Explotación de litio en Argentina: sin «permiso social»

Autoridades argentinas dieron a Bruselas luz verde para la explotación de litio. Las comunidades afectadas, desde Jujuy y Mendoza, le ponen luz roja.

«Desde las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatoc, en Jujuy, junto con los representantes de Catamarca y Mendoza venimos a decir que no es como lo contaron nuestros gobernadores en estos mismos espacios. Dijeron que tenían permiso social para que vengan las nuevas inversiones de la Unión Europea para el litio. No es así”, dice a DW Verónica Chávez, de Santuario de Tres Pozos en Jujuy, Argentina.

Esta lideresa comunitaria llegó a Bruselas en una comitiva, seis meses después de que las autoridades de esas provincias argentinas ofrecieran, durante la Raw Materials Week (diciembre 2024), un entorno afable y pródigo para las inversiones europeas con el fin de cumplir con sus objetivos Pacto Verde.

Litio, cobre, níquel, cobalto y aluminio son parte de la lista de 34 materias primas claves para la transición verde europea. Asegurar y diversificar su suministro es clave para Bruselas.

Para ello ha venido firmando acuerdos que abren la puerta a su extracción en países que son «socios fiables”, uno de ellos, Argentina (memorándum de entendimiento UE-Argentina, julio 2023).  Pero desde los territorios que son fuente de esos minerales, el asunto se ve diferente.

El litio acaba no solo con el agua

«Si vienen más inversiones, para nosotros todo se acaba. Lo sabemos porque ya hay empresas que explotan el litio en Salinas Grandes. Nunca se sabe de dónde son, pues siempre cambian su nombre. En apenas diez años, nuestros jóvenes ya no pueden lavarse la cara en las fuentes de agua”, afirma Verónica Chávez. Se refiere, por ejemplo, a extracciones de litio en el salar de Cauchari-Olaroz.

«Entraron dividiendo a las comunidades con promesas a menudo falsas: una camioneta, una casa, dinero. Pero nosotros venimos a decirle a la Comisión Europea que nuestras decisiones son comunitarias, porque ese territorio es de derecho comunitario. No queremos irnos de la tierra de nuestros tatarabuelos. Vivimos de ella. Tenemos ganado, artesanías, trabajamos la sal, nos dedicamos al turismo”, cuenta Chávez. Y resalta que Salinas Grandes fue declarada, en 2019, una de las siete maravillas naturales de Argentina.

Un entramado legal nuevo

No obstante, «el desalojo está a la vuelta de la esquina”, cuenta a DW Ñushpi Quilla Mauhay Alancay, abogada de Malalweche, organización que representa a 25 comunidades del pueblo mapuche. «Vienen reclamando desde 2020. Pero en octubre y en diciembre de 2024 hubo dos retrocesos muy grandes que dejan en absoluta vulnerabilidad a los pueblos indígenas”, sigue Mauhay Alancay, ella misma de la comunidad quechua colla.

¿A qué retrocesos de refiere? «Lo primero fue derogar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, el encargado de otorgar personería jurídica a las comunidades. Esta competencia fue delegada a los gobiernos provinciales. En Mendoza, por ejemplo, no existe una institución para asuntos indígenas. Lo segundo fue acabar con la ley 26.160 que preveía protección para evitar desalojo de pueblos indígenas que no tuvieran aún personería jurídica”, responde.

Y aunque, en realidad, la propia Constitución argentina reconoce desde 1994 la preexistencia de los pueblos indígenas (Artículo 75, Inciso 17), la falta de instituciones que reconozcan sus derechos los deja a merced de la agenda empresarial.

¿Exploraciones y desalojos en la mira?

«En este momento hay dos empresas que ya están haciendo exploraciones. Estamos seguros de que vienen inversiones europeas. Por eso venimos a recordarles que no pueden hacerlo sin nuestro consentimiento”, destaca Verónica Chávez. En su opinión, en las instancias europeas visitadas encontraron un oído abierto a la preocupación por los acuíferos. Cabe recordar que las inversiones para el Pacto Verde, del programa europeo Global Gateway, prevén que sean para un transición verde, digital y socialmente justa.

¿Se prevé una consulta a las comunidades para asegurarse de que esas explotaciones lo sean? Por lo pronto reina el silencio en cuanto a los proyectos; sobre la consulta a las poblaciones hay poco más que una plataforma internacional con poca relevancia a nivel de consulta, informan a DW fuentes de la sociedad civil.

Por otro lado, se están desarrollando guías de acción para las delegaciones de la UE en sus países socios, para definir cómo interactuar con las comunidades. Con todo, «no es una prioridad para ninguna de las partes involucradas”, explica a DW Jorge Balbis, coordinador de proyectos del Centro de Formación para la Integración Regional de Uruguay.

«Las autoridades de América Latina y el Caribe deslegitiman los planteos de comunidades locales y ambientalistas; los gobiernos nacionales buscan recursos como sea, promoviendo facilidades de inversión, como el Régimen de Inversión para las Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina”, sigue Balbis. ¿Y por parte de la Unión Europea? «Más palabras que hechos”, responde.

Como fuere, la hoja de ruta europea para la extracción de materias primas críticas se acoge a las leyes nacionales, no a las propuestas para las inversiones del Global Gateway, recuerdan a DW fuentes de la sociedad civil. ¿Qué se puede esperar entonces?

«No hay protecciones jurídicas, y el estado de vulnerabilidad de las comunidades es muy grande”, responde Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay. «Además, estamos hablando de zonas glaciares y periglaciares en peligro. No queda claro si la economía sustentable de la trashumancia del pastoreo -que respeta ciclos naturales en los territorios- va a poder coexistir con ese modelo extractivista, pero sí sabemos que esa economía sustentable es muy importante para Mendoza”, añade.

«Son 38 comunidades en Jujuy; 25 en Malalweche y muchas más. Para nosotros no es negociable el cumplimiento de nuestras normas. Solo con esa base nos sentaremos a escuchar las propuestas de inversión europea en nuestros territorios”, concluye la abogada de Malalweche. (cp).