Dicho Fondo, constituido por los aportes de los trabajadores en actividad, se conformó en el 2008 cuando se reestatizó el sistema con el remanente de las AFJP y lo que quedaba en la ANSES Residual, como se dio en llamarlo en aquel entonces. Es una cartera de títulos, acciones, bonos e inversiones que garantiza a futuro la sustentabilidad del sistema.
Por ello sancionamos en el 2014 una ley, que impedía la liquidación de parte o de todo el Capital del mismo sin autorización del Congreso Nacional. Se pueden utilizar los intereses devenidos de dichas inversiones para sostener pagos de jubilaciones y pensiones, pero no su capital.
En el memorándum con el FMI queda bastante claro que la venta es en rigor una liquidación del capital: «Por el momento, el valor de los activos de los fondos de pensiones incautados en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones», sostiene el texto que firmaron Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger con el board del Fondo.
El argumento es falaz, porque también aducen la necesidad de completar el pago de la reparación a aquellos jubilados a quien se les hubiera realizado una liquidación incorrecta en su momento. La Ley de Reparación Histórica planteaba que esos fondos provendrían del blanqueo de capitales, que la misma ley habilitaba.
Sin un combate en serio contra el trabajo en negro, la precariedad y los despidos, el sistema no volverá a ser sustentable.
Con casi el 50% de la población en edad de trabajar desocupada, changueando, trabajando como becarios, pasantes, en negro, proceso que se ha profundizado en los últimos dos años, esta ecuación no se sostiene.
Tampoco hemos logrado que se trate la restitución de los aportes patronales a las grandes empresas, ni la derivación de impuestos al juego, al capital financiero y a las petroleras al sistema previsional.
Es la profecía autocumplida: En septiembre del 2016, cuando se sancionó la ley de reparación histórica, el Gobierno conformó una comisión de análisis de la sustentabilidad del sistema previsional, conformada por supuestos especialistas, que funciona en el Ministerio de Trabajo y que a mediados del año próximo se expedirá al respecto. Esta debería ser tarea de una comisión bicameral del Congreso Nacional.
Pero con el aumento de la precariedad y desocupación y la liquidación de parte de los 7.500 millones del FGS, sin aportes de nuevos impuestos que refuercen el sistema, la conclusión ineludible será que el sistema no es sustentable, y reaparecerán las distintas teorías privatistas.-
