Cuando se producen episodios delictivos cometidos con armas de fuego, inmediatamente surgen preguntas sobre el escenario social en el que se desenvuelven nuestras vidas, sobre la incidencia del armamento en la sociedad, sobre el grado de violencia que padecemos, sobre la meneada «inseguridad», etc.
En los últimos días hubo acontecimientos que volvieron a poner en el centro del debate público esta cuestión. Por supuesto, esta realidad no está libre del condicionamiento que implica el constante fogoneo de los grandes medios de comunicación porteños, especialmente la televisión, que magnifica a extremos morbosos la cantidad y los detalles de cada ilícito que ocurre en el país, y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Un reciente informe de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual dio a conocer un estudio de medios en el que se resalta la abrumadora mayoría de noticias de carácter policial que divulgan los noticieros de televisión frente a otros temas de igual o mayor relevancia pública.
Semanas atrás un despensero disparó sobre un joven que había ingresado en su negocio con fines de robo y lo mató. A los pocos días una mujer fue asesinada y su pareja fue herida con un tiro en el rostro en el marco de un crimen por encargo perpetrado por un sicario, supuestamente contratado por una deuda de dinero. Estos hechos de violencia extrema provocaron conmoción en la sociedad pampeana que -afortunadamente- no está habituada a este tipo de delitos.
Cabe preguntarse entonces si, además de haber más violencia en los delitos, como afirmó el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, la provincia está más armada. Las últimas cifras estadísticas que se difundieron corresponden a un informe de la Jefatura de Gabinete ante el Senado de la Nación. Pero en esos números figuran mucho del armamento que poseen las fuerzas de seguridad que hay en la provincia: policías provincial y federal, Gendarmería y Ejército.
Desde el Registro Nacional de las Armas, el Renar, no se suministran datos oficiales actualizados, y ni siquiera son entregados a la Jefatura de Policía pampeana. Este incomprensible hermetismo, en buena medida, tiene que ver con una decisión del gobierno nacional que tiende a ocultar esas cifras. Desde 2009 no se divulgan estadísticas nacionales sobre delitos en el país, o al menos sobre los ocurridos en las provincias. La Dirección Nacional de Política Criminal, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, no publica datos de delitos completos desde 2008, lo que impide ver la evolución desde entonces.
Hay algunos cálculos sobre armas en La Pampa, como los de la Jefatura de Gabinete, con los que se puede intentar examinar la situación local. Esas cifras indican que hay un arma cada 16 personas, mientras que otro informe divulgado anteriormente por este diario señala que hace una década se calculaba que esa relación era de un arma cada 13 personas. De ahí que se puede inferir que hoy habría menos armas. En tanto los programas de desarme impulsados por el gobierno nacional apenas lograron recolectar unas 300 armas de las 20 mil que se estima hay en el territorio. Se indica también que La Pampa, por ser una provincia ruralizada, tiene mayor número porque se las utilizan en los campos para defensa y caza; pero los números señalan además que por año hay 200 armas no registradas o que se utilizan en delitos que son secuestradas por la Policía.
Es decir, no hay datos que permitan asegurar en forma tajante que la cantidad de armamento presente en una provincia tienda a hacerla más insegura, o que se cometan más delitos por esa circunstancia. Pero, por otro lado, se puede analizar, y los hechos así lo fundamentan, que en una sociedad en la que la violencia parece ganar terreno, las armas contribuyen a fomentar un escenario preocupante.-
LA MAZA