El Tercer Malón de la Paz fue recibido por funcionarios nacionales

El Ministro de Justicia, el Secretario de Derechos Humanos y el titular del INAI recibieron al Tercer Malón de la Paz de Jujuy.

Durante el encuentro, trabajaron sobre la implementación de las medidas anunciadas por el Presidente de la Nación. La delegación conformada por comunidades jujeñas permanece en vigilia frente al Palacio de Tribunales desde el 1ero de agosto reclamando la nulidad de la reforma constitucional de la provincia y el cese de la violencia institucional implementada por el Gobierno de Jujuy.

“Hace 60 días que el gobierno de Jujuy vulnera los derechos humanos del pueblo de la provincia”, expresó uno de los representante del Tercer Malón de la Paz que participó de la reunión mantenida en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Los representantes de los pueblos originarios del 3er Malón de la Paz destacaron la predisposición del Gobierno Nacional a la hora de escuchar los reclamos y contribuir a garantizar las condiciones de seguridad durante su permanencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Situación que no se replicó en los espacios políticos opositores del Congreso de la Nación, ni en la Corte Suprema Justicia de la Nación: “No nos han respondido las solicitudes y pedidos para que nos reciban y podamos contarles lo que está viviendo el pueblo de Jujuy”, expresaron.

“La reunión con el señor Presidente de la Nación fue muy productiva”, afirmaron desde el Tercer Malón de la Paz, al referirse al encuentro en la quinta de Olivos que mantuvo la delegación el pasado viernes. En dicha reunión se acordó la puesta en marcha de una comisión de investigación y resguardo del pueblo y comunidades jujeñas, conformada por distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para garantizar «la seguridad jurídica» y los «derechos» de los pueblos originarios «violentados por la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales».

Por otra parte, el ministro Soria, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla-Corti, y el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni, analizaron junto a los representantes de las comunidades jujeñas que integran el Tercer Malón de la Paz las medidas que implementó el Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y de la Constitución Nacional en la provincia de Jujuy, desde mediados de junio del corriente año.

En ese marco, repasaron la acción declarativa de la inconstitucionalidad, presentada por el ministro Soria el 30 de junio, -que solicita declarar la inconstitucionalidad de los artículos reformados de la Constitución jujeña que vulneran derechos consagrados por la Constitución Nacional-, el trabajo realizado por la Secretaría de Derechos Humanos en la provincia, como también la denuncia penal y la presentación del habeas corpus colectivo y preventivo en favor de los y las manifestantes que ejercen su derecho a la protesta.

Al respecto, los presentes destacaron que el Procurador General Interino, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte debe pronunciarse sobre el escrito presentado por el Ministro de Justicia -por instrucciones del Presidente de la Nación- y el trabajo realizado por la Secretaría de Derechos Humanos en el territorio provincial durante las primeras semanas de la represión.

La representante del Tercer Malón de la Paz expresó: “Nosotros estamos poniendo nuestra problemática al conocimiento de todos para tener una pronta solución. Nosotros lo que estamos pidiendo es la nulidad de la reforma y la intervención de la provincia de Jujuy. Vamos a seguir trabajando para dar una pronta solución a nuestro pedido y asegurar a nuestra gente que está allá, porque el señor Gobernador no deja de perseguirnos, mandándonos a la policía, invadiendo rutas nacionales”.

Finalmente, en la reunión las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación y del INAI se comprometieron a reforzar los programas nacionales vinculados al acceso a la justicia y prevención de la violencia institucional, con el objetivo de atender las situaciones de vulneración de los derechos humanos que se siguen verificando en el territorio provincial, en el marco de la represión desplegada por el Gobierno jujeño de Morales.