El FOCIS advierte que en Salta se ha ‘arrasado con las libertades individuales y colectivas’

Dos miembros del Foro de Calidad Institucional de Salta, la doctora Sonia Escudero y el doctor Armando Caro Figueroa, plantean algunos de los temas que debilitan la gestión de gobierno en el marco de las medidas por la pandemia de coronavirus en Salta.

 

Desde el Foro de Calidad Institucional de Salta (FOCIS) vienen marcando al gobierno provincial distintos aspectos que hasta ahora no han sido resueltos ni considerados por el Gobernador, según surge de los hechos. Así, dos de los miembros del FOCIS, la doctora Sonia Escudero y el doctor Armando Caro Figueroa,  analizan algunos de esos temas que debilitan la gestión e influyen en la vida de los salteños en el marco de las medidas por la pandemia de coronavirus en Salta.

Por un lado, Escudero plantea los superpoderes que se decretó a sí mismo el gobernador y que le ordenó a la institución policial, medida por la cual ya se registran graves casos de abuso. Por otro lado, Caro Figueroa plantea tres desafíos por los cuales » los salteños evaluaremos la gestión de Gustavo Saénz» y que son: los efectos de la pandemia, el empleo y la creación de riqueza, y la mejora de la calidad institucional devaluada en los últimos años.

Sonia Escudero (abogada y ex senadora nacional):

«Desde el FOCIS advertimos que cuando el Gobernador dictó el Decreto 255 ahí él había asumido facultades que no le corresponden, que le corresponden únicamente al Poder Legislativo.

En ese decreto el gobernador le daba facultades de juzgamiento al jefe de policía y además creaba figuras penales y contravencionales en completa violación de la Constitución tanto nacional como provincial.

Ese decreto que no ha sido derogado, y que también la mesa de Derechos Humanos ha pedido su anulación a la Corte de Justicia de Salta, está provocando estos abusos por parte tanto del Comité Operativo de Emergencia (COE) como por parte de la Policia.

Nosotros entendemos que la Constitución establece que cualquier limitación a las libertades ciudadanas debe ser dispuesta en forma transitoria por la legislatura provincial. Eso es lo que señala la Constitución. Y tiene que ser con control judicial.

Entonces, el Comité Operativo de Emergencia tiene que ajustarse a las restricciones que la legislatura haya autorizado. No puede el COE asumir la decisión de aumentar la restricción a la libertad ambulatoria de las personas. Y eso es lo que está generando confusión. No puede ser que el propio Comité esté cambiando reglas de juego.

El Comité Operativo de Emergencia solamente ejecuta lo que la Legislatura provincial y el Gobernador le autorizan a ejecutar y cualquier cambio de reglas debe ser discutida de cara a la sociedad por los representantes del pueblo.

Nosotros vemos con preocupación tambien los excesos de la policía justamente por esta falta de claridad de las reglas de juego. Y tambien entiendo que cualquier abuso policial debe ser firmemente sancionado.

Aquí nos damos que en distintos municipios están sucediendo cosas raras, se generan conflictos; aveces la policía es abusada por ciertos funcionarios y muchas veces la policía abusa o hace abuso de autoridad y hasta hemos visto situaciones de tortura que no han sido sancionadas.

Nosotros lo que le pedimos al gobierno es la pronta expulsión de la fuerza de cualquier miembro de la fuerza que haga un abuso de autoridad y mucho mas si ha realizado actos de tortura o de robo, como es el caso del muchacho de San Agustín al que le robaron la motocicleta».

Armando Caro Figueroa (abogado y ex ministro nacional):

«Pienso que nuestro Gobernador Gustavo Saénz -por mandato de una mayoría de salteños y por imperio de las circunstancias- tiene tres grandes desafíos.

Uno, desplegar todas las medidas a su alcance para reducir a su mínima expresión los efectos del COVID-19 y del Dengue sobre la vida y la salud de quienes residimos en Salta.

Otro, es -nada menos-, ayudar a trabajadores y empleadores a preservar las fuentes de empleo y de creación de riqueza, gravemente amenazados por la crisis que es sanitaria y también económica.

El tercer desafío es  mejorar sustantivamente la calidad institucional de Salta, muy deteriorada tras décadas de gobiernos hegemónicos, megalómanos, opacos y que experimentaban alergia a toda oposición y a los consensos.

Aunque, al día de hoy, la primera de las tareas es considerada prioritaria para quienes poblamos esta Provincia, las otras dos merecen ser atendidas con igual pericia y sentido de la responsabilidad.

Porque de los resultados que obtenga nuestro Gobernador en cada una de esas tres áreas depende buena parte de nuestro futuro como comunidad. Resultados que, por otra parte, influirán en el presente y en el futuro de muchos de los salteños.

Si combinamos los tres desafíos, me atrevería a decir que el éxito no está en reducir a su mínima expresión el número de infectados o muertos, a costa de destruir empleos y empresas. Tampoco es positivo alcanzar la primera meta luego de haber arrasado con las libertades individuales y colectivas.

De aquí a unos meses, los salteños evaluaremos la gestión del señor Saénz según lo obtenido, por él y por nosotros, en los tres campos: Salud sin grandes daños, economía reconstruida y pujante, e instituciones de la democracia república incólumes.

Por supuesto que nada de esto es fácil. Ni depende siquiera del buen obrar del así llamado primer mandatario.

Mientras el aparato sanitario del Estado y la responsabilidad de cada uno de nosotros se movilizan para enfrentar al virus, el Gobernador debería dar inequívocas señales de su compromiso con la calidad institucional.

No ha de costar mucho dinero a las arcas exhaustas del Estado, ni le insumirá mucho tiempo, aunque si mucha energía.

No sería difícil, por ejemplo, emitir ordenes estrictas para que todos los funcionarios se apeguen al orden jurídico: “Dentro de la Ley, todo. Fuera de la Ley nada”.

Otra buena medida o actitud suya sería mostrarse abierto a las críticas y propuestas de sectores sociales, intelectuales o políticos que no necesariamente comulgan con el ideario de los gobernantes.

Debería el señor Saénz explicarle a los ministros y demás funcionarios que han de aceptar de buen talante las opiniones diferentes y las críticas. Y, por sobre todas las cosas, hacerles saber que está prohibido usar del poder para perseguir críticos o adversarios, tanto como usarlo para beneficiar amigos o socios.

No es bueno que el Gobernador, la mayoría legislativa o incluso la Corte de Justicia actúen en función de simpatías o antipatías de cualquier índole.

Tampoco es sano que los poderes del Estado se encolumnen en viejas querellas de anteriores gobernantes contra quienes les exigieron o exigen responsabilidades.

Nada le costaría al Gobernador imponer, por ejemplo, Agencias independientes para garantizar la transparencia en el obrar de los tres o cuatro poderes del Estado. O enviar un proyecto de ley regulando la publicidad oficial.

En la necesaria búsqueda del acierto y de la calidad de las decisiones, los gobernantes deberían abandonar la soberbia (una cultura heredada de las anteriores administraciones), y salir a buscar las mejores opiniones y los mejores consejos allí donde se encuentren. Sin importar ideologías, credos o nacionalidades.

Nadie alcanzará el éxito encerrado en sus antiguas convicciones. Ni solo, ni mal acompañado».