POR ENRIQUECIMIENTO ILICITO, FALSEDAD MALICIOSA Y ACTIVIDADES ECONOMICAS INCOMPATIBLES CON SUS FUNCIONES PUBLICAS.
La Diputada Graciela Ocaña tiene una empresa de construcción con la que hace negocios con el Estado, siendo funcionaria pública; y su marido tiene un ramillete de empresas de las cuales se presentarán pruebas. La causa está en el Juzgado de Julián Ercolini y en la Fiscalía de Jorge Di Lello.
REVISTA NORTE
Gustavo Vera, titular de la Organización La Alameda, ratificó ayer la denuncia contra la ahora Diputada de Cambiemos Graciela Ocaña, denuncia penal que había ya formulado en febrero pasado y que está en el juzgado de Ercolini.
Vera explicó anoche en el programa de Gustavo Silvestre que se presentó y le confirmó al Juez que existe mas material probatorio contra Ocaña con el que irá ampliando la denuncia.
Según Vera, Ocaña cometió tres delitos tipificados en el Código Penal como «Enriquecimiento Ilícito», «Falsedad Maliciosa» en la presentación de la Declaración Jurada ante la Oficina Anticorrupción y «Actividades económicas incompatibles con su carácter de funcionaria pública».
Las incompatibilidades, explica Vera, vienen dada porque Ocaña es titular y forma parte de una empresa que se llama Área Tr3s Construcciones S. A. a la que durante el año 2016 se le adjudicaron obras en escuelas secundarias de Pilar (provincia de Buenos Aires) a través de decretos que están presentados en la causa y que habilitó también su amiga y miembro de la Secretaría de Educación del Distrito de Pilar, Marcela Campagnoli (que integra Cambiemos y es a su vez hermana del Fiscal José María Campagnoli), por las cuales tuvo ingresos por parte del Estado por más de 800.000 pesos.
Dentro de las cuentas que Ocaña presenta hay un incremento de efectivo de 1 millón ochocientos mil pesos en una cuenta y de 500 mil pesos en otra, que no se condice con su salario de legisladora porteña.
Las propiedades que declara Ocaña aparecen subvaluadas, una de Capital otra de Hurlingham. Otra propiedad que presenta como un baldío es en realidad una mansión que está en el Country Terravista y que el titular de La Alameda ha logrado identificar. Esta propiedad está valuada en más de 1 millón de dólares. Tiene además un auto que aparece subvaluado y otro auto que no aparece declarado.
Hay también una oscuridad muy grande en la Fundación Confianza Pública, que dirige Ocaña, en la cual convergen 10 sociedades (empresas) en el mismo domicilio. Y el plantel que integra la Fundación Confianza Pública, además del legislador de su mismo bloque, García Vilas, aparecen otros miembros que, no solo trabajan en el Estado sino que algunos son miembros de sociedades que hacen los chalecos antibalas para la policía de la Ciudad de Buenos Aires (donde ellos son también legisladores). Aquí se encuentra otra incompatibilidad: funcionarios públicos que son dueños de empresas proveedoras del Estado.
En la rama del marido de Ocaña hay otro ramillete de empresas, y van apareciendo personas vinculadas al PAMI que van a aportar datos en esta dirección (Ocaña fue titular del PAMI). Por su gestión del PAMI hay fila de gente que quiere aportar elementos probatorios de hechos de corrupción no solamente contra Graciela Ocaña sino también contra el marido.
Para poder colocarse en una posición de «Fiscal de la República» uno tiene que estar limpio de papeles. A esta «Fiscal de la República» se le encuentran un montón de propiedades que no puede explicar, un montón de cuentas que no puede explicar, incrementos que no puede explicar y más de 10 sociedades conviviendo en la sede de la Fundación que ella dirige.
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