ESTUVIERON EN ARGENTINA Y EMITIERON UN INFORME PRELIMINAR.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria expresó preocupación por la discriminación que el sistema de justicia penal argentino ejerce sobre personas de diferentes orígenes socioeconómicos y activistas.
“Aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad como los niños, el colectivo LGBTI, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía solo por sospecha o porque no tienen prueba de identidad”, aseguró Elina Steinerte, experta en derechos humanos y parte de la delegación.
El grupo terminó este jueves su segunda visita al país para evaluar la situación de privación de la libertad en el contexto del sistema de justicia penal, las discapacidades psicosociales y la migración. Durante su viaje se reunieron con autoridades federales y provinciales, visitaron 19 prisiones y centros de detención y realizaron consultas con la sociedad civil.
Los expertos resaltaron que existe una respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden ante manifestaciones indígenas y que las autoridades deben abstenerse de utilizar la fuerza extrema y en su lugar reanudar el proceso de diálogo con estas comunidades.
La delegación también destacó que la policía utiliza en exceso la prisión preventiva.
“Estamos alarmados por el uso de estaciones de policía como centros de detención prolongada como consecuencia del uso excesivo de prisión preventiva y la falta de espacio en las prisiones”, agregó Steinerte.
El grupo de trabajo, denunció casos de privación de la libertad y maltrato a menores de 16 años así como el abuso a personas con discapacidades que permanecen en instituciones psiquiátricas sin perspectivas de liberación porque no cuentan con recursos suficientes.
Respecto al tema de migración, la delegación lamentó la adopción del llamado Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó las disposiciones de la ley sobre política migratoria argentina.
Para los expertos la detención de migrantes debe ser excepcional y solo puede justificarse si se persigue un fin legítimo.
UN.ORG
Para la comisión de la ONU, la detención de Milagro Sala es arbitraria
Luego de diez días en el país, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU cerró ayer su visita con una exposición de sus “conclusiones preliminares”. Si bien no incluyeron a Milagro Sala en el informe, los expertos en Derechos Humanos volvieron a afirmar que su detención es «arbitraria». Además, alertaron sobre el «uso en exceso de la prisión preventiva» y “la selectividad del sistema de justicia penal», a la vez que “lamentaron” el Decreto que endureció la política migratoria argentina.
“La visita no se trata de una revisión de la opinión emitida (sobre el caso Sala); su detención es arbitraria, la opinión subsiste, está en vigencia y durante la visita pedimos información a las autoridades acerca de cómo van a hacer cumplir e implementar eso”
En octubre del año pasado, este Grupo había pedido «liberar de inmediato» a la líder de la Tupac Amaru. Ese reclamo motivó la invitación del Gobierno, que propuso que viajen al Argentina para constatar la situación, y a su vez, pretendió enviar un mensaje de «transparencia».
En una conferencia con traductor en vivo, la comitiva dejó en claro: “La visita no se trata de una revisión de la opinión emitida (sobre el caso Sala); su detención es arbitraria, la opinión subsiste, está en vigencia y durante la visita pedimos información a las autoridades acerca de cómo van a hacer cumplir e implementar eso”, aseguró Sètondji Roland Adjovi; uno de los cinco miembros del equipo. «No se trató del seguimiento de una causa en particular, sino una visita integral. Nos preocupan todos los casos”, agregó su colega, Elina Steinerte.
En Jujuy se mostraron aliviados, temían una pronunciación peor. «Sabíamos que venían con una mirada ya fijada por el CELS de Horacio Verbitksy», indicaron fuentes provinciales. Pero los expertos no incluyeron a la dirigente social en el informe y ante las preguntas no dieron información sobre la entrevista con ella, aunque es sabido que en ese encuentro, Sala denunció torturas en el penal.
Por otra parte, en su informe el equipo manifestó su preocupación por el «uso en exceso de la prisión preventiva» al asegurar que un 60% de los detenidos están en esa categoría, y señalaron «la selectividad del sistema de justicia penal». «Los más humildes y vulnerables como los niños, el colectivo LGBTI, los pueblos indígenas y migrantes tienen mayores probabilidades de ser detenidos o demorados por la policía», indicó Steinerte.
En ese contexto, sin embargo, hicieron hincapié en las comunidades indígenas. «Resulta particularmente alarmante la respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden ante las manifestaciones realizadas por los pueblos indígenas», expresaron, a la vez que exhortaron a las autoridades a que se abstengan de emplear una fuerza desproporcionada y reanuden el proceso de diálogo» con ellas.
En un sector del Gobierno recuerdan que el Grupo de Trabajo «encarga pero no obliga» y que sólo las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU son obligatorias para los Estados parte.
Sin embargo, los emisarios confiaron en el Ejecutivo atenderá sus observaciones. «Vinimos por invitación del Gobierno y eso tiene su compromiso de escuchar nuestras recomendaciones. Al momento, no tenemos motivos para dudar de que el Gobierno va a cumplir», indicó Adjovi.
En el lugar de la conferencia se presentaron la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, junto al dirigente kirchnerista Aníbal Ibarra en apoyo al reclamo de la liberación de Milagro Sala y se sacaron fotos con los dos representantes de la comitiva presentes.
En poco más de una semana, la delegación recorrió cárceles, instituciones de atención de la salud y comisarías de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Jujuy y Chubut. Visitó 20 centros de detención y entrevistó a 200 personas privadas de la libertad, entre ellas, la líder de la Tupac Amaru, al empresario Lázaro Báez y al ex Jefe del Ejército, César Milani.
El informe final, será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en septiembre de 2018, que después será sometido a votación.-
Clarín