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Amnistía Internacional advirtió sobre el uso desmedido de cuarentenas obligatorias en centros de aislamiento
CASO FORMOSA
La organización llama a que las medidas de cuarentena sean voluntarias, y solo controladas por el Estado cuando no se pueda alcanzar el fin de proteger la salud pública por otros medios.
Amnistía internacional reclama a las autoridades de la provincia de Formosa que todas sus medidas para combatir la pandemia del COVID-19 sean respetuosas de los derechos humanos. La organización realiza un nuevo llamamiento luego de haber recibido denuncias sobre las medidas de cuarentenas estrictas en Centros de Atención Sanitaria (CAS).
Entre diferentes problemas, las denuncias señalan que:
Se obligaría a permanecer en los centros de aislamiento a personas con síntomas leves, asintomáticas e incluso a personas que no tienen COVID-19 , lo cual las expone al contagio.
En muchos casos, a las personas no se les brindaría información de su situación de salud, o se lo hace de palabra sin tener acceso a los resultados de sus test COVID-19, se les harían varios hisopados sin que se le pida consentimiento, resultando todo ello violatorio de su derecho a la información, al consentimiento informado, a la salud, entre otros.
La duración de las cuarentenas en los CAS en algunos casos habría excedido los 14 días, llegando incluso a los 30 días. Además, las personas no tendrían suficiente acceso a información sobre el tiempo que permanecerán alojadas ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento.
Se obligaría a permanecer en los CAS a niñas, niños y adolescentes y, en algunos casos, sin el acompañamiento de sus padres o familiares.
Las fuerzas de seguridad trasladarían compulsivamente a las personas a los CAS.
Los CAS estarían custodiados las 24 hs. por personal policial mientras que el personal de salud solo se presentaría una o dos veces al día.
Los CAS, localizados en escuelas o estadios, no cumplirían con condiciones higiénicas y de salubridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del virus y respetar la dignidad de las personas, permaneciendo más de 200 personas en un estadio, sin intimidad, ventilación, espacios de recreación y compartiendo los sanitarios. En muchos casos, esos espacios resultan contraproducentes para evitar la generación del virus y exponen a las personas al contagio.
Muchas personas serían obligadas a permanecer allí, sin brindar su consentimiento. Algunas han sufrido crisis, angustia y depresión y no han sido atendidas adecuadamente.
Estos hechos se suman a la situación de extrema precariedad que debieron atravesar las personas varadas que fueron impedidas de reingresar a territorio jurisdiccional durante meses. En octubre pasado, Amnistía Internacional ya había alertado por las más de 8000 personas varadas que no podían regresar a Formosa desde el inicio de la emergencia sanitaria.
A su vez, la organización ha relevado la utilización de cuarentenas obligatorias en otros países de la región, tales como Venezuela, Paraguay y El Salvador, y alertado sobre las violaciones a los derechos humanos por las condiciones en las que se llevaron a cabo.
De acuerdo a información oficial, hoy se encuentran alojadas en los centros de aislamiento 3.094 personas, pero solo hay 622 casos de COVID-19 activos en toda la provincia.
Según el derecho internacional de los derechos humanos, en situaciones de emergencia de salud pública, las autoridades pueden imponer cuarentenas obligatorias, como han hecho en respuesta a la COVID-19. Sin embargo, dado que la cuarentena bajo custodia del Estado representa en la práctica la privación de la libertad de una persona, su uso es permisible únicamente en circunstancias limitadas.
Los gobiernos tienen la obligación clara de garantizar que las personas sometidas a cuarentena están recluidas en condiciones dignas y con garantías frente a los malos tratos.
Según las recomendaciones de la OMS, una cuarentena debe durar 14 días, transcurridos los cuales las personas pueden regresar a sus domicilios, siempre que no desarrollen síntomas de COVID-19. A su vez, recomiendan que las niñas, niños y adolescentes no sean obligados a cumplir cuarentenas obligatorias en centros públicos. La OMS afirma asimismo que, aunque la cuarentena puede retrasar la introducción de una enfermedad en un país, si no se aplica como es debido, puede crear fuentes adicionales de propagación de ésta.
El derecho internacional prevé excepciones a la libertad para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias. Sin embargo, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, estrictamente limitada y necesaria; y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo. Amnistía Internacional reconoce que los Estados deben tomar medidas para limitar el impacto del COVID-19 en la población; sin embargo, las mismas deben ser respetuosas de los derechos humanos.
“Los testimonios que recibió Amnistía Internacional muestran la vulneración de derechos a los que son expuestos los ciudadanos formoseños. El modo en que se viene implementando la cuarentena estricta bajo custodia de las autoridades de Formosa no lo observamos en ningún otro lugar del país. Las autoridades deben evitar recurrir a métodos coercitivos en la implementación de medidas de salud pública. La pandemia no debe ser una excusa para que los Estados violen sus obligaciones en materia de derechos humanos”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Amnistía Internacional pide a las autoridades formoseñas que den prioridad a las campañas de prevención de la COVID-19 y a medidas de cuarentena voluntaria, y eviten someter a las personas a cuarentenas controladas por el Estado a menos que esta medida sea estrictamente necesaria y proporcionada, y únicamente cuando no se pueda alcanzar el fin de proteger la salud pública por otros medios, y sólo si pueden proporcionar un entorno con condiciones higiénicas, sanitarias, de privacidad y atención médica adecuados y dignos.-
NOTA RELACIONADA:
Amnistía Internacional exigió la liberación de las concejalas detenidas y pidió la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos
Formosa. Amnistía Internacional exigió hoy la inmediata liberación de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, detenidas en Formosa por manifestarse junto a vecinos en la puerta de la Escuela 18, donde funciona un Centro de Atención Sanitaria (CAS). En una carta dirigida a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la organización pidió la intervención de las autoridades nacionales para garantizar un entorno propicio para la labor de los defensores y las defensoras de derechos humanos.
La organización ua expresó su preocupación por las denuncias recibidas por la violación a los derechos humanos que tendría lugar en los CAS, entre ellas que se obligaría a permanecer en los centros de aislamiento a personas con síntomas leves, asintomáticas e incluso a personas que no tienen COVID-19, lo cual las expone al contagio. Además, la duración de las cuarentenas en los CAS en algunos casos habría excedido los 14 días y no cumplirían con condiciones higiénicas y de salubridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del virus, entre otras graves denuncias.
Estos hechos se suman a las múltiples denuncias de los últimos meses contra las autoridades de la provincia de Formosa por la implementación de medidas para evitar la propagación del COVID-19 que han vulnerado los derechos humanos. Amnistía Internacional realizó diversas presentaciones para denunciar la situación de las más de 8.500 personas varadas sin poder regresar a la Provincia luego de más de 7 meses de declarada la emergencia sanitaria.
“Amnistía Internacional viene reclamando insistentemente a las autoridades provinciales y nacionales que las medidas que se adopten en el marco de la pandemia respeten los derechos humanos. Defender los derechos humanos nunca puede ser un delito. Exigimos que las autoridades respeten sus compromisos internacionales y garanticen el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos. La situación que tuvieron que pasar hoy las concejalas es inadmisible en una democracia”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La detención de las concejalas
Gabriela Neme es concejala de la provincia de Formosa, abogada y defiende los derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas formoseñas ante diferentes medidas adoptadas por las autoridades provinciales para combatir la pandemia COVID-19. Por su parte, Celeste Ruíz Díaz es concejala provincial.
Ambas se encontraban esta tarde manifestándose junto a un grupo de vecinos y vecinas en la puerta de la escuela 18 de Formosa, en la cual funciona un Centro de Atención Sanitaria (CAS) reclamando por la situación de 19 personas que son obligadas a cumplir cuarentena obligatoria bajo custodia de las autoridades de la provincia desde hace 22 días, a pesar de haber dado negativo sus test de COVID-19. A su vez, en la escuela se encuentran alojados al menos 8 niños y niñas. Un grupo de policías se presentaron en el lugar y se las llevaron detenidas a la Comisaría nro. 1 de Formosa, lugar en el que aún permanecieron detenidas.
Si bien aún no les han informado los motivos de la detención, las autoridades policiales manifestaron informalmente a sus familiares que habrían sido detenidas por resistencia a la autoridad y violación del art. 205 del Código Penal, al supuestamente haber violado medidas adoptadas por las autoridades para impedir la propagación de la pandemia.
Gabriela Neme ya había sido denunciada ante el Colegio de Abogados de la Provincia de Formosa por dichos durante una audiencia judicial en defensa de personas alojadas en un centro de aislamiento.-
