Funcionarios del propio gobierno venían advirtiendo sobre la situación social

PROBLEMAS SOCIOLABORALES DE LA ARGENTINA 2021

Otro documento presentado por economistas del Instituto de Políticas Públicas, mostraba a días de la elección una radiografía de la situación del mercado de trabajo, la incidencia de la pobreza y las principales estrategias de subsistencia desarrolladas por los hogares.

Los especialistas del IPyPP liderados por Claudio Lozano, habían dado a conocer un informe sobre los problemas que hasta las encuestas mostraban como principales necesidades sentidas por los argentinos. Antes habían enviado propuestas de superación en busca de que el gobierno nacional las aplicara en programas sociales.

Eso no ocurrió antes de las PASO del domingo pasado y el gobierno perdió las primarias de medio término en casi todo el país.

Días antes de las elecciones, el Instituto de Políticas Públicas mostraban una radiografía socio laboral. En ese documento explicaban:

“La subutilización de la fuerza laboral (desempleo más subempleo) asciende al 22,1% de la PEA. La presión sobre el mercado laboral supera a la desocupación abierta y abarca también a un conjunto de trabajadores que demandan activamente otro empleo. Así, la presión efectiva sobre el mercado de trabajo llega al 26,7% de la PEA. Si se agrega a quienes, si bien no buscan activamente otra ocupación, desean trabajar más (ocupadas/os disponibles no demandantes) la disponibilidad de la fuerza de trabajo alcanza al 32,4% de la PEA. En un mercado de trabajo signado por los efectos del extenso período recesivo que atraviesa la economía argentina, el desempleo estructural se manifiesta como uno de sus rasgos más extremos: a principios de 2021, 1 de cada 3 desocupados y desocupadas se encontraban buscando empleo sin éxito hacía más de un año.

Los niveles de desempleo y subempleo son superiores para las mujeres, 26% (versus el 19,1% para los varones). Lo mismo ocurre con la presión efectiva (29,5% vs. 24,5%, respectivamente) y con la disponibilidad (34,8% vs. 30,5%, respectivamente).

Ello también se agrava si hacemos foco en las y los jóvenes de 18 a 24 años de edad, para quienes solo la desocupación alcanza al 25,8%, siendo aún mayor en el caso de las mujeres jóvenes (32,1%).

Estos indicadores reflejan que la matriz productiva argentina presenta serias dificultades para generar suficientes empleos de calidad. Una cuarta parte de las/os trabajadores son cuentapropistas, de los cuales casi el 77% corresponde a ocupaciones de baja calificación (versus el 69% del promedio), ya sea operativa o no calificada. Por su parte, dentro del 71,8% de la población asalariada, un tercio son informales, indicador que asciende a casi los dos tercios (65,7%) para la población juvenil.

Dentro de los desocupados y desocupadas, la mayor parte proviene del comercio (19,3%), el servicio doméstico (15,5%) y la construcción (14,6%), ramas que están sobrerrepresentadas respecto a la estructura ocupacional actual.

Si bien los programas sociales vigentes constituyen un instrumento fundamental para complementar ingresos en los sectores más postergados, lejos están de asegurar que ningún hogar pase hambre o, menos aún, que superen la situación de pobreza. En una Argentina que atraviesa una recesión agravada por la pandemia, con capacidad ociosa y un mercado interno deprimido, sostenemos que el principal estímulo para la reactivación es la recuperación de los ingresos populares.
Además de la necesidad de apuntalar la política salarial, si prácticamente el 50% de la fuerza de trabajo se encuentra precarizada es imprescindible también generar una política de ingresos que supere el esquema fragmentado y focalizado de la política social vigente, a fin de fijar un umbral de dignidad para el conjunto de la sociedad, garantizando asimismo el establecimiento de un piso salarial verdaderamente efectivo, que favorezca la capacidad de discusión del conjunto de trabajadores, contribuyendo a revertir los crecientes niveles de desigualdad y concentración de la riqueza.

SÍNTESIS DEL BOLETÍN ADJUNTO

En este documento presentamos, por un lado, una radiografía de la situación del mercado de trabajo, que amplía los resultados expuestos en informes anteriores. Por otro lado, se indaga sobre la incidencia de la pobreza y las principales estrategias de subsistencia desarrolladas por los hogares. Para ello, se utiliza como fuente la última base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el INDEC, correspondiente al 1er trimestre de 2021. Los datos presentados refieren al total de aglomerados urbanos cubiertos por la EPH.

A modo de síntesis, se destaca en primer lugar que la subutilización de la fuerza laboral (desempleo más subempleo) asciende al 22,1% de la población económicamente activa (PEA). La presión sobre el mercado laboral supera a la desocupación abierta y abarca también a un conjunto de trabajadores que demandan activamente otro empleo. Así, la presión efectiva sobre el mercado de trabajo llega al 26,7% de la PEA. Si se agrega a quienes, si bien no buscan activamente otra ocupación, desean trabajar más (ocupadas/os disponibles no demandantes) la disponibilidad de la fuerza de trabajo alcanza al 32,4% de la PEA. En un mercado de trabajo signado por los efectos del extenso período recesivo que atraviesa la economía argentina, el desempleo estructural se manifiesta como uno de sus rasgos más extremos: a principios de 2021, 1 de cada 3 desocupados y desocupadas se encontraban buscando empleo sin éxito hacía más de un año.

Los niveles de desempleo y subempleo son superiores para las mujeres, lo cual lleva a que la subutilización laboral para este grupo ascienda al 26% (versus el 19,1% para los varones). Lo mismo ocurre con la presión efectiva (29,5% vs. 24,5%, respectivamente) y con la disponibilidad (34,8% vs. 30,5%, respectivamente). Ello también se agrava si hacemos foco en las y los jóvenes de 18 a 24 años de edad, para quienes solo la desocupación alcanza al 25,8%, siendo aún mayor en el caso de las mujeres jóvenes (32,1%).

Estos indicadores reflejan que la matriz productiva argentina presenta serias dificultades para generar suficientes empleos de calidad, ya sea en términos de ingresos, estabilidad y/o acceso a un conjunto de derechos sociales. Situación que se ha agravado en los últimos años, lo cual se expresa en los crecientes niveles de informalidad y autoempleo de subsistencia. Una cuarta parte de las/os trabajadores son cuentapropistas, de los cuales casi el 77% corresponde a ocupaciones de baja calificación (versus el 69% del promedio), ya sea operativa o no calificada. Por su parte, dentro del 71,8% de la población asalariada, un tercio son informales, indicador que asciende a casi los dos tercios (65,7%) para la población juvenil.

El carácter precario de estos empleos presenta como uno de sus aspectos centrales los escasos ingresos que obtienen las/os trabajadores. Comenzando el 2021, los ingresos en promedio rondaron los $38.162 mensuales. Tanto las/os cuentapropistas como el segmento asalariado informal se encuentran significativamente por debajo de ese monto. En el primer caso, con ingresos que promediaron los $26.686 (30% por debajo de la media), mientras que en el segundo caso alcanzaron los $21.022 (45% por debajo de la media). En ese marco, no sorprende que ambas categorías estén sobrerrepresentadas dentro del conjunto de trabajadores que están buscando otros empleos. De hecho, en conjunto representan el 76,7% de las/os trabajadores demandantes.

Por otra parte, el análisis sectorial indica que, al 1er trimestre 2021, hay cuatro ramas de actividad que concentran la mitad de las ocupaciones: Comercio (18,1%), Industria manufacturera (12%), Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales (11,4%) y Adm. Pública y Defensa (9,4%). La distribución sectorial puede analizarse también al interior de la población desempleada, en función de la última ocupación en la que trabajaron. Dentro de los desocupados y desocupadas, la mayor parte proviene del comercio (19,3%), el servicio doméstico (15,5%) y la construcción (14,6%), ramas que están sobrerrepresentadas respecto a la estructura ocupacional actual. Ello se encuentra asociado en buena medida con los bajos ingresos que tales actividades ofrecen. En efecto, la rama que presenta un menor nivel de ingresos medios es el trabajo en casas particulares ($11.933, un 69% por debajo del promedio general). Le siguen la rama de hoteles y restaurantes ($26.677) y construcción ($28.011), con ingresos medios en torno a un 30% y un 27% por debajo de la media, respectivamente. Asimismo, tanto la construcción como el servicio doméstico son las ramas que presentan las tasas de informalidad más altas dentro de la población asalariada: 75% y 70,8%, respectivamente. Consecuentemente, ven vulnerado su acceso a los derechos sociales garantizados para el segmento formal. El nivel de informalidad es elevado también, aunque en menor medida, en las ramas de hoteles y restaurantes, comercio, y servicios comunitarios, sociales y personales, en las cuales supera el 40%.

En este contexto, obtener un empleo no garantiza acceder al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que establece la Ley de Contrato de Trabajo, lo cual resulta aún más grave si tenemos en cuenta el fuerte deterioro que ha sufrido ese valor de referencia en los últimos años. En efecto, 1 de cada 3 trabajadores obtiene ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo. Los bajos ingresos perjudican con mayor intensidad a las mujeres: mientras el 27,4% de los varones gana menos del salario mínimo, este porcentaje asciende al 45,1% en el caso de la población femenina. En parte, ello responde a que son también las mujeres las más afectadas por la desigual distribución de las tareas domésticas y de cuidado, y la consecuente necesidad de desplegar estrategias de conciliación entre el trabajo productivo y reproductivo. Sin embargo, los bajos ingresos no se explican exclusivamente por los empleos de tiempo parcial. De hecho, aun ajustando el indicador en función de las horas trabajadas, resulta que más de una cuarta parte de las/os trabajadores ganan menos del salario mínimo por hora. Este porcentaje asciende a más del 40% para las/os cuentapropistas y para la población asalariada informal.

Como se puede apreciar, el uso precario de la fuerza de trabajo, entendido en sentido amplio, excede a la falta de registro de una parte de la población asalariada. Al incorporar dimensiones como el desempleo, otras modalidades precarias de contratación, o los ingresos inferiores al piso mínimo legal, la precarización trepa al 45% de la fuerza laboral. Al focalizar en la población juvenil, los resultados se vuelven aún más alarmantes: 8 de cada 10 trabajadores jóvenes están precarizados/as.

Los crecientes niveles de precarización contribuyen a explicar que buena parte de la clase trabajadora deba vender su fuerza de trabajo por debajo de su valor. Si se toman como referencia los valores de las canastas básicas utilizadas oficialmente para la medición de la pobreza y la indigencia, surge que 3 de cada 10 trabajadores y trabajadoras (29,6%) son pobres y el 6,4% son indigentes. Resulta claro entonces que obtener un empleo no garantiza per se acceder a un umbral de consumo que asegure condiciones mínimas de reproducción. Incluso para las/os trabajadores que habitan en hogares donde hay más de un ocupado, la pobreza es aún muy elevada (26%).

A nivel de la población total, la pauperización se extiende al 39,4% de las personas (nivel que si se descuenta el efecto aguinaldo, asciende al 42,2%) , mientras la indigencia supera al 11%. El nivel de fragilidad social que atraviesa Argentina se manifiesta con mayor crudeza en las condiciones de vida de las infancias y juventudes: más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes están por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 18,3% no logra siquiera acceder a una alimentación mínima. Entre las y los jóvenes de 18 a 24 años, la mitad son pobres (49,8%), a la vez que el 13,3% son indigentes.

Los hogares desenvuelven distintas estrategias de manutención con el fin de garantizar la satisfacción de sus necesidades. Los datos indican la elevada incidencia que tiene el trabajo como vía de obtención de ingresos: 9 de cada 10 personas residen en hogares cuyos ingresos provienen parcial o totalmente del trabajo. Este valor es incluso algo mayor entre la población pobre, por lo cual no quedan dudas que si hay algo que no es necesario es promover “la cultura del trabajo”. A su vez, una cuarta parte de la población vive en hogares que reciben subsidios como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar, entre otros. Entre los hogares que perciben subsidios monetarios, en promedio estos sólo representan el 15% del ingreso total familiar, mientras que los ingresos laborales explican cerca del 70% del ingreso total. A ello se adiciona que un 11,4% de la población total recurre a mercaderías, ropa o alimentos provistos por instituciones (Gobierno, Iglesias, etc.). Por otra parte, más de un tercio de los personas (36,6%) debieron utilizar sus ahorros familiares afectando su patrimonio. Los hogares también recurren a endeudarse, trasladando sus erogaciones a futuro: casi una quinta parte pidió préstamos a familiares o amigos, uno de cada diez utilizó créditos de bancos o financieras, mientras que las compras en cuotas con tarjeta fueron utilizadas por más de la mitad de la población.

Si bien los programas sociales vigentes constituyen un instrumento fundamental para complementar ingresos en los sectores más postergados, lejos están de asegurar que ningún hogar pase hambre o, menos aún, que superen la situación de pobreza. En una Argentina que atraviesa una recesión agravada por la pandemia, con capacidad ociosa y un mercado interno deprimido, sostenemos que el principal estímulo para la reactivación es la recuperación de los ingresos populares. Además de la necesidad de apuntalar la política salarial, si prácticamente el 50% de la fuerza de trabajo se encuentra precarizada es imprescindible también generar una política de ingresos que supere el esquema fragmentado y focalizado de la política social vigente, a fin de fijar un umbral de dignidad para el conjunto de la sociedad, garantizando asimismo el establecimiento de un piso salarial verdaderamente efectivo, que favorezca la capacidad de discusión del conjunto de trabajadores, contribuyendo a revertir los crecientes niveles de desigualdad y concentración de la riqueza.

EL DOCUMENTO COMPLETO:

Boletin Estadistico Sociolaboral 1er trim 2021 - Agosto 2021