Complicado por los delitos de robo agravado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado.
Tras un pedido del fiscal federal, Eduardo José Villalba, el juez federal de Oran, Gustavo Montoya, ordenó la detención del ex intendente, Jorge Enrique Prado, acusado e investigado por el robo de caños del Gasoducto NEA.
En la causa se investiga tanto al intendente destituido recientemente, como al ex secretario de Hacienda de ese municipio, Fredy Céspedes, y el empresario mendocino, Diego Alos –dueño de la empresa OSYP SA-.
Las pruebas reunidas por la fiscalía en contra de los acusados implicaron informes de pericias y la declaración de testigos y otro imputado – Adrián Vera, detenido en el penal de Marcos Paz (Bs As), que se acogió a la figura del imputado colaborador-, que complicaron los funcionarios
Con ello, la fiscalía ratificó la acusación en contra de Prado, Céspedes y Alos por los delitos de robo agravado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado.
La prisión preventiva de Prado se solicitó, y efectivizó anoche, debido a que consideraron que Prado podría entorpecer la obtención de pruebas pendientes; medidas probatorias que aún faltan obtener en el marco de la investigación penal. También se tuvo en cuenta que Prado puede recibir una pena de prisión efectiva, otra causal que llevo al juez a disponer la detención del ex intendente.
El caso también es investigado en un proceso abierto en la justicia ordinaria, en el poder judicial de Salta. Aquí, a contramano de lo actuado por la justicia federal, el juez provincial Nelson Aramayo (de Tartagal) rechazó el pedido de prisión solicitado también por el fiscal provincial Armando Cazón, quien la había pedido el 6 de noviembre por las figuras de malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario.-