Hipólito Yrigoyen bajo conflicto laboral

El miedo al Covid-19 y la realidad del confinamiento parece acentuar aún más medidas arbitrarias de los mandatarios municipales, sus gabinetes y de las fuerzas de seguridad aun en los lugares más recónditos del ejido provincial como el caso del Municipio de Hipólito Yrigoyen, de la provincia de Salta.

En mayo este municipio fue noticia por algunos hechos: la foto que circuló de un asado de funcionarios municipales en plena cuarentena para el día del trabajador, violando las normas de aislamiento social; luego la feroz represión a familias de las 62 hectárea violando el DNU Presidencial donde se prohíben los desalojos hasta el mes de setiembre; y una noticia rayando lo cómico donde el mismo intendente con algunos funcionarios, recogiendo la basura, reemplazaron por unos días a los trabajadores de planta y a los trabajadores de PROMA (Programa Municipal de Asistencia social), este ultimo tema hasta la fecha irresuelto cuando han pasado varios meses.

Los trabajadores municipales y sus gremios, continúan con las medidas de fuerza en reclamo del aumento salarial acordado en las primeras paritarias en toda la provincia y de la cual ya fueron beneficiados los diferentes sectores de la administración pública pero no así los trabajadores y trabajadoras de Hipólito Yrigoyen.

En los últimos días los trabajadores de planta siguieron apostados en el playón municipal. Unos 88 trabajadores que perciben desde 12.000 a 20.000 pesos mensuales se manifestaron porque no les alcanza para cubrir ni la mitad de la canasta básica familiar.

El aumento del 30% que propuso el ejecutivo municipal sería sólo un 30% sobre el básico, ya que se aduce que no está recibiendo el 100% de lo que debería recibir de la provincia en concepto de coparticipación. Sin embargo, el intendente ha incrementado su planta política; los cuales cobran sueldos superiores a cualquier empleado municipal.  Luego de mucha insistencia, desde el Concejo Deliberante se informó que son 19 los cargos nuevos (hay sospechas que serían cerca de 30) pero solo elevaron las funciones de 17 personas, sin dar a conocer el monto.

Los trabajadores del PROMA, que son alrededor de 120, están aun en peores condiciones. Algunos tienen cerca de 25 años de antigüedad y nunca pudieron acceder a un contrato ni a Planta Transitoria ni a Permanente. Perciben 3.000 pesos semanales, no tienen recibo de sueldo ni algún tipo de beneficio social. Iniciaron las medidas de fuerza pero en la última semana les descontaron el ingreso semanal por lo que tuvieron que volver a trabajar. Ellos realizan diversos trabajos como el desmalezado, control de tránsito, están en secretarias, trabajan en albañilería, carpintería, electricidad, recolección de basura, etc. En estos días se vio un camión traído de otros lugares, al cual pagan 3.000 pesos la hora, para que recolecte los residuos domiciliarios. Esa es solución que encontró el ejecutivo, antes de pagar a sus trabajadores los aumentos que reclaman y que ya se hicieron efectivos casi en toda la provincia.

Esta situación, donde se observa cómo se van empeorando las condiciones de los que todavía pueden conservar su trabajo, contrasta con lo que se escucha y se difunde desde el Gobierno Nacional: de cuidar la vida, la salud, de contener a los sectores mas vulnerables.

Con los millones y millones de pesos que se asignan a la provincia -y especialmente al norte de la provincia donde pasamos de ser noticias por la desnutrición, luego por dengue y ahora por casos de Covid-19; por lo cual se envían dobles partidas y presupuestos desde el Gobierno Nacional- sin embargo esa ayuda no se ve reflejada en políticas de contención en estos pequeños espacios locales. La misma situación empuja a los trabajadores a salir a las calles a reclamar sus derechos, cuando la protección de la vida y la salud que argumentan no aplica para sus mismos trabajadores.-

Por Alcira Figueroa, para Revista Norte