CONTRABANDO
Tras once allanamientos, incautan 62 mil kilos de soja y detienen a un exintendente radical que había sido condenado por abuso sexual a una menor.
Once allanamientos realizados en simultáneo durante la madrugada del lunes en distintas localidades de las provincias de Corrientes y Misiones culminaron con el decomiso de 62 toneladas de soja y siete detenidos. Entre ellos, el ex intendente de la localidad de Garaví (departamento de Santo Tomé), Erasmo Chukel, y un efectivo de la policía de Corrientes.
Las personas están acusadas por los delitos de contrabando de exportación de granos agravada, cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.
En los procedimientos -requeridos por el fiscal federal de Paso de los Libres, Aníbal Martínez- también se incautaron camionetas, automóviles, armas de fuego, municiones, cigarrillos, embarcaciones y motores fuera de borda, bidones de agroquímicos, equipos VHF (handy), fardos de alfalfa y tabaco, bolsas de maíz y alpiste, maquinaria agrícola, paneles solares, elementos informáticos, documentación y dinero en efectivo. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el valor calculado de todo lo incautado asciende a más de 60 millones de pesos.
Las cifras evidencian que los actos vinculados al mercado negro de granos y la evasión de impuestos están lejos de ser una excepción a la regla en nuestro país. Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, en los primeros meses de 2021 se decomisaron 5.455.160 kilogramos de granos de soja, maíz y otros cereales; destinados al comercio ilegal. Fueron 171 los procedimientos y 203 personas involucradas.
A igual fecha de 2020, en medio de las restricciones más duras debido de la pandemia, se habían secuestrado 568.787 kilogramos. Mientras que en el mismo periodo de 2019, con Cambiemos aún en el poder, fueron 1.597.523 los kilogramos de granos incautados.
Las investigaciones penales derivadas de los decomisos suelen destapar redes de firmas utilizadas para subfacturar exportaciones, evadir impuestos y evitar la liquidación de divisas. En el Gobierno ponen el ojo sobre una serie de empresas constituidas como Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que gracias a una normativa del macrismo permitían crearlas en 24 horas saltando gran parte de los requisitos administrativos tradicionales.
Otro punto clave es que la opacidad de este mercado ilegal podría estar impulsando la especulación sobre la brecha cambiaria, sumando mayor presión alcista sobre los precios locales.
En esta oportunidad, la detención de Erasmo Chukel promete destapar la pata política detrás de estos delitos. Según la investigación, el ex intendente y actual concejal de la localidad correntina de Garaví (de la alianza ECO+ Cambiemos) habría colaborado en la maniobra cuando era jefe comunal, cargo al que se vio obligado a renunciar en 2021 tras una condena por abuso sexual a una niña que al momento de hecho tenía 12 años.
En junio del año pasado el tribunal oral N°6 de Santo Tomé -integrado por los jueces María Alejandra Petrucci de Oharriz, Rodrigo López Lecube y Manuel Horacio Pereyra- encontró culpable al dirigente cambiemita y lo condenó a tan sólo 6 meses de prisión en suspenso. Desde entonces Chukel no sólo continúa en libertad y ejerciendo cargos públicos, aún mantiene una cuota de poder en la localidad correntina de 1.500 habitantes: quien asumió la intendencia tras el fallo y hoy continúa al frente del Ejecutivo en Garaví es su hija, Paola Chukel.
La maniobra
De acuerdo a la investigación, el contrabando consistía en simular -mediante la utilización de cartas de porte adulteradas o inválidas- el transporte interno de granos (es decir, de un lugar a otro de la Argentina) a bordo de camiones, desde las zonas productoras hacia la provincia de Misiones, ocultando el verdadero destino, que era la República Federativa del Brasil.
“Una vez que los camiones cargados con granos llegaban a la provincia de Corrientes –paso obligatorio para llegar por vía terrestre a Misiones–, en lugar de continuar su viaje hacia el destino aparente eran derivados a predios y/o galpones ubicados en Garaví y Gobernador Virasoro”, informó el Ministerio Público Fiscal.
En ese lugar la carga era embolsada y luego trasladada en vehículos de menor porte hasta los puertos no habilitados de Garaví, sobre la costa del río Uruguay, desde donde eran cruzadas ilegalmente a Brasil en embarcaciones de pequeño porte.
“La organización habría actuado en connivencia con funcionarios y/o empleados públicos -algunos identificados-, mediante el ofrecimiento y/o pago de sumas de dinero, en concepto de dádivas o sobornos, para que omitieran controlar la operatoria ilegal”, detallaron los fiscales.-
Fuente: Canal Abierto