Corrupción con la obra pública en el gobierno provincial y los municipios

Esta vez con fondos para viviendas y el IPV. Los municipios de Angastaco, Vaqueros, Quijano, Aguaray y Orán involucrados.

Una nueva investigación de El Tribuno muestra cómo los funcionarios provinciales, sus familiares y amigos se benefician con la obra pública. Nuevamente los Fondos para Viviendas y el IPV hacen saltar la red de corrupción del gobierno provincial.

Contrataciones directas para empresas de familiares y funcionarios. Los intendentes serían parte de la red de corrupción: Los casos de Angastaco, Vaqueros, Quijano, Aguaray y Orán.

 

 

LAS EMPRESAS DEL PADRE DE ALESANCO, DEL HERMANO DEL GERENTE DE CONTROL OBRAS Y DE LA ESPOSA DEL JEFE DE INSPECTORES DEL INTERIOR, LAS BENDECIDAS.

Funcionarios del IPV entregan obras por invitación a parientes y amigos

El festival de contrataciones directas incluye obras de vivienda, agua, cloacas, energía eléctrica y pavimentación.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) adjudica obras sin licitación a empresas en las que funcionarios de ese organismo tienen participaciones e intereses incompatibles con sus cargos públicos.

Las constructoras Fefermax, 4HS e ICA SRL son tres casos testigo de los procedimientos irregulares con los que se viene vulnerando el sistema de contrataciones de la Provincia, desde hace al menos dos años, según prueban resoluciones extraídas del Boletín Oficial, edictos societarios, cédulas parcelarias y otras constancias reunidas en este informe periodístico.

Las fuentes documentales dejan ver, sin mucho esfuerzo, cómo altos funcionarios del organismo provincial promueven, direccionan, justifican y contratan obras de viviendas e infraestructura complementaria (agua, cloacas, energía eléctrica) con empresas constituidas, manejadas o representadas por sus familiares directos y amigos.

Muchas de las contrataciones se canalizan mediante convenios con municipios que cubren a funcionarios de sus incompatibilidades y transfieren a jefes comunales la responsabilidad de obras que se entregan sin aprobaciones técnicas y terminan, varias veces, mal.

“En familia”

El presidente del IPV, Fernando Alesanco, firmó uno de esos convenios a fines de 2012 con el intendente de Angastaco, Eduardo Ramón Díaz, para la construcción de 10 viviendas del programa provincial “Mi Casa” en la citada localidad de los Valles Calchaquíes.

En el parte que difundió Gobierno de Salta el 15 de noviembre de 2012 en su sitio oficial, con fotos y detalles de ese acuerdo, se informó que “el Instituto financiará la obra y el municipio se encargará de la dirección técnica, mano de obra y materiales para los trabajos”.

Esas viviendas terminaron contratadas en 2013 con la constructora Fefermax. Se trata de una sociedad de responsabilidad limitada que fue constituida el 26 de septiembre de 2011 por la madre del titular del IPV, Mirta Estela Tóffoli de Alesanco, como principal socia y gerente.

Dentro y fuera del organismo de vivienda, no obstante, todos la conocen como “la empresa del padre” del funcionario, Roberto Alesanco.

“Tapar el bache”

Días atrás, justamente, un profesional ingresó al IPV en busca de antecedentes, para ver si la constructora para la cual trabaja podía, luego de analizar los números, hacerse cargo de la obra que había abandonado en Angastaco la empresa Fefermax.

Por esos días la Unidad Ejecutora -como se denomina la oficina del IPV que maneja los proyectos a través de los municipios- ardía en desesperación por conseguir a alguien que finalice los trabajos que pusieron a más de uno en Angastaco con el grito en el cielo.

La brasa caliente, según informaron fuentes confiables, quedó finalmente en manos de Imeca, la constructora del ingeniero industrial Alfredo Alberto Salum.

El curioso caso de las 30 viviendas sociales en Vaqueros

En noviembre de 2012, el IPV contrató la construcción de 30 viviendas y su infraestructura en Vaqueros, por $4.989.214, con la empresa Mocovi.

En marzo de 2013, la contratista cedió el proyecto a título gratuito a la firma Premoldeados del Norte, de Pedro Manzur, quien consiguió una redeterminación de precios que subió el monto de las obras a $6.634.330.

El que gestionó y logró la abultada actualización fue el representante técnico de ICA SRL, Carlos Federico Ruiz, quien elevó los pedidos como representante técnico de Premoldeados del Norte. Una vez que tuvo los papeles, el gerente de control de obras del IPV, Fernando Zalazar Ruiz, no tardó en dar el visto bueno para que la solicitud fuera aprobada.

Paralelamente, y también a pedido de Ruiz, en agosto de 2013 Zalazar canalizó la autorización de un adicional de obra, de $1.388.539, por una nivelación de terrenos. Alesanco resolvió ese requerimiento en octubre de 2013.

El pasado 13 de marzo, el Gobierno informó que las 30 viviendas y su infraestructura estaban ejecutadas en un 63%, con un monto de inversión de $8.352.683. En síntesis, una obra que había sido contratada en noviembre de 2012 por menos de $5 millones terminó costando un 67% más.

El expediente de las 30 viviendas, entre otros giros, muestra al ingeniero Ruiz, gerente de ICA, en un inusual doble rol, que según fuentes consultadas, es éticamente incompatible.

Un proceso en el que ICA compitió con Premoldeados del Norte ayuda a entender el porqué del reproche. La compulsa fue lanzada el 6 de agosto de 2013 por el secretario de Obras Públicas, Sergio Zorpudes, para contratar trabajos de refacción en el casco histórico de la capital. ICA se impuso a Premoldeados del Norte porque presentó la cotización más baja. Siendo las ofertas secretas, en su doble rol de representante técnico, ¿podía Ruiz desconocerlas de una y otra? La respuesta, que cae de madura, revela cómo se manejan las cosas.

Detrás de ICA SRL, el Gran Hermano

ICA es una SRL que constituyeron el 11 de noviembre de 2011 el hermano menor del gerente de Control de Obras del IPV, Fernando Zalazar Ruiz, y dos jóvenes allegados.

Gustavo Zalazar Ruiz tenía 24 años y sus socios, Manuel Ricardo García y Carlos Federico Ruiz, 23 y 30, respectivamente, cuando conformaron la empresa, pocos días antes de que Fernando Zalazar Ruiz se hiciera cargo de la estratégica gerencia del IPV.

El ingeniero, que asumió en diciembre de 2011 como mano derecha de Alesanco, se había desempeñado hasta entonces como inspector de la Secretaría de Obras Públicas de Salta.

Desde su nuevo cargo, Zalazar Ruiz se convirtió en pieza clave de un festival de contrataciones directas que fueron justificadas, en distintos puntos de la provincia, con un sinnúmero de nexos y ampliaciones de redes que Aguas del Norte y Edesa exigieron para entregar las factibilidades de agua y energía a urbanizaciones del IPV.

Desde 2012, ICA empezó a ser invitada a esos procesos con los que se definieron contrataciones de modo curioso. Al menos en dos de los concursos, la firma que tiene al ingeniero Carlos Federico Ruiz como representante técnico fue descalificada por presentar ofertas que superaban los presupuestos oficiales. Y con las insólitas cotizaciones de ICA terminó beneficiada, en Aguaray y Orán, una misma competidora: 4HS.

Cómo se justifica la contratación directa  

Aguas del Norte o Edesa condicionan los servicios para viviendas del IPV a la ejecución de ampliaciones o nexos supuestamente no previstos en las infraestructuras de agua, cloacas o energía de diferentes urbanizaciones.

A partir de tales condicionamientos, funcionarios próximos a Alesanco concluyen que “se encontrarían configuradas razones de urgencia que no permiten esperar la realización de un concurso de precios o licitación”. Piden, entonces, la elaboración de los pliegos de las contrataciones directas. Así se eluden las disposiciones de la ley provincial 6838, que habilita la libre elección de contratistas por negociación directa ante “probadas razones de urgencia o emergencia”.

Algunos funcionarios direccionan las obras a empresas en las que tienen parientes e intereses incompatibles con sus cargos.

En el esquema irregular se mezclan firmas sin capacidad con otras de buenos antecedentes, que participan en determinados procesos como “parteners”.

Aguas del Norte tiene actores de reparto en este festival de contrataciones directas, ya que más de un profesional – funcionario de la prestadora estatal trabaja en coordinación con pares del IPV para crear proyectos a medida de las empresas a las que se quiere favorecer.

En los últimos dos años el IPV contrató este tipo de obras, ya sea forma directa o mediante convenios como los que Alesanco firmó con los intendentes de Angastaco y Quijano.

4HS, otra firma con vínculos familiares 

Los vínculos y las contrataciones que el organismo provincial de viviendas resolvió a favor de la empresa 4HS Servicios Empresariales, en los últimos dos años, son más que llamativos.

Es que sin tener local propio, empleados ni inscripción en el Instituto de Estadística y Registro de la Construcción (IERIC), como tampoco en la Dirección General de Rentas (DGR) para el impuesto de Cooperadoras Asistenciales, esa empresa ganó contrataciones directas.

En el IPV, por cierto, la titular de la firma favorecida con obras de nexos de agua potable y tendidos eléctricos, Fátima Moya, tiene a su esposo, Juan José Simoliunas, como jefe de las inspecciones de obras en el interior.

No es de extrañar entonces que 4HS haya terminado favorecida incluso con la adjudicación de obras de infraestructura para las que había sido desestimada por la comisión evaluadora, como ocurrió en junio de 2013 en Orán.

Antes, en otro proceso selectivo al que había sido invitada también ICA, la empresa vinculada al gerente de Control de Obras del IPV, la firma 4HS había sido beneficiada con la adjudicación de obras de agua para un grupo de 38 viviendas de Aguaray.

Los antecedentes de ese proceso permiten ver cómo se justifican y resuelven los procesos selectivos sistemáticamente, y sin licitación, en las dependencias de avenida Belgrano 1349.

El expediente de la contratación directa 22/12, resuelta el 9 de febrero de 2013 por resolución 136, había sido iniciado por el gerente de Control de Obras del IPV en noviembre de 2012. “Vista la factibilidad de Aguas del Norte, en la cual para la conexión de la red de agua condiciona a la ejecución de una obra complementaria, solicita la preparación del pliego de contratación directa”, decía la orden con la que Fernando Zalazar Ruiz activó el proceso selectivo al que fueron invitadas tres empresas: ICA, GEMA y 4HS.

Las dos primeras fueron descalificadas por cotizar los trabajos por encima del presupuesto oficial tope que se había fijado, de modo que la adjudicación le quedó servida a 4HS, con una oferta apenas por debajo del presupuesto oficial.

Sin registros

La comisión evaluadora advirtió, sin embargo, que no se había solicitado a ninguna de las firmas invitadas información que permita analizar su evolución económica y antecedentes financieros. En respuesta a ese planteo, la titular de 4HS, Fátima Mabel Moya, informó al IPV que no tenía la inscripción en el IERIC ni en el impuesto a las Cooperadoras Asistenciales en Rentas, porque “no poseo todavía empleados en relación de dependencia”. Aclaró que “recién tomaremos personal cuando dé comienzo la obra”.

En cuanto a la inscripción en la Municipalidad de Salta, Moya manifestó que “no me encuentro inscripta dado que no poseo local para ejercer mis actividades, ya que las mismas se ejercen en domicilios de terceros sin atención al público”.

Igualmente, el presidente del Instituto resolvió, en febrero de 2013, la adjudicación de las obras a la firma que tiene como titular a la esposa del jefe de las inspecciones de obras del IPV en el interior de la provincia. El lazo matrimonial está explicitado en la cédula parcelaria del inmueble que ambos adquirieron en Adolfo Gemes 460 el 28 de mayo de 2004 (matrícula 70036) y que figura aún hoy con un 50% para cada uno.

Obra sobrevaluada en Campo Quijano

“Invertirán $1,3 millones para mejorar el servicio de agua en Campo Quijano”, destacó un parte del Gobierno el 15 de enero. Ese día Fernando Alesanco firmó con el intendente Manuel Cornejo un convenio en el que el IPV se comprometió a financiar la ejecución y el municipio, a aportar los insumos para la obra, el trabajo y la dirección técnica del “proyecto aprobado por la prestadora del servicio Aguas del Norte”.

Esa obra fue adjudicada dos días después a 4HS, que inició los trabajos el 27 de enero “sin proyecto aprobado”, según fuentes cercanas a la prestataria. Por las desprolijidades, la obra, que debía terminarse a fines de marzo, sigue inconclusa, con el 90% de ejecución certificado y un presunto sobreprecio del 100%, de acuerdo con cotizaciones de empresas que valuaron ese nexo de agua por debajo de $650.000.-