Contra el intento de privatización del PAMI, el cese de la intervención y su inmediata normalización

ATE y sus jubilados denuncian la privatización del PAMI y la existencia de un conflicto de intereses a partir de la Resolución 956/17 de la intervención.

La Asociación de Trabajadores del Estado denuncian que la Resolución 956/17 creó una Fundación y avanzó en una reforma estructural, en abierta violación de la ley vigente y de la propia Constitución; lo que afecta su modelo prestacional, su organización laboral, su encuadramiento sindical y, en especial, la calidad de las prestaciones.

Hugo Godoy, titular nacional del gremio, sostuvo que el propio Estado a través de esa intervención desconoce “la naturaleza de persona pública no estatal del instituto, dispone y arriesga su patrimonio, la organización administrativa y laboral -como si fuese propio- y adopta decisiones que exceden sus facultades, en desmedro de sus legítimos administradores (jubilados y trabajadores), lo que es nulo de nulidad absoluta”.

También sostuvo que en “la ciudad entrerriana de Gualeguaychú se celebró un acuerdo prestacional para atender a los jubilados a través de una prestadora privada (Nativus S.R.L.), fundada por la intervención del PAMI”, y afirmó que con esas medidas “se avanza hacia una privatización encubierta de los servicios a través de una intervención de facto que tiene un claro conflicto de intereses, desnaturalizando sus funciones en detrimento del derecho humano a la salud de sus beneficiarios, los jubilados y pensionados”.

Godoy reclamó “el inmediato cese de la Intervención, de las medidas inconsultas que privatizan sus servicios y arriesgan su patrimonio y su normalización -conforme el artículo 14 bis de la Constitución Nacional- a través de jubilados y trabajadores, quienes deben ser elegidos de forma directa y democrática y con la participación del Estado”, concluyó.-

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