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INFORME DEL ISEPCi
Los aumentos en los alimentos minan el valor de los programas sociales.
En enero una familia que contaba con Plan Potenciar+AUH+Tarjeta Alimentar cubría el 99% de su canasta de alimentos; diez meses después con las mismas asignaciones solo llegaba al 87%. Mientras tanto el gobierno ensaya iniciativas para reducir los incrementos que reciben, y achicar la cantidad de hogares que los perciben.
Según el relevamiento de los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) que realizamos mensualmente desde el Índice Barrial de Precios en 900 comercios de cercanía ubicados en 20 distritos del conurbano bonaerense, los precios de los alimentos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en noviembre aumentaron 4,17%, mientras que a lo largo del 2022 crecieron 94,42%. Así es que, una familia de dos adultos/as y dos menores que en diciembre de 2021 necesitaba $ 31,849,95 para adquirir sus alimentos indispensables, en noviembre pasado precisó unos 30 mil pesos más (+94,42%) para comprar los mismos productos. El total de la CBA sumó entonces $61.922,21, llevando a las familias que no alcanzan a tener ese ingreso mensual a caer por debajo de la línea de indigencia.
Por su lado el total de la Canasta Básica Total (CBT) que comprende los productos básicos indispensables (alimentación, salud, educación vivienda, transporte, vestimentas, etc.) para que una familia o una persona individualmente pueda vivir adecuadamente durante treinta días, sumó en noviembre $4.982,37 (3.71%). A lo largo del año el incremento fue de 85,35%, poniendo el monto de la CBT en $139.324, siendo este el valor mínimo que marca el límite para una familia de cuatro personas no ser considerada por debajo de la línea de pobreza.
En el mes de noviembre los productos de almacén lideraron los aumentos, mientras que a lo largo de 2022 las frutas y verduras tienen el triste privilegio de encabezar todas las subas. Los cortes populares de carnes que integran la CBA “sólo” 53,85%.
LAS MANIOBRAS DEL GOBIERNO
Luego de varios días de todo tipo versiones alrededor la vigencia y/o suspensión de los planes potenciar, la Ministra aseguró en el final de la semana pasada que aun cuando continuarían con las “auditorías” a las personas que los reciben para confirmar si cumplen con las condiciones para percibirlos, no se suspenderían los pagos correspondientes para los próximos meses.
Primero, hay que decir que las “auditorias” que fueron cambiando de modalidad desde hace varios meses, nunca se mostraron como una herramienta transparente para controlar si los fondos transferidos desde el Estado efectivamente cumplen con los objetivos declamados. Todo este proceso estuvo permanentemente cruzado por debates entre distintos sectores del propio gobierno que se disputan diversas cajas, y que se acusan entre sí por distintas desviaciones.
Todo esto, entre denuncias sobre aspectos secundarios de las orientaciones económicas y sociales de una conducción económica, a la que cada vez le resulta más difícil seguir ocultando que su objetivo principal es ajustar sobre los sectores de menores ingresos, concediendo más y más beneficios a los más poderosos. En definitiva, las peleas y disputas se desarrollan bajo el paraguas de aplausos y elogios –desde Cristina y Alberto pasando por los piqueteros oficialistas- a los “esfuerzos que hace Sergio Massa para encaminar esta situación tan difícil”.
Sin embargo, un estudio realizado por los investigadores de nuestro Instituto Rubén Ciani y Lucas Aballe, publicado hace pocos días en este mismo portal (https://isepci.org.ar/perspectivas-negativas-para-las-familias-con-programas-sociales/); mostró con toda claridad que a lo largo de 2022 las transferencias de las diferentes asignaciones sociales que recibieron las familias de menores recursos, salvo meses puntuales, siempre quedaron rezagadas en la carrera contra los aumentos de los alimentos básicos.
En segundo lugar, a pesar de las promesas de Tolosa Paz hace unos días y del propio Presidente realzadas este 5 de diciembre que efectivizarían el pago a las personas que reciben Potenciar, al momento de escribir esta nota, las transferencias no fueron realizadas.
Una vez más este tipo de maniobras no reconocen límites. Casi un millón y medio de personas, muchas de ellas jefes o jefas de hogar, dependen de ese ingreso de $27 mil pesos para empezar el mes adquiriendo lo indispensable para su subsistencia. Nadie sabe si es sólo una postergación de pocos o muchos días, o si será más que una mera postergación.
Los funcionarios que administran estos recursos y toman estas decisiones cruzan todos las fronteras, alejándose cada vez más de las necesidades populares, hundidos en medio de peleas y preocupaciones que nada tienen que ver con las dificultades críticas que atraviesan millones de argentinos y argentinas.-