El gobernador sigue nombrando fiscales amigos y ascendiendo jueces cuestionados

 

In Justicia salteña.

Urtubey hizo ahora camarista a la Juez Norma Vera, de Orán, sobre la que pesan serios cuestionamientos. La impunidad como único fin, para justificar todos los medios. 

Por Iván Talls

Urtubey, en su retirada del poder político, va dejando un campo minado para que sólo su tropa pueda surcar este campo de batalla sin sufrir bajas. Lo hace en el territorio que siempre comandó la oligarquía salteña: la Justicia.

En siete años de gobierno lo único que modificó el gobernador fue el poder judicial y sus procedimientos. Cuando termine su mandato, dentro de 18 meses, habrá nombrado al 40% de los jueces y tendrá bajo su ala el total de los fiscales, que son -con el nuevo código- quienes impulsan o no las acusaciones penales. Eso supone que en el caso de que en diciembre de 2015 el actual mandatario deje finca Las Costas, se irá con un poder que ningún otro gobernador ostentó luego de dejar el cargo desde 1983: casi la mitad de los jueces le deberán el nombramiento o el ascenso, mientras que el total de los fiscales es gente de su confianza cuando no ex funcionarios de su gobierno (Sángari, Troyano, Jovanovich). Entre ellos se incluye el procurador general de la provincial, Pablo López Viñals, quien renovó su cargo por seis años más al frente del Ministerio Público.

Mucho poder en una sola mano. El ascenso y promoción de fiscales cuestionados por su parcialidad y sus fuertes deseos de nunca investigar la corrupción galopante, aparece como el síntoma de la enfermedad que más afecta a los estados provinciales: una impunidad que, si se mira bien, está siendo utilizada desde el comienzo de la autodenominada “gestión”. Basta recordar que el vice gobernador chocó a un motociclista mientras conducía un vehículo oficial y repentinamente el conductor fue un empleado que en esos momentos jugaba a la pelota bastante lejos del lugar de accidente. Ni qué recordar el caso del contador Torino Dantur, apresado y difamado como una especie de pedófilo serial que terminó siendo el “pata i´lana” de la alta suciedad local. El ascenso de Martín Pérez de juez a camarista luego de “resolver” el caso aún no resuelto de las turistas francesas, marca el ritmo de qué Justicia se está armando.

Como un ejemplo de cuan conveniente es controlar las acusaciones, basta ver el caso del fiscal Guillermo Akemeier, quien también fue premiado días atrás con un ascenso luego de cajonear múltiples denuncias de corrupción que involucran a funcionarios “U”. En su despacho durmió durante 13 meses la acusación por enriquecimiento ilícito en contra del Petrón de Urtubey: Marcelo Cil. El fiscal tenía diez días para decidir qué hacer con el valijero millonario pero la causa durmió más de un año. Todo muy conveniente para quienes dejan los cargos. Garantizar la impunidad judicial de lo realizado y además contar con una espada afilada para controlar o presionar a quien entra.

Si, juro

El presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas, tomó esta semana el juramento de dos nuevos jueces del Distrito Judicial Centro. Norma Beatriz Vera juró como jueza del Tribunal de Juicio Sala IV e Ignacio Colombo, como juez de Garantías de Segunda Nominación.

Norma Beatriz Vera trae consigo un largo rosario de Orán. Quienes conocen su carrera afirman categóricamente que el ascenso no tiene relación alguna con las tres causas por corrupción en contra del intendente Marcelo Lara Gros, sino más bien para que el ascenso aparte a la jueza de esos casos que incluyeron allanamientos a la propia municipalidad. Lo que sí se dice es que pesan sobre ella algunas denuncias de extrema dureza: se la acusa de haber participado en un allanamiento policial en Orán el 2011 en donde una persona habría sido golpeada por la policía en presencia de la jueza.

Ese testimonio surgió en una visita de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados al norte provincial a raíz de una fuerte represión a los trabajadores del ingenio El Tabacal. Tal vez por el tenor de esta denuncia no sorprendió la última, de apenas unos días atrás. En esta oportunidad se la acusó formal y periodísticamente del “armado de causas” en complicidad con la Brigada de Investigaciones (ver recuadro).

Sin embargo, el caso más recordado por los oranenses es el asesinato de Marta Gidobono, quien fuera apuñalada en el año 2010. En la causa tramitada por la entonces jueza de instrucción, Norma Vera, había originalmente dos hombres sospechosos y detenidos a quienes la jueza liberó por falta de pruebas lo que hizo que ambos sospechosos abandonarán para siempre la ciudad de Orán. Tiempo después, más elementos incorporados al expediente ratificaban la necesidad de mantener a ambos hombres detenidos pero para entonces eran prófugos, condición en la que están hasta el día de hoy. El crimen de Marta sigue impune.

Pero así son las cosas: Urtubey propone y el senado dispone. Entre los miembros de la Cámara Alta provincial, Gabriela Cerrano (PO) fue la única que alzó la voz contra la decisión. La senadora por Capital manifestó su postura en contra del sistema de selección de los Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público y por tal motivo, votó en forma negativa a todos los pliegos remitidos por el Ejecutivo. Ella sabe más o menos como son las cosas. Lo sabe por Ruben Tolay quien es concejal del PO y Pte, de la Comisión de DDHH de Orán quien denunció que la policía y la justicia en Orán están cada vez más involucradas y comprometidos con robos, casos de narcotráfico y “lo menos que hacen es brindar seguridad”.

Armado de causas

Esther Benítez denunció en la Fiscalía de Orán a la Jueza Norma Vera y al personal de la Brigada de Investigaciones, entre ellos el Comisario Tejerina. Los acusó de complicidad en el armado de causas fraudulentas contra su hijo, Esteban Sebastián Banille, e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Las irregularidades en la Brigada de Investigaciones son tremendas, se producen violaciones a detenidos que luego la gente no las denuncia porque se aprovechan del terror y la ignorancia”, indicó Benítez. “Durante el mes de diciembre, cuando fui a la Brigada a visitar a mi hijo que está detenido por un causa armada donde está probado que es completamente inocente, fui testigo de una mujer que sollozaba porque a su hijo lo violaron otros cinco presos y a pesar de los gritos los oficiales no hicieron nada”, contó la mujer.

“La jueza es cómplice y sabe lo que pasa, pero es que la inseguridad y la delincuencia se han convertido en un gran negocio, donde son participes los policías, la justicia y el poder político”, disparó. La denuncia contra la Dra. Vera y el personal de la Brigada está en manos del Juez Fernando Blanco y deberá ser caratulada en los próximos días. “Le pido al Juez Blanco que haga justicia. No se puede permitir que esta mujer haga lo que quiere con la gente y en nombre de la justicia viola todos nuestros derechos, comete errores que ni un estudiante de abogacía haría”, sostuvo Benítez.

Luego de 8 meses de detención, Esteban Sebastián Banille, de 32 años, padre de familia, remisero y dedicado a la compra y venta de vehículos, sigue en la cárcel de Orán incriminado en una causa de robo en banda. Su madre hizo responsable a la jueza de lo que pueda pasarle a su hijo y de “cualquier determinación que pueda tomar”. La mujer cree que se hijo se puede suicidar. Banille se encuentra detenido desde el 7 de noviembre del 2013 acusado de efectuar un robo en el domicilio de la arquitecta Espinelli, quien fue sorprendida cuando se encontraba en el jardín de su casa por siete personas que la encañonaron y la introdujeron en su domicilio donde se encontraba su hijo. De allí sustrajeron una importante cantidad de dinero para luego darse a la fuga en un automóvil Meriva. Un vecino logró tomar el número de la patente y la investigación de la Policía determinó que pertenecía a Esteban Banille. Se efectuó un allanamiento en su casa y secuestraron una suma de dinero que el acusado dijo que correspondía a la venta de un automóvil Chevrolet Meriva que un día antes había efectuado a Nicolás Churquina.

Con esta punta de ovillo se logró detener a ocho personas en total. La madre de Banille documenta la inocencia de su hijo con un certificado que con fecha 31/10/13 y la firma del escribano Sergio José Pintado da cuenta que se hicieron presentes en su bufete Banille y Churquina para hacer la certificación de firmas en el formulario Nº 8 Nº 32.417.711, dominio FIP778 en el libro de registro de firmas. Esto ocurrió un día antes del robo. Benítez detalla en su denuncia ante la fiscalía, que se efectuaron tres rondas de reconocimiento ante testigos y la misma arquitecta y que ninguno incriminó a su hijo ni lo reconocieron. Igualmente, da cuenta de que los que participaron en el robo no lo conocían.

La jueza, según la mujer, había manifestado ahora que se lo investiga por droga y que si estaba obrando mal se irá a una instancia superior y que “era humana y podía equivocarse”. “Esteban está desesperado, angustiado. Como se sabe inocente no acepta la situación y amenaza con suicidarse, hace huelga de hambre”, dijo. Meses después de la detención de su hijo, Benítez se encadeno en un pilar de los tribunales y rociándose con combustible, amenazo con quemarse. Luego de varias horas logro ser disuadida. “No quiero retirar a mi hijo de la cárcel muerto y que digan que murió en una pelea entre presos”, aseguró.-