Dentro del Departamento de Inteligencia Policial, el actual jefe de Policía, Marcelo Lami, creó tres divisiones a las que se vincula con escuchas ilegales y espionaje político. Son señaladas como estructuras que vigilan noche y día a referentes de partidos opositores, gremialistas, dirigentes sociales, periodistas y a los propios empleados del Grand Bourg para controlar que no se filtren, desde sus computadoras, informaciones incómodas para el Ejecutivo.
Todo esto que parece inspirado en el Gran Hermano de la novela 1984, la obra maestra de George Orwell, fue denunciado hace un año ante el fiscal federal 2, Eduardo Villalba, y las causas tramitadas ante el juez federal 1 de Salta, Julio Bavio, no muestran avances.
La denuncia de Olmedo
Una de las denuncias fue presentada por el diputado nacional Alfredo Olmedo, presunta víctima de uno de los espionajes, ordenados por el poder político a la Policía. Otra denuncia fue radicada por el diputado provincial Claudio Del Plá, del Partido Obrero, en similares términos.
El expediente tiene elementos documentales de peso, incluidas filmaciones que comprometen a dos funcionarios provinciales, Alfredo Petrón y Helio Del Frari. El fiscal pidió indagarlos, pero el juez no hizo lugar al requerimiento, argumentando las “deficiencias de audio” en las cintas que grabaron policías encubiertos.
Estas causas se desprendieron del caso narcopolicías, ya que fueron los dos oficiales imputados por transporte de droga, Gabriel Giménez y Carlos Gallardo, quienes expusieron la trama oculta de los espionajes políticos en sus indagatorias.
Meses después, desde la cárcel de Güemes, enviaron detalles ampliatorios al fiscal Villalba sobre las escuchas ilegales y los trabajos de inteligencia clandestina ordenados sobre dirigentes opositores y medios como El Tribuno, El Intransigente, Cuarto Poder, Nueva Propuesta, La Voz, AM 840, Aries y FM Profesional, entre otros.
El encuentro donde se concinó el espionaje a Olmedo
Imágenes extraídas de la reunión que, según el ex policía Giménez, fue preparatoria del espionaje a Olmedo y que puede verse en el video cargado en esta nota. Foto 1: el funcionario Alfredo Petrón ingresa, el 1 de marzo de 2011, en la estación de servicio Shell de Tres Cerritos. De frente, el asesor del gobernador, Helio Del Frari. Foto 2 y 3: Del Frari y Petrón. Foto 4: Ambos, con el acusado de narcopolicía Gabriel Giménez, (a la derecha). Foto 5: Del Frari y Giménez, quien habla por celular. |
En las causas por espionaje político hay acreditada documentación vinculada con las reuniones que policías mantenían frecuentemente con funcionarios del Gobierno, según denunciaron, por órdenes que les bajaba el exsecretario de Seguridad, Aldo Rogelio Saravia, desde el gabinete provincial.
También hay constancias de seguimientos realizados por policías en violación del marco constitucional, las leyes 25520 de inteligencia, 25326 de protección de datos personales y el Código Procesal Penal de la provincia, entre otras normas. En el sitio www.eltribuno.com.ar, pueden verse las declaraciones de Giménez y Gallardo completas, como así también el informe policial del espionaje realizado a Olmedo y a referentes cercanos a su campaña política como competidor directo del gobernador Juan Manuel Urtubey en las elecciones de 2011.
En El Tribuno digital los lectores también podrán ver un documento fílmico que resume los detalles de un encuentro que Giménez mantuvo con Del Frari y Petrón, en la estación de servicio Shell de Tres Cerritos, el 1 de marzo de 2011. Giménez afirmó que en esa reunión los enviados del Gobierno le dieron las instrucciones del espionaje a Olmedo. Según su declaración, el trabajo ilegal fue ejecutado finalmente por otros policías, identificados en el expediente, porque Giménez llegó demasiado lejos con sus reparos y las represalias fueron aplastantes.
La esposa de Gallardo
En una carta a medios de prensa, María de Gallardo, esposa de uno de los imputados del caso narcopolicías, pidió que se investiguen las estructuras ilegales del organismo de seguridad.
“En Salta hay policías que terminan presos, con causas armadas o suicidados por no hacer lo que el Gobierno les pide”, aseguró.
Diferentes fuentes, dentro y fuera de Policía, aluden a la existencia de tres estructuras de inteligencia, espionaje político e intervenciones ilegales. Se trata de las divisiones de Análisis, de Reunión y de Explotación de Prensa.
Las tres funcionan bajo la órbita del Departamento de Inteligencia Policial, o D2, que era comandado por Lami en mayo de 2011, cuando saltó al tapete el caso narcopolicías.
Giménez y Gallardo integraban la élite de inteligencia criminal y siguen asegurando, a los cuatro vientos, que otros policías, mandados por funcionarios de Seguridad, plantaron los 50 kilos de cocaína por los que están encarcelados en espera de juicio, además de quedarse con $800 mil que ellos traían desde Orán.
La esposa de Giménez
La declaración manuscrita de Giménez fue entregada a la Fiscalía por su esposa, Marina Beatriz Garzón, oficial de policía que fue exonerada por el gobernador Juan Manuel Urtubey el 6 de diciembre de 2011. En el decreto de su destitución el Ejecutivo dio por “acreditada su participación” en el caso narcopolicías. Sin embargo, el 15 de febrero de 2012 fue sobreseída por el juez Bavio, quien en el fallo subrayó que el sumario en su contra “no afecta su buen nombre y honor”.
No obstante, a Garzón se la dejó sin trabajo, coberturas médicas para su hijo menor y los aportes de 17 años en la Policía.
Sospechosos que no declaran
El juez federal subrogante que instruye el caso narcopolicías, Julio Bavio, es el mismo que debe esclarecer las causas abiertas por espionaje político.
En esta investigación, el magistrado desestimó el pedido del fiscal Villalba para que sean citados a declarar el exdiputado provincial y actual presidente de Salta Forestal, Alfredo Petrón, y un asesor político de la Secretaría General de la Gobernación, Helio Del Frari.
Ambos funcionarios fueron acusados de ser los gestores del espionaje ordenado desde altas esferas del Ejecutivo contra Olmedo, previo a las elecciones de 2011.
Esta operación ilegal, dispuesta con el presunto fin de desprestigiar al candidato a gobernador por Salta Somos Todos, fue encargada a policías de inteligencia encabezados por Giménez. Así lo ratificó el policía en el manuscrito que hizo llegar al fiscal Villalba el 3 de julio de 2012.
Tres semanas después, fue Gallardo quien detalló en otro manuscrito las permanentes presiones de Seguridad y los modos operativos de las tres divisiones articuladas en el Departamento de Inteligencia Policial, o D2.
Sofisticado sistema de seguimiento a opositores
Dentro de los expedientes penales que detonaron con la causa narcopolicías, y por fuera de ellos, hay denuncias, testimonios e indicios de que el Departamento de Inteligencia Policial (D2) puso a funcionar tres divisiones que realizan tareas de espionaje político y registran los movimientos de manifestaciones gremiales y sociales con fotografías y filmaciones encubiertas. Policías -según se denunció- usan celulares, máquinas fotográficas y filmadoras del D2, pero disimuladas con calcos de medios de prensa o camufladas en vestimentas y bolsos de mano.
La Justicia debería actuar rápidamente para esclarecer si, tal como advierten diferentes presentaciones realizadas en la causa, el D2 tiene dispositivos establecidos en todas las unidades regionales, incluso para realizar seguimientos ilegales contra intendentes y concejales. A las divisiones de Análisis, Reunión y Explotación de Prensa se atribuyen actuaciones de una gravedad inusitada, como la de utilizar incluso las fotografías y filmaciones obtenidas al margen de todas las leyes para adoctrinar al personal policial en la observación de figuras, gremialistas, militantes sociales y periodistas con perfil opositor, marcados como en los años más oscuros del país. Todos, incluidos en carpetas, con fotografías, datos personales, direcciones, filiaciones. Según las denuncias, en dependencias del D2 se dispusieron boxes donde se graban programas radiales y televisivos y se emiten informes, para diferentes ministros, con anotaciones impropias de la función policial. A esto se añaden otras tareas ilegales como intervenciones telefónicas, hackeos informáticos y creaciones de cuentas activas con falsos perfiles en redes sociales como Facebook y Twitter. ¿Es cierto todo esto? Es la Justicia la que debe apurar medidas y dar una respuesta definitiva a esa pregunta.
Denuncia contra Bavio
Una nueva denuncia del exjefe de la División de Inteligencia Criminal, Gabriel Giménez, acaba de ingresar al Juzgado Federal 2 de Salta, de Miguel Medina.
Esta presentación trae acusaciones contra el juez federal 1, Julio Bavio, y su secretario penal, Santiago French, además de las imputaciones ya formuladas contra Saravia, Lami, el exsubjefe de Policía, Simón Pistán, y el jefe de operaciones de Drogas Peligrosas, Marcelo Alvarez, entre otros funcionarios.
En el Juzgado Federal 2 también entró otra denuncia de Gallardo -ya tiene vista del fiscal Villalba-, insistiendo en la urgencia de medidas judiciales que eviten la perpetuación de las estructuras de espionaje, escuchas ilegales, hackeos informáticos y demás intervenciones ilícitas denunciadas en todas las unidades regionales de la Policía de Salta.
Para ello, se pidieron urgentes allanamientos y secuestros de libros de guardia, memorándums internos, registros, computadoras, filmadoras, cámaras fotográficas, celulares y otros equipos utilizados por la D2.
Ver Informe Completo en: http://www.eltribuno.info/salta/257175-Nadie-esta-investigando-hoy-las-denuncias-por-espionaje-politico-en-Salta.note.aspx