En Salta, el gobierno y los legisladores aprobaron la destrucción de 700 mil hectáreas

Crimen contra los bosques y las comunidades. La organización internacional ecologista, Greenpeace, repudió la aprobación del nuevo ordenamiento territorial en Salta y advierte sobre las graves consecuencias ambientales y sociales de una decisión que favorece la destrucción del patrimonio natural y la impunidad de los desmontadores.

La propuesta elevada por el gobierno provincial permitirá el desmonte de más de 700.000 has. de bosques nativos. El proyecto ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 10 de diciembre y se encuentra en la Cámara de Senadores. © Leandro Herrera Greenpeace

La reciente aprobación del nuevo ordenamiento territorial en Salta representa un golpe devastador para los bosques nativos y las comunidades que dependen de ellos. Este mapa, que habilita el desmonte de más de 700.000 hectáreas de bosques, contradice la Ley de Bosques y desconoce los reclamos de la sociedad civil, marcando un retroceso sin precedentes en la protección ambiental de la región.

“Vamos a denunciar en la Corte Suprema este ordenamiento regresivo, en el marco del amparo por el yaguareté. Más desmontes significan menos chances de subsistencia de los últimos yaguaretés de la región chaqueña”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

La aprobación de este ordenamiento profundiza la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, favoreciendo la impunidad de quienes destruyen el ambiente. “El ordenamiento aprobado legaliza desmontes donde antes estaban prohibidos y crea categorías transitorias no contempladas por la Ley 26.331, lo que en la práctica desdibuja cualquier límite real al desmonte”, señaló Cruz.

A comienzos de este mes, activistas de Greenpeace protestaron frente al Palacio Legislativo luciendo los trajes característicos de los gauchos Infernales de Güemes y desplegaron un cartel con la leyenda “Legisladores, su voto traiciona los valores de Güemes”, para rechazar la aprobación.

La propuesta fue elaborada sin consulta previa a las comunidades originarias, vulnerando derechos fundamentales establecidos en normativas nacionales e internacionales. La falta de garantías para la protección de corredores biológicos entre comunidades, además, compromete aún más la subsistencia de los pueblos originarios y la fauna de la región, como el emblemático yaguareté.

Desde Greenpeace, el repudio es categórico. La organización reitera que la destrucción de los bosques nativos y su biodiversidad no solo afecta al ambiente, sino que también perpetúa la desigualdad social y condena a las futuras generaciones a enfrentar una crisis ambiental de proporciones catastróficas.