación de los Consejos Federales.

A su vez sostuvo, que «es imprescindible un cambio del paradigma cultural que nos involucre a todos y que uno sepa que tiene una responsabilidad cuando paga por sexo».

En tanto, Georgina Orellano, de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos (AMMAR) expresó su preocupación “porque la cláusula de `consentimiento` puede llegar a venirse en contra de las trabajadoras sexuales”.

“No todo es trata, nosotras tenemos compañeras que trabajan en forma particular y se reivindican como trabajadoras sexuales; no queremos otro trabajo, queremos que se regule», precisó.

Añadió que «se debe castigar a quienes cometen el delito de trata, y no perseguir a la trabajadora sexual”.-

 

Noticias del Congreso de la Nación