Enfrentando al poder económico, político y judicial de Morales-Macri y Blaquier

EL SINDICATO TUVO ELECCIONES.

INGENIO LEDESMA. VARGAS REELECTO HASTA EL 2020

Rafael Vargas fue reelecto al frente del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar de Ledesma.

Con mesas de votación ubicadas en la calle bajo gazebos, sin custodia policial y con una activa participación del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la empresa para evitar que se desarrollaran las elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA), la Lista Gris, que lidera Rafael Vargas, ganó los comicios por una amplia diferencia y renovó así su mandato.

Con 3.236 afiliados en condiciones de votar, sufragaron 1.715, lo que implica una participación del 53 por ciento. La lista Gris obtuvo 1.531; la Verde, 146, y la Roja, apenas 34 votos. Y hubo 4 en blanco. Vargas consiguió así casi el 90 por ciento de los votos. Las elecciones se celebraron con total normalidad, alcanzando Vargas su tercer mandato consecutivo, con vigencia hasta julio de 2020.

La jornada electoral del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA) se desarrolló el jueves sin incidentes, a pesar de los obstáculos y provocaciones que debieron sortear.

La administración del ingenio impidió que pusieran las mesas en el interior de dependencias de la empresa, por lo que se pusieron gazebos en las calles. Además, el Ministerio de Trabajo de la Nación resolvió impugnar los comicios, que están avalados por la asamblea extraordinaria del 26 de junio, que había decidido masivamente la fecha y la junta electoral.

Para evitar suspicacias y alteraciones, el sindicato pidió la participación de veedores para las elecciones. Estuvieron los diputados provinciales de los bloques Justicialista y del Fuyo, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), para garantizar la transparencia de las elecciones. También asistieron a los comicios el secretario General de ATE Nacional en representación de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy y el Director del Departamento Jurídico de la CTA-A, Horacio Meguira.

«La unidad es el camino»

El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, inició su ofensiva interventora a mediados de junio, cuando suspendió las elecciones del SOEAIL y dejó con mandato vencido a la Comisión Directiva del gremio, encabezada por Rafael Vargas.

Fue entonces que los trabajadores convocaron a una asamblea, prorrogaron el mandato de sus autoridades y ratificaron a la Junta Electoral, que fijó el 6 de julio como nueva fecha para los comicios internos.

Las decisiones de la asamblea fueron desconocidas por la cartera de Triaca, pero la Junta Electoral decidió avanzar igual con la votación al entender que el Ministro actuaba con un “afilado autoritarismo que no tiene nada que ver con el principio de legalidad” del organismo a su cargo.

A pesar de todos los obstáculos que puso la empresa para que el acto democrático no se desarrollara, más del 53% de los obreros y empleados azucareros pudieron llegar ayer a las urnas para darle un contundente triunfo a la Lista Gris de Vargas, que obtuvo el 89,5% de los votos.

“Llevábamos más de dos semanas sin autoridades, con todo lo que eso significa, sobre todo para los 11.000 afiliados que tiene nuestra Obra Social. Es preocupante cómo el Gobierno provincial y el de la nación dejan a todas esas personas en el aire, muchas de las cuales necesitan atención médica, derivaciones, intervenciones y medicación de HIV u oncológicas”, dijo el Secretario General del SOEAIL.

Vargas explicó que la embestida contra el gremio tiene que ver, por un lado, con el hecho de haberse “constituido como querellante en los casos de delitos de lesa humanidad que involucran a Blaquier”. El dueño del mayor ingenio del país fue la pata civil de “La Noche del Apagón”, cuando la dictadura secuestró a cuatrocientas personas en las localidades Libertador, Calilegua y El Talar con los camiones y las listas negras de Ledesma. Desde 1976, 33 de esas víctimas continúan desaparecidas. El empresario fue imputado en 2012, pero tres años más tarde la Cámara Nacional de Casación Penal le otorgó “la falta de mérito”.

El otro motivo de los ataques al SOEAIL son las negociaciones salariales, luego de un 2016 en el que los trabajadores lograron resistir la feroz represión de Morales, la judicialización y las multas que le impusieron al gremio por más de 2 millones de pesos.

“Hoy estamos en plena paritaria y la patronal pretende dar un 20% de aumento en negro. Esto no sólo pasa en el Ingenio Ledesma, sino también en La Esperanza, El Tabacal y el San Isidro, donde tenemos más de sesenta despedidos. Hay problemas en cada uno de los ingenios azucareros de Jujuy y Salta, y la pelea es dura porque la patronal tiene el poder político, la justicia y el Ministerio de Trabajo para echar por tierra todas las mejoras salariales y condiciones de trabajo que hemos conseguido en los últimos años”, remarcó el dirigente.

Sobre una posible intervención, Vargas sostuvo que el SOEAIL continúa en “estado de alerta” con una “permanencia pacífica día y noche” en la sede del gremio. El objetivo es evitar el mismo atropello que sufrieron los canillitas y otros trabajadores organizados del país.

“La unidad es el único camino posible para vencer el miedo que aplica el Gobierno de Jujuy junto a la patronal”, aseguró Vargas.

El CELS advierte sobre un intento de intervención del sindicato de Ledesma

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) participó este jueves como veedor del proceso electoral del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA). En su web, el organismo publicó un artículo en el que denuncia “amenazas a la organización de los trabajadores”, describe que existe “un contexto de criminalización de la protesta y de la organización social en la provincia” y advierte que el Ministerio de Trabajo de la Nación podría intentar una intervención del SOEAIL.

El CELS repasa los hechos que rodearon los comicios de este jueves, en los que finalmente resultó reelecta la comisión directiva que encabeza Rafael Vargas.

En su nota, el CELS recuerda que la noche anterior a las elecciones, el Ministerio de Trabajo de la Nación las suspendió, por segunda vez. “Esta decisión ocurre en un contexto de criminalización de la protesta y de la organización social en la provincia”, afirman.

“El conflicto comenzó a principios de mayo, cuando dos personas se presentaron en el Ministerio de Trabajo para denunciar supuestas irregularidades en la conformación de la junta electoral. El sindicato tomó conocimiento de esta situación apenas dos días antes de la elección y 24 horas antes de la suspensión impuesta por el Ministerio de Trabajo”, relata el artículo.

Detalla luego que aunque el sindicato realizó las presentaciones correspondientes para resolver esta situación, el 26 de junio los trabajadores decidieron en una asamblea, en la que estaban presentes todas las listas, convocar a elecciones para el 6 de julio. “En el tiempo transcurrido, el Ministerio no realizó ninguna otra acción hasta que ayer (por el miércoles) a última hora intimó al sindicato a que se abstenga de llevar adelante las elecciones con el argumento de que no está resuelto el expediente. Es decir, que la misma demora que tuvo del Ministerio de Trabajo ahora se utiliza como argumento para anular el proceso eleccionario”, argumenta el CELS.

La organización advierte que “frente al mandato cumplido de los dirigentes y las elecciones suspendidas de manera indefinida, el Ministerio podría ordenar la intervención del sindicato en virtud de una supuesta acefalía creada por sus propias demoras en resolver el expediente”, y recuerda que “así actuó recientemente en los casos de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera, del sindicato de judiciales de Mendoza y del de vigiladores privados, utilizando el argumento de las “irregularidades eleccionarias”.

En el artículo se ocupan además de la situación de la obra social del SOEAIL, refiriendo que “la empresa Ledesma dejó de retener el porcentaje que corresponde a la obra social, con el propósito de desfinanciarla, y amenazó con solicitar a la Superintendencia de Servicios de Salud que ordene la intervención inmediata de la obra social”, y agregan: “El conflicto se profundiza, además, en un contexto de negociación de paritarias a nivel nacional”.

A modo de conclusión, el CELS señala: “Los trabajadores del ingenio Ledesma vienen sufriendo distintos mecanismos de criminalización de la protesta y de la organización social”, y recuerda que “durante una protesta en el contexto de la negociación de paritarias de 2016, 80 trabajadores fueron heridos con balas de goma, gases lacrimógenos y golpes por las fuerzas de seguridad provinciales. Luego, el gobernador Gerardo Morales activó la actuación de la justicia penal y contravencional contra el sindicato y contra su secretario general, Rafael Vargas. El sindicato fue multado y ocho dirigentes sindicales, dos asesores legales del sindicato y seis trabajadores fueron criminalizados”.

“Esta situación fue denunciada en marzo de este año en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con otros casos de utilización de procesos penales, contravencionales y administrativos para limitar la protesta, la libertad de expresión y la libertad de asociación en Jujuy”, finaliza.-

 

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