El gobierno argentino firmó Acuerdos con el FMI y el Banco Mundial

Una delegación argentina presidida por Hernán Lorenzino, Ministro de Economía del país, participó en Washington entre el 9 y 13 de octubre de varias reuniones con el FMI, el Banco Mundial (BM) y el G20. Lorenzino participó del V Encuentro de Ministros de Hacienda de América y el Caribe en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington y de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM).

En la ocasión, el ministerio informa que hubo “una serie de encuentros y conversaciones informales con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jack Lew, y la subsecretaria de Asuntos Internacionales del organismo, Lael Brainard. Además, lo hizo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde; su director del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, y el vicepresidente de América latina y el Caribe del Banco Mundial, Hasan Tuluy.”[1]

Todos estos interlocutores en conjunto son el famoso núcleo del criticado “Consenso de Washington”, o sea, el gobierno de EEUU y los organismos internacionales (FMI, BM, BID), más el G20. ¡No solo hubo reunión, también acuerdos! Todo sea para que Argentina sea re-admitida en el sistema financiero mundial.

En esos encuentros se consideraron asuntos (acuerdos) que involucran y comprometen a futuro los recursos fiscales de la Argentina, especialmente los préstamos por 3.000 millones de dólares en tratamiento con el BM derivados del “Acuerdo Estratégico 2014-2016” informado en conjunto por el organismo internacional y el Ministerio[2].

Son negociaciones que superan a la gestión actual e involucran al próximo gobierno luego del 2015. En ese sentido destacan las negociaciones relativas a la deuda pública, con incidencia en lo fiscal, pero sobre todo, profundizando la hipoteca que condiciona al conjunto de la política económica.

En este plano de la deuda se destacan las frenéticas conversaciones para inducir a los gobernantes estadounidenses a comprometerse con la Argentina en sus reclamos para que la Corte Suprema de EEUU interceda contra la pretensión de los acreedores externos (fondos buitres) que demandan el cobro del 100% de los bonos en cesación de pagos.

En su sitio en internet, se informa que Lorenzino aludió a la cuestión señalando que «Las consecuencias para los procesos de reestructuración de la deuda soberana de los países se verán afectados tal como lo expresó el gobierno de Francia en su presentación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos». Resulta evidente que el gobierno argentino pretende que los funcionarios de Obama asuman la misma actitud que los franceses, socios de la frustrada escalada contra Siria.

La vocación pagadora de la Argentina se manifiesta expresamente al resaltar que «Nuestra máxima prioridad es continuar pagando las deudas en tiempo y forma como hemos venido haciendo durante la última década. Simplemente queremos que nos dejen cumplir con nuestras obligaciones». La cuestión pasa por más deuda para seguir pagando. Se habla de “des-endeudamiento”, y sin embargo queremos llamar la atención sobre el nuevo endeudamiento y orientación de política económica que las gestiones ministeriales suponen a partir de estos encuentros y acuerdos.

Podemos leer en BAE, que “El jueves de la semana pasada el equipo económico empezó a mostrar en Washington DC el camino que seguirá en los próximos meses. Es que cerró la negociación con cinco de las empresas que demandaban al país en el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial y en el Uncitral (corte que depende de las Naciones Unidas). Se trata del pago de u$s 500 millones, a través de bonos, a las firmas Azurix, Blue Ridge, Vivendi, National Grid y Continental Casualty Company. Como parte de la misma maniobra, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, firmó también una alianza estratégica con el BM para que se le otorguen al país unos u$s3.000 millones en tres años.” En ese sentido, agrega el artículo: “Es que el fin de los litigios en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones permite que Estados Unidos deje de votar en contra de Argentina en distintos organismos.”[3]

Resulta interesante verificar las demandas de las transnacionales contra los Estados en el CIADI, ámbito del BM. Argentina está a la cabeza, todo por el cambio de política cambiaria en 2002. Así lo muestra el gráfico que incluimos en el texto y que difunde el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina, IDESA.[4] Puede verse que las causas involucran a países de América Latina, África, Asia y Europa del Este.

¿Hay dudas para quien juega el BM? Eso no impide formular declaraciones contra la pobreza o la lucha por la inclusión social, mucho de lo cual puede verificarse en el comunicado conjunto del organismo y el Ministerio de Economía de la Argentina.-