Carrió cuestionó la decision de Macri de resignar recursos públicos a favor de las mineras

La diputada de Cambiemos Elisa Carrió, socia política del presidente Mauricio Macri, expresó su desacuerdo con el anuncio del Gobierno Nacional respecto a la eliminación de las retenciones a las exportaciones de la industria minera a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Carrió consideró que tal medida «significa la entrega de recursos públicos en favor de empresas, en su mayoría multinacionales, con rentabilidad superlativa en los últimos años».

«A una actividad con baja capacidad de generación de puestos de trabajo y alto impacto ambiental, no se la puede beneficiar de manera privilegiada con medidas que impliquen transferencias de recursos del conjunto de la sociedad, ocasionando un costo fiscal considerable», dice el documento emitido en su página web.

Así Carrió se suma a las diversas personalidades y organizaciones que criticaron el anuncio de Macri, como lo hizo Greenpeace, quien afirmó que se está «premiando a una de las industrias más peligrosas y contaminantes», la cual ha ejercido su actividad «sin ningún tipo de control».

A su vez, la líder de la Coalición Cïvica destacó que en nuestro país operan en dicha actividad «más de 50 megaempresas internacionales» y «sólo un puñado» de empresas nacionales. Asimismo, sostuvo que «desde la ley 24.196 de Inversiones Mineras sancionada durante el gobierno de Carlos Menem en adelante la actividad minera es, sin dudas, una de las actividades productivas mas beneficiada e incentivada por las leyes nacionales, situación que se ha consolidado a lo largo de la gestión kirchnerista».

«El régimen legal ‘promocional’ para las inversiones mineras en la Argentina incluye una serie de beneficios comerciales, tributarios, financieros y cambiarios, a lo que se suma la permeabilidad e ineficiencia en los controles del Estado», explicó la CC en el descargo.

«El uso de las reservas de agua -continúa el comunicado-, el cumplimiento de la ley de glaciares, el impacto ambiental por explotación y sus eventuales accidentes (como fue el derrame de agua cianurada ocurrido en la mina Veladero, comprometiendo la salud de los habitantes de la ciudad de Jachal, en la Provincia de San Juan, sin que implique sanción alguna para la empresa), la reforma del código de minería entre otros, deberían ser los temas de atención de una nueva gestión».

Finalmente, el archivo cierra con un párrafo sentencioso hacia el nuevo Poder Ejecutivo: «Un país que cuida su presente y piensa su futuro pone como prioridad la agenda ambiental, no la rentabilidad de unos pocos. Por lo tanto la defensa del interés general no debe ceder ante las presiones sectoriales, como lo es el lobby minero».-

(politicargentina.com)